Otra conquista: Ley para la Igualdad y No Discriminación de Género

En el último tramo del año fue aprobada una nueva ley que respalda la lucha cotidiana de muchas mujeres por hacer valer su derecho a la igualdad y a la no discriminación. Esta nueva legislación actualiza la normativa nacional existente en cuanto al cumplimiento de los compromisos que Uruguay asumió en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979.

La Ley de Igualdad y No Discriminación en base al Género es producto del trabajo del Consejo Nacional de Género (CNG), el cual contó con la asesoría jurídica de las doctoras Diana González y Alicia Deus, y con el apoyo de ONU Mujeres. Asimismo, debe reconocerse como otra conquista impulsada desde las calles como parte de una lucha social feminista que no descansa ni pone reversa.

Antecedentes

Uruguay cuenta desde el año 2007 con la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y Mujeres (Ley Nº 18.104), pero la ley actual incorpora nuevas definiciones sobre igualdad, no discriminación, acceso a la justicia, a la vez que establece la creación de nuevas unidades especializadas de género para efectivizar su aplicación.

Según explicó la directora del Instituto de Mujeres, Mariella Mazzotti, Uruguay presento en 2006 su informe en cuanto al compromiso que mantenía con la Cedaw para la eliminación de la discriminación y, desde ese entonces, nuestro país mantenía una observación de parte de Naciones Unidas que sostenía que no teníamos ratificado por ley el principio de igualdad en base al género. En ese marco, y para cumplir con este requerimiento que se le venía reclamando a nuestro país, surgió esta nueva ley.

Las novedades

El primer capítulo de la legislación plantea el objeto de ley, que tiene que ver con garantizar la igualdad de derechos y no discriminación en base al género entre mujeres y varones. Sobre este punto, Mazzotti explicó que el término de igualdad comprende el aspecto formal (legal), sustantivo (condiciones reales de vida) y el reconocimiento. «La igualdad es algo que no solo se alcanza porque lo dice la ley, sino que el Estado tiene que actuar y llevar adelante determinados programas y políticas públicas para que esa igualdad sea real en la práctica».

Un aporte muy importante de esta nueva ley es que reconoce que para que exista igualdad entre mujeres y hombres, y entre las mujeres, no solo se debe actuar en cuanto a factores vinculados a la cuestión de género, que experimentan todas las mujeres, sino que se tienen que tomar en cuenta condiciones que atraviesan esta problemática. «Si al hacer políticas públicas no se reconocen las distintas condiciones de vida y las discriminaciones múltiples relacionadas a la edad, discapacidad, identidad de género, ascendencia étnico racial o territorialidad, no se puede lograr la verdadera igualdad».

En el segundo capítulo se plantean los principios orientadores de toda política pública hacia la igualdad de género y los lineamientos generales de esas políticas públicas. «Esto marca una orientación participativa y descentralizada en el marco de los derechos humanos integrales que te da una forma de entender lo que el Estado tiene que hacer y cómo debe hacerlo», explicó la directora.

En este apartado también se plantean los principales ejes de la desigualdad sobre los cuales se orientarán las políticas públicas como, por ejemplo, la transformación de patrones socioculturales, el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, políticas de cuidado, salud sexual y reproductiva, participación social y política, violencia de género, entre otras.

La jerarca valoró que esta nueva ley plantea que una política pública puede acogerse a medidas de carácter temporal que le otorgue a las mujeres un beneficio específico por el hecho de ser mujeres. «Es lo que se entiende por las acciones positivas o las políticas de cuotas frente a alguna situación en particular, que sea temporal. Es decir, mientras no se corrige la desigualdad de fondo», argumentó.

Además, crea el Fondo Concursable para la Igualdad de Género. Se trata de un fondo público y transparente orientado a fomentar la iniciativa y la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. «Esto es importante porque nosotros tenemos un fuerte reconocimiento de la participación de las mujeres en el avance de los propios derechos de las mujeres. Desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue el movimiento social de mujeres y feministas que impulsó los cambios. Esto es un reconocimiento hacia esa organización social que tiene costos y el Estado está previendo un fondo concursable para apoyarlas».

Por otro lado, Mazzotti reconoció que esta nueva ley también representa un avance en cuanto a la creación de un Sistema Nacional para la Igualdad de Género. «El Estado reconoce la igualdad de género como un derecho que no se logra solo por decretarlo, sino que se les debe otorgar una institucionalidad que articule determinadas políticas públicas que no pueden estar desconectadas de las áreas de salud, economía, vivienda, violencia, etcétera». De esta forma, la nueva ley reconoce esos pequeños espacios especializados en género que existen en los diferentes organismos y les otorga institucionalidad mediante la creación de este sistema que tiene a Inmujeres como organismo rector y al CNG como organismo articulador de las políticas de género.

De acuerdo a esta legislación, todo organismo público tiene que tener una unidad especializada en género con recursos humanos propios y presupuesto. «Esto no significa otorgarle más presupuesto a ese organismo, sino que cuando realizan su proyección presupuestal, tiene que reservar fondos para estas unidades».

Mazzotti también destacó que este nuevo documento establece el fortalecimiento de acceso a la justicia por parte de las mujeres, quienes podrán pedir acciones de amparo en caso de necesitarlas.

Expectativas

Consultada sobre el destino de las políticas públicas vinculadas a la cuestión de género, y teniendo en cuenta la inminente asunción de un gobierno de derecha, así como algunas declaraciones preocupantes por parte de sus referentes políticos, la directora de Inmujeres se manifestó positiva ante la continuidad de las conquistas alcanzadas. «Nosotros tenemos larga trayectoria de trabajo interpartidario en cuanto a la agenda de las mujeres y de acuerdo a esa experiencia tengo expectativas de que esa agenda básica de género pueda llevarse adelante. Más allá de que cada gobierno tiene sus énfasis y su personalidad, considero que se respetará el trabajo que hemos ido construyendo a lo largo de todas estas décadas».

Sobre las declaraciones por parte de algunos integrantes de la coalición multicolor que salieron a la luz durante la campaña electoral y que nos dejaron más de una frase poco feliz en la memoria como «si te gustó, bancátela» (hablando de la posibilidad de revisar la ley de interrupción de embarazo), o aquella sugerencia de que las mujeres con más de tres hijos deberían quedarse en su casa dedicadas a tareas de cuidado y no trabajar, Mazzotti considera que no podrán frenar los avances. «Hay algunas voces de la coalición multicolor que plantearon cuestionamientos a esta agenda de derechos, pero no son las voces mayoritarias. Soy optimista y prefiero escuchar las voces que de alguna manera reconocen la existencia de la problemática de la violencia de género, que reconocen que existen brechas salariales en el mundo del trabajo, que reconocen que para que las mujeres podamos incorporarnos a la vida social y económica tiene que existir una política de cuidados».

Para la jerarca, si se piensa que van a primar los discursos que quieren mantener a las mujeres en un lugar estereotipado y conservador, «tendríamos serias preocupaciones». «Pero actualmente las mujeres y la ciudadanía uruguaya, en general, rechazan la violencia de género, se han volcado al mercado de trabajo en un alto porcentaje y tienen asumidos sus derechos a decidir ciertas cuestiones, como por ejemplo, cuándo y cuántos hijos tener. Si hubiera una negación de estos derechos, habría una insatisfacción ciudadana muy fuerte».