Los límites del progresismo

El lunes 15 de enero, el presidente Vázquez se reunió con las gremiales agropecuarias para dar respuesta a los reclamos que comenzaron a hacerse visibles seis días atrás, en la Exposición Feria de Paysandú. Vázquez y los rurales En esa oportunidad, una concentración de 400 productores rurales manifestó su furia por la caída de la rentabilidad del sector y reclamó medidas por parte del gobierno. Las mismas estaban centradas en la baja competitividad de la producción agropecuaria y en el atraso cambiario, al tiempo que protestaban por el incremento de las tarifas públicas, particularmente de las que tienen que ver con la energía. En términos concretos, se pidió la fijación del precio del gasoil en $ 26, la devaluación de la moneda, llevando el dólar a $ 36 (más de un 20% de la relación que hoy existe). Pero los reclamos de los asambleístas fueron más allá, pidiendo la rebaja o abolición de las cargas impositivas y las leyes sociales (incluido el costo de la fuerza de trabajo) que afectan la rentabilidad del sector, volviendo a insistir en el tamaño y costo del Estado y en las políticas de asistencia social. La reunión entre el presidente y las gremiales se desarrolló en términos de absoluta corrección pero, más allá de ello, fue un diálogo de sordos. Sin embargo, deben considerarse al menos algunos detalles. El primero es que el gobierno cedió en varios puntos. El primero, en el adelanto de un evento que inicialmente estaba pautado para una fecha indeterminada del mes de febrero. El segundo, que la reunión se desarrolló en simultaneidad con una intensa movilización de los llamados “autoconvocados”, en la que si bien no participaron de manera orgánica las gremiales, la apoyaron a texto explícito.  Para decirlo de manera más clara: Vázquez fue a negociar bajo presión. Otra particularidad que tuvo la reunión fue la no comparecencia de la Federación Rural (FR), la que decidió no concurrir, contando la medida con 24 votos de sus filiales a favor y 13 en contra. Curiosamente, la razón aducida para faltar a la cita fue el estado de movilización en la que se encuentran los productores rurales. Finalmente, las gremiales que concurrieron al encuentro con el presidente, fueron tres: la Asociación Rural del Uruguay (ARU), las  Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) y la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). La posición del presidente fue clara, particularmente al no reconocer la homogeneidad de la situación por la que atraviesan los sectores del agro: “No todos los sectores agropecuarios están en problemas; algunos han tenido amplios beneficios”. No obstante, reconoció que “hay sectores que están en problemas y que hacen reclamos justos, como el lechero”. Para atender las necesidades de estos sectores, a los que agregó el arrocero, el presidente dispuso “tomar medidas financieras y otras relacionadas a las tarifas públicas que se analizarán en cada caso”. Seguidamente expresó lo que debía expresar un mandatario, a saber, “que si bien los planteos que hicieron las gremiales son de recibo, no cambiará la política económica del gobierno”, agregando que la misma “no tiene marcha atrás”.   Pleno al 23 La inasistencia de la FR y la persistencia de la presión de los “autoconvocados” en las rutas nacionales dio el pretexto a las gremiales (en realidad a la ARU, la gremial más poderosa, junto a la FR) para diferir una respuesta a los planteos de Vázquez, remitiéndose a la asamblea a realizarse el 23 de enero en Durazno, donde serán definidas las medidas que el sector tomará. Entre las medidas propuestas, la que más inquieta es la de desabastecer al sur y a los balnearios esteños (en plena temporada turística) de insumos alimenticios, al menos por un lapso de 72 horas. Por añadidura, se va a estimular la generalización de las redes sociales para incorporar al movimiento a sectores que total o parcialmente viven de la renta agropecuaria (ya sea comerciales, proveedores de insumos, de servicios o directamente empresariales), dotando de organicidad a un movimiento que desde el arranque calificaron como “apolítico”. Una preocupación adicional de los rurales es el despoblamiento del campo, destacando el drenaje de productores que ha habido en los últimos años, que se estima en más de un 20% de los establecimientos, particularmente los de menor porte. La movida del agro no tiene referentes claros. Está motorizada por los sectores que más rentabilidad obtuvieron en la última década y están obteniendo eco social en aquellos que sí realmente se han contentado con sobrevivir, cuando pudieron hacerlo.   