Cinco transportistas permanecen detenidos por presunta explotación sexual

Si bien los abogados defensores sostienen que no se configuró delito, un video difundido por las redes sociales podría comprometer a alguno de los transportistas indagados.

La denuncia fue presentada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). El organismo recibió hace varios meses una denuncia anónima referida a presuntos casos de explotación sexual en una de las terminales de esa empresa de transporte, ante lo cual inició una investigación. Para esto, se envío un equipo de funcionarios a esos lugares y, en base a la información recopilada, se presentó la denuncia penal.

La investigación recayó en la jueza Especializada en Crimen Organizado de 2º Turno, María Helena Mainard, quien ordenó las primeras medidas. En este marco, en la noche del lunes, la Policía realizó una serie de allanamientos en las terminales del Palacio de La Luz en Aguada, de Paso de la Arena y en la del Cerro. También se efectuaron procedimientos en las terminales de Kibón, de Buceo y la terminal Tabárez.

El operativo culminó con una decena de personas detenidas. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, se trataría de personal de los coches, en su mayoría vinculados a los servicios brindados por la Línea D, es decir, la que culmina sus recorridos en la zona del Cerro. Todos ellos declararon ante la jueza Mainard y la fiscal María de los Ángeles Camiño, tras lo cual varios de ellos fueron puestos en libertad al no haberse encontrado -al menos hasta el momento- elementos para implicarlos en actos ilícitos.

En este sentido, la jueza Mainard solicitó una serie de pericia de los celulares de los detenidos, de forma de avanzar en la indagatoria. La pericia apunta a recuperar conversaciones de whatsapp y mensajes de texto mediante los cuales varios de los trabajadores concertaban los encuentros sexuales con las menores de edad, a cambio de dinero y otras regalías.

En este contexto, desde la empresa Cutcsa se expresó un repudio “total y absoluto” a la situación planteada, pero se afirmó que se aguardará la resolución judicial para definir las medidas a tomar contra el personal involucrado.

El delito de explotación sexual de menores está previsto en el artículo 4 de la Ley 17.815, «Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo». Este ilícito castiga a quien «pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo». La pena prevista es de dos a doce años de penitenciaría.