Los fusilados de Soca: 45 años después

20 de diciembre de 1974, ruta 70. Floreal García, Mirtha Hernández, Daniel Brum, María de los Ángeles Corbo (embarazada) y Graciela Estefanell son fusilados por las Fuerzas Conjuntas luego de ser torturados por más de 40 días. No saben dónde está Amaral, el hijo de 3 años de García y Hernández. No está con ellos Julio Abreu, el único que sobrevivió.

A 45 años esta escena sigue incompleta. Falta poder nombrar a los que dispararon los gatillos; ellos siguen en la sombra de la impunidad.

“Todos los cuerpos estaban vestidos con ropas y calzado de procedencia argentina –consignaba el informe de la Jefatura de Policía de Canelones–, entre ellas, se encontraron cigarrillos y fósforos del mismo origen y también uruguayos. Todos los cuerpos carecían de documentación que pudiera facilitar su identificación”.

El grupo había sido secuestrado en Buenos Aires el 8 de noviembre. La ejecución fue en represalia por la muerte del coronel Ramón Trabal, que ocurrió en París. Ese asesinato fue adjudicado al MLN-T por los militares, pero ellos negaron la autoría. También pudo haber sido un ajuste de cuentas entre militares, según diferentes investigaciones de la prensa.

Los militares los torturaron durante más de 40 días. Estuvieron en diferentes locales en Argentina y Uruguay. Julio Abreu (que no tenía actividad política y había sido secuestrado por estar con Floreal en el momento) fue puesto en libertad y muchos años después pudo contar que recuerda que un día les inyectaron algo y los metieron en un avión. Después, les dijeron “Bienvenidos al Uruguay” y los tiraron dentro de un camión. Llegaron a su último lugar de cautiverio: la casona de Punta Gorda.

Esa casona está ubicada en la rambla República de México al 5000, casi frente a la playa de los Ingleses, a una cuadra de donde la rambla O’Higgins se transforma en Coimbra. Es un predio de 608 metros cuadrados. Fue adquirida por el MLN-T a principios de los años setenta para realizar operaciones sin levantar sospechas. En 1974 fue tomada por las Fuerzas Conjuntas. Juan María Bordaberry ordenó su expropiación y el inmueble se transformó en un centro clandestino de detención conocido como Infierno chico o 300 Carlos R.

Infierno chico fue parte de un circuito de centros clandestinos de detención y tortura, dentro del que estaba también el 300 Carlos, conocido como Infierno grande.

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El pequeño Amaral García Hernández nació en 1971, fue secuestrado con sus padres en 1974 y creció sin conocer su identidad. Fue criado por una pareja de policías, Dorothy Calderón y José Antonio Moreno. Luego vivió con los padres de Dorothy. Cuando fallecieron, su falso medio hermano se lo llevó a Formosa. Abuelas de Plaza de Mayo inició en 1984 una causa en la Justicia Federal y en 1985 los trámites de restitución, análisis mediante. Cuando se confirmó que Amaral era hijo de Mirtha y Floreal, él pudo conocer a su familia biológica.

Con la aparición de Amaral se confirmó que sus padres no habían ingresado de forma ilegal a Uruguay antes de ser detenidos, sino que habían sido secuestrados y traídos desde Argentina. Sin embargo, la causa estuvo inmóvil por más de treinta años.

Julio Abreu, por su parte, logró hablar de lo sucedido mucho tiempo después, en 2005. En una entrevista de 2015, Abreu contó que antes de que fusilaran al resto del grupo, a él lo metieron en un cuarto con Graciela Estefanell, que le dijo: “Julio, nos van a matar. Cuando salgas, deciles a los compañeros que no hablamos nada. Trata de comunicarte con la organización [MLN], porque a vos no te van a hacer nada, te van a liberar, deciles que no somos traidores”.

A él no lo torturaban, pero escuchaba todo lo que sucedía a su alrededor y pudo ver en algunas ocasiones a sus conocidos con el cuerpo quemado, golpeado, violentado. Para Abreu lo peor eran las torturas psicológicas. En 2005 relató a La República que durante los primeros días de cautiverio escuchó a un militar decir: “Le pegué una patada en la panza que casi le saco el chiquilín por la boca”, en referencia a María de los Ángeles Corbo, que estaba embarazada. También notó que Amaral estaba allí y los militares le decían: “Quedate tranquilo que papito se está divirtiendo”.

En 2006, familiares de las víctimas realizaron una denuncia penal contra Juan María Bordaberry, Gregorio Álvarez, los mandos civiles, militares y policiales de la época y los oficiales que actuaban en el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Los testimonios son piezas clave en estos casos. El exdiputado Víctor Semproni, que estuvo preso durante la dictadura, declaró que Jorge “Pajarito” Silveira, que era coronel, le dijo con respecto a las víctimas del fusilamiento: “A esos cinco los limpiamos nosotros, y la próxima vez que caiga uno de los nuestros van a ser diez”.

De acuerdo a un cedulón del expediente, al que accedió Caras y Caretas, caratulado “GARCÍA HERNÁNDEZ, Amaral y otros.- DENUNCIA (Mandos civiles, militares, policiales y otros. Antecedentes)”, se puede establecer una pequeña cronología de la causa: 2006, se radicó la denuncia en la justicia penal; 2011, los indagados solicitaron la clausura y archivo de las actuaciones, invocando la prescripción de los hechos; 2012, la solicitud fue rechazado en primera y segunda instancia; 2014 (abril), Esteban Casariego Prado, uno de los citados, compareció a solicitar la clausura de las actuaciones por haber operado la prescripción de los presuntos delitos investigados; 2014 (octubre), Jorge Silveira interpuso excepción de inconstitucionalidad; 2015, se desestimaron tanto el pedido de clausura de Casariego como el recurso de excepción de Silveira.

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La ruta 70 ahora se llama Camino de los Fusilados. Hay un memorial erigido en el lugar de los asesinatos. En 2007 vecinos de la zona lo levantaron con sus propias manos. En 2011 Crysol, la asociación de ex-pres@s polític@s de Uruguay, manifestó que debía ser declarado monumento oficial. En 2018 se remodeló con participación de la Intendencia de Canelones y fue reinaugurado.

La Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca organizó el 20 de diciembre de este año un homenaje. De esta instancia conmemorativa participaron el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y Crysol.

Desde Crysol se leyó una proclama en la que se pedía justicia para este crimen de Estado: “La activa participación de integrantes de las Fuerzas Armadas uruguayas es un hecho indudable, al igual que la discusión del tema en el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), presidido por Juan María Bordaberry e integrado por el Tte. Gral (r) Gregorio Alvarez”.

También se pronunciaron sobre el senador electo Guido Manini Ríos: “En esa batalla permanente contra la impunidad, reclamamos, obviamente, responsabilidades a quienes omitieron informar a la justicia acerca de los dichos de Gavazzo y de ‘Pajarito’ Silveira en el Tribunal de Honor que los juzgaba […] El desafuero del general retirado Guido Manini Ríos, por omitir informar para encubrir a José Nino Gavazzo, es el primer desafío que debe afrontar el nuevo Parlamento en cuanto entre en funciones. Y así lo reclamaremos”.

Además del “Memorial de los fusilados”, hay una marca que recuerda a estas cinco víctimas (y a todas las que pasaron por allí) en la casa de Punta Gorda. Se instaló en 2014 dentro de una iniciativa llamada Marcas de la Memoria, que tiene como objetivo identificar lugares en todo el territorio nacional donde ocurrieron acciones y eventos importantes en relación a la resistencia a la dictadura, diseñar y realizar placas o elementos similares para señalarlos.