CARF: la voz de los pequeños Por lo mismo, resulta de interés escuchar la voz de gremiales que representan aquellos sectores que operan a menor escala, entre los que efectivamente puede hablarse de “emergencia” y entre cuyas filas están aquellos a los que no les queda otra alternativa que abandonar la actividad agropecuaria. Paradigmático entre ellos es la Comisión Nacional de Fomento Rural (CARF), una organización de segundo grado, creada en 1915, que nuclea más de cien asociaciones de todo el país. Si no de manera orgánica, sí a través de muchos de los productores que la componen, la CARF participa del movimiento, representando a sectores que no padecen de una emergencia coyuntural por los motivos que aducen los publicistas del mismo, sino de una emergencia crónica, que es producto de lo reducido de su escala, de su dispersión y de la lucha por la supervivencia. Fernando López es integrante de la Mesa Ejecutiva de la CARF y productor de larga data. Desde el arranque de nuestra conversación se preocupa por aclarar algunas de las características de la gremial: “Contrariamente a lo que a menudo se cree, la composición principal de los productores nucleados en la CARF es la de pequeños y medianos criadores de ganado, particularmente afincados en la zona norte, noreste y en las serranías. En la zona sur (más del 20% de las asociaciones se encuentran en Canelones) predominan los fruticultores, horticultores y granjeros. En el 60% de los casos se trata de productores familiares”. Respecto a las medidas demandadas por el sector, López relativiza su carácter: “La heterogeneidad del sector hace que no haya una medida que favorezca a todos por igual”. Pone como ejemplo el peso de los costos energéticos en la producción: “La fruticultura, por ejemplo, es el sector que más combustible consume por hectárea. Entre 400 y 440 litros por hectárea por año, según cifras de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa)”. “Sin embargo, eso representa entre el  5% y el 6% de la estructura de costos. En la producción cerealera el peso del combustible se estima en el 18%, pero eso se explica, no por la producción en sí misma, sino por el costo de los fletes, el traslado a plantas o a puerto…”. “Es decir, que si nos pusiéramos a hacer un racconto de las medidas de apoyo al sector podríamos escribir un libro”. Sin embargo, para López debiera ser motivo de preocupación la distancia entre los propósitos y los impactos efectivos de las medidas sobre el sector. “Un ejemplo claro de esto lo tenemos en una medida que aparece en la página de UTE, en la que se rebaja un 15% el costo de la electricidad para el sector hortifrutícola. Pero para eso se requiere, de acuerdo a lo que determina la Dinagua, tener un contador de consumo trifásico conectado al riego. Pues bien, el 90% de los productores tienen una conexión monofásica, cuyo consumo se toma a través de un contador corriente. Es decir, que la medida en sí no es mala, sobre todo para un rubro donde la explotación intensiva, el riego por goteo y otras prácticas similares llevan a que el peso del consumo eléctrico sea mucho más gravitante que el del gasoil. Pero en las condiciones en que se establece su uso solo el 10% se beneficia. Es decir, aquellos que producen a mayor escala”. “El problema del pequeño productor es que queda por fuera de la cadena productiva y las políticas que se diseñan desde el Estado para asistirlo no tienen eso en cuenta.  A eso sumémosle que la heterogeneidad del sector obliga a que se tomen medidas diferenciadas en su interna. El 70% de los costos en el sector granjero son de mano de obra. Ante eso, hay que priorizar la inversión tecnológica, que permita su amortiguación. Hay que proceder a la mecanización de la producción, pero en la medida que se trata de productores chicos, carentes de capital, es necesario recurrir a la colectivización del uso de esa tecnología, para lo que ya hay experiencias.  Para resumir, se trata de sectores intensivos, que requieren de paquetes tecnológicos, apoyo y financiación a largo plazo”. Por otra parte, López pone en duda algunos de los indicadores que pretenden reflejar la realidad de estos sectores. “A menudo todo se mide por el incremento de los kgs. de carne, fruta o verdura que rinde la hectárea, pero quedan por fuera los indicadores sociales. En los sectores que nosotros representamos como gremial las reivindicaciones pasan más por el logro de una mejor calidad de vida que por la rentabilidad propiamente dicha”. “Se habla del sector y no de la gente y eso lleva a que haya dificultades de implementación, de ejecución. Un programa bien diseñado pero que no llega a la gente no sirve”. Respecto al problema de los productores que deben abandonar sus emprendimientos, López manifiesta que “esas son cifras que vienen del censo de 2011, pero se demoró más de dos años en difundirlas. Esto es un proceso que viene de lejos. Por lo menos desde fines de los 50 y comienzos de los 60. En términos de superficie, vemos que en poco más de una década, la producción familiar se redujo de 54 mil a 42 mil hectáreas. El 80% de esas 12 mil hectáreas correspondían a productores con menos de 100 hectáreas y la inmensa mayoría con menos de 20 hectáreas. Los sectores que menos desaparecen son los vinculados a la ganadería y los que registran más pérdidas son los correspondientes a la hortifruticultura. Pero lo que no se dice es que simultáneamente a la pérdida de productores familiares se incrementó el número de unidades productivas de escala mayor”.   La reformulación del pacto social De las palabras del representante de la CARF se puede deducir que las razones que motivan a los productores a sumarse a este movimiento son del todo disímiles. Pero lo que no se puede desdeñar es que esas motivaciones son reales. ¿Que esto haya sido urdido y potenciado por oportunistas políticos, que no representan realmente a quienes están sufriendo realmente de esta situación? Eso cada vez es más evidente, pero no hace al fondo de la cuestión. No es creíble, por ejemplo, que la renuncia del ministro Tabaré Aguerre sea ajena a esta situación. La movilización de los productores venía cocinándose a fuego lento desde hace al menos dos meses. En ese período, el gobierno dio todas las señales posibles para atemperar la disconformidad de los sectores más poderosos del agro, algunos -hay que admitirlo- sufriendo problemas de rentabilidad. El fideicomiso lechero, la ley de Riego (de dudosa constitucionalidad), la habilitación de la introducción de transgénicos, pese a la dura oposición del Mvotma y del MSP, el adelantamiento de la entrevista con las gremiales, la aceptación de que esa instancia se realizara con “autoconvocados” movilizados, son todas señales de apaciguamiento por parte del Poder Ejecutivo, que a la postre resultaron infructuosas e incluso contraproducentes. Santiago Bordaberry, hijo del dictador de triste memoria, conceptualizó el sentido de lo que a su juicio representa la movilización de los productores: “Una nueva institucionalidad”. A no llamarse a engaños. Es la reedición, con nuevos protagonistas sociales, de la concepción fascista de la institucionalidad que le costó la cabeza a Pedro Bordaberry a manos de los militares golpistas, que eran conscientes de su papel  y de los límites que el mismo tenía. La historia es pródiga en ritornellos y este es uno de ellos. Esta vez con una encarnadura social propicia a las utopías restauradoras. Pero ¿qué pasa en la otra vereda?. En primer lugar, causa consternación  la ausencia del Pit-Cnt en el diferendo. Luego, aun constatando que la postura del presidente ante las gremiales agropecuarias es irreprochable en forma y contenido, lo dicho y lo actuado no movió la aguja. Siendo aventurados, podríamos decir que se llegó a los límites del pacto social que promovió el progresismo y que de esta situación no se sale sin medidas de izquierda social (no necesariamente de izquierda política).  Fuentes calificadas de la coalición de gobierno, nos informan que algunas de las medidas promovidas por el movimiento rural serán tomadas en forma literal, incorporadas al programa y puestas en ejecución de inmediato. Algunas de ellas: un plan para la eliminación de la pobreza extrema a nivel rural; insistir