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Ley de riego: Agua que saca de quicio

Por primera vez, un gobierno del Frente Amplio enfrenta una campaña por un referéndum planteado desde la izquierda y para el que se deben juntar 750.000 firmas. Así, la fuerza política se descubre atrapada entre “una ley que saca de quicio la valiente paciencia de todos mis hermanos” -como dice la canción de Fernando Cabrera- y los posibles resquicios que permitirían mejorarla por la vía de su reglamentación.

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Por Javier Zeballos Los cambios en la Ley de Riego votados a fines de 2017 enfrentan tres escenarios conflictivos: el movimiento sindical, la academia universitaria y sectores del Frente Amplio (FA) que buscan alternativas para sus artículos más controvertidos. Hoy viernes, en la reunión de la Mesa Política, el FA tendrá ese debate en su seno. La reunión tiene, entre los temas a tratar, la solicitud de algunos sectores críticos con algunos aspectos de la reforma Ley de Riego (Ley Nº 19.553, promulgada el 27 de octubre de 2017), que alertan sobre las consecuencias que tendrá para la fuerza política tener que enfrentarse a una campaña de ese tipo. Piden reconsiderar sus implicancias y renegociar modificaciones con las principales bases sociales del campo popular. En los tres escenarios no hay unanimidad. Sin embargo, en el movimiento sindical, a partir de la posición de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), se sumó luego la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, hasta que, el 28 de febrero, la Mesa Representativa del Pit-Cnt decidió apoyar la campaña por el referéndum para derogar por iniciativa popular la Ley Nº 19.553 que hizo modificaciones a la Ley de Riego de 1997. Además, cuentan con el apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y Redes-Amigos de la Tierra. En la Academia A nivel universitario, el debate se mantiene, sobre todo a nivel docente, con posiciones divergentes respecto de la valoración, los alcances e impactos de la ley. Si bien el 13 de marzo el Consejo Federal de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República adoptó su apoyo a la campaña por la derogación, la discusión sigue planteada y son varias las voces académicas que han ido aportando diferentes visiones. Se destaca la carta del exdecano de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Fernando García Préchac, y actual profesor del Departamento de Suelos y Aguas, enviada a la asociación docente tras la asamblea de ADUR Fagro, en la que tan solo por 13 votos contra 10 se había resuelto apoyar el referéndum. García Préchac solicitó que se reconsiderara la decisión, argumentando las razones de su postura en favor de no derogar la ley. El exdecano expresó, entre muchos otros argumentos, que los riesgos ambientales podrían atenderse en la reglamentación de la ley. “Derogar lo aprobado por el Parlamento, asumiendo que dichos riesgos no son previsibles ni manejables, es algo en lo que estoy en total desacuerdo”, afirmó. Otro aporte discrepante con la derogación es el enviado a la Asamblea Docente de la Facultad de Ingeniería por el Ing. Rafael Terra Gallinal. Ambos catedráticos formaron parte, por la Universidad de la República, del Grupo para el Desarrollo del Riego, junto a colegas del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), de la actividad privada y de la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA). Ese grupo generó diversas propuestas hasta que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) les solicitó la formulación de cambios a introducir en las normas legales vigentes para lograr el desarrollo del riego en el país como una de las estrategias de adaptación al cambio climático. El ingeniero Terra Gallinal, profesor grado 4 del Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería (Imfia-FING), quien es ingeniero civil con un doctorado en Ciencias Atmosféricas en la Universidad de California y Los Ángeles (UCLA), considera infundada y contraria a los intereses nacionales la derogación de la ley. “En el contexto de la normativa general, las modificaciones introducidas en la Ley 19.553 son muy menores. Por tanto, la enorme mayoría del cuerpo normativo no cambia. En particular, el rol del Estado en la asignación de concesiones de agua, el conjunto de la normativa ambiental […], las características de las instancias de participación pública, etc. Muchas de las argumentaciones en contra de la Ley 19.553 parecen adjudicarle efectos muy por encima de su alcance, sin justificación”, afirma. El ingeniero recuerda que “la estrategia de fomento de la agricultura regada en Uruguay (MGAP, 2015) aspira a una expansión de la cosecha de agua del entorno de 1% anual respecto al actual volumen embalsado para riego, lo cual representa un crecimiento gradual de una realidad ya existente en el país. Si bien la Ley 16.858 (la de 1997) no logró promover ningún proyecto nuevo, en el país hay sistemas preexistentes (como el de la represa de India Muerta) que tienen la escala y la estructura asociativa que se desea impulsar con la nueva ley, por lo cual no estamos ante una realidad desconocida ni de alta incertidumbre. No se configura, entonces, un escenario de cambio abrupto, alta incertidumbre e irreversibilidad (como es por ejemplo el caso de la fractura hidráulica) en que aplique el principio precautorio”. Tanto Terra Gallinal como García Préchac (cuyos textos exceden las posibilidades de sintetizar en un artículo) explican que si acaso la ley fuera inconstitucional, también deberían serlo todos los usos de aguas de dominio público por parte de privados que incorporan aspectos comerciales, “ya sea para el riego o la industria, que devienen en un producto o servicio comercializable” como, por ejemplo, son las embotelladoras de agua, indica Terra, quien recuerda que “la reforma constitucional de 2004 prohíbe la gestión privada solamente en servicios de agua potable y saneamiento”. Por su parte, García Préchac alerta sobre el contrasentido de pretender derogar la ley que hizo modificaciones dejando intacta y vigente la Ley de Riego que implica muchas otras privatizaciones. Sostiene que “cuando un productor arrocero sin tierras ni agua arrienda a quien las posee, ¿no le paga en el arriendo por el agua, además de la tierra? Sí, lo hace. ¿Es esto privatización? Sí, lo es”. Y agrega varios ejemplos de privatizaciones sobre las que no se pide derogación alguna porque “el llamado a referéndum derogatorio parece entender que la contravención de la Constitución por privatización del agua para riego sólo la comete la modificación que se cuestiona y no toda la Ley de Riego vigente hace años (desde 1997). Que sólo ocurriría esta falta constitucional en el caso de los nuevos potenciales pequeños regantes que logren asociarse para hacer uso del cambio legal, y no lo es, ni lo será, para los que sigan obteniendo concesiones de uso para proyectos que no requieren asociaciones, porque tienen tamaño suficiente. ¿No es esto un fenomenal contrasentido en términos de otro principio constitucional fundamental, que es la igualdad frente a la ley?  Evidentemente, si se está sólo por la derogación de los artículos de la reforma de la Ley de Riego y no se dice nada de la ley toda, se incurre en dicho contrasentido”, afirma en su carta. Por su parte, desde quienes proponen la derogación, recuerdan que la Ley de Riego del año 1997 no se puede abolir por iniciativa popular porque este mecanismo de referéndum sólo es posible en el plazo de un año luego de la promulgación. La vía, para ir contra todas esas privatizaciones, deberá ser siempre la de la derogación parlamentaria o a través de nuevas modificaciones que establezcan los legisladores. Precisamente, recuerdan, esos cambios, en vez de crear un mercado del agua aun más privatizado, abierto además a capitales extranjeros en busca del lucro a través del paradigma del agronegocio, debería ir no en ese sentido mercantilista de un recurso natural tan importante como el agua, sino en la dirección de fortalecer el rol del Estado, de la participación social en la estructura pública de toma de decisiones y de una cultura asociativa de los productores en busca de una mayor productividad, pero con equilibrios de sustentabilidad ambiental y desarrollo humano. En el Frente Amplio En la reunión de la Mesa Política del viernes 16 de marzo, se presentó una solicitud por parte de Ir, Casagrande, PCU, 711 y el PVP que se tratará en la reunión de hoy. La solicitud transmite la preocupación de que actores muy importantes del campo popular estén apoyando la derogación de todos los artículos de la ley y que tal “coyuntura política no puede ser ignorada por una fuerza política de izquierda en la que dichas organizaciones son aliadas fundamentales en el camino de la transformación social buscada”. Frente a esta situación, los grupos firmantes proponen “que el FA genere una instancia de negociación con el Pit-Cnt y los otros actores sociales para evaluar si modificaciones a los artículos asociados a los puntos más cuestionados de la ley permitirían construir un camino conjunto. Este camino podrá permitir un desarrollo nacional utilizando el riego, favoreciendo a los productores nacionales de menor tamaño y con la mínima afectación ambiental. Creemos que este camino es posible en un corto tiempo, de manera de incluir los acuerdos en la Rendición de Cuentas”, afirman. En su segundo punto, solicitan “que se apruebe la reglamentación del Canon del Agua de manera que no queden dudas de la propiedad del agua y que, con los recursos generados, se pueda fortalecer la gestión de cuencas, realizar estudios ambientales y financiar las obras de potabilización necesarias para contrarrestar la contaminación producida por el desarrollo agropecuario”, culmina la solicitud. Esta postura reclama la reglamentación del Código de Aguas y la del Canon del Agua, el cual, sin embargo, se encuentra cajoneado en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por presiones del sector arrocero, del que el exministro Tabaré Aguerre, el principal promotor de esta controvertida reforma de la Ley de Riego, forma parte como productor. Resquicios Quicio son los puntos de apoyo sobre los que gira una puerta. A menudo dejan un resquicio, como una hendidura o rendija, que permite ver más allá. Resta saber si ese resquicio se agranda y se abre la puerta o esta se cierra y el portazo saca de quicio a muchos más.

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