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Ley de Urgente Consideración atenta contra la libertad de expresión, advierten CAinfo y Observacom

Las organizaciones publicaron un comunicado «alertando a la opinión pública» ante el contenido de algunas disposiciones del proyecto de Ley de Urgente Consideración.

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El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia (Observacom) compartieron un comunicado en el que expresan preocupación por algunas medidas de la Ley de Urgente Consideración (LUC) presentada por el presidente electo, Luis Lacalle Pou.

En particular, les resulta preocupante el contenido del artículo 214, literal G, que incluye el Derecho al Olvido en “búsquedas de Internet, en servicios de redes sociales y medios digitales equivalentes”.

La libertad de expresión implica el derecho a buscar, recibir y difundir información. El Derecho al Olvido, expresado de manera tan amplia y vaga puede afectar esa libertad.

Lla adopción de medidas para consagrar el derecho al olvido debe ser excepcional, siguiendo los estándares de La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La legislación debe ser diseñada de “manera específica, clara y limitada para proteger los derechos a la privacidad y la dignidad de las personas respetando los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información”.

El solicitante de la remoción del contenido debe demostrar -ante la Justicia- que ha sufrido un daño sustantivo a su privacidad y dignidad.

Actualmente existen mecanismos en nuestro sistema jurídico, continúa expresando el comunicado, que permiten que una persona pueda reclamar que se reparen los daños ocasionados por la posible difusión de información considerada falsa, agraviante o inexacta.

«Este punto del anteproyecto, por tanto, debería ser objeto de un análisis profundo, con más tiempo -no el establecido mediante una ley de urgencia-, en el que se escuchen diferentes opiniones», aseguran.

Además del derecho al olvido, las organizaciones alertan sobre afectar la libre protesta pacífica, el derecho a huelga y derechos de reunión.

El Estado debe, aseguran, evitar la aprobación de legislación contraria a estándares internacionales, regresiva en derechos.

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