Esta iniciativa fue diseñada en el marco de la promoción, condiciones y estímulos para la inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector privado, y en caso de ser aprobada por la Cámara de Senadores, obligará a las empresas con más de 25 trabajadores a contratar personas con discapacidad. Según los registros del Banco de Previsión Social (BPS), serían aproximadamente 5.000 las empresas comprendidas en esta ley. El proceso de inserción que plantea el proyecto sería gradual, esto significa que los empresarios deberán incorporar personas con discapacidad en proporción al tamaño de la empresa y a su cantidad de funcionarios. Las empresas con 500 empleados o más podrían comenzar con un 3 % del total el primer año para alcanzar el 4 % el segundo año de vigencia de la ley. Por otro lado, el proyecto cuenta con un con un apartado referido a los padres con hijos con discapacidad y otro para crear la Comisión Nacional de Inclusión Laboral en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a fin de que desde allí se pueda regular y garantizar el cumplimiento de esta ley. La ley prevé también una serie de beneficios respecto a las licencias para los trabajadores con discapacidad y también para aquellos padres que tengan hijos con esta condición. Otro de los capítulos de este proyecto hace referencia a los aportes jubilatorios patronales al BPS de las personas con discapacidad. Según indica este apartado, el primer año aportarían el 25 %, lo que llegaría a un 100 % en el cuarto año.
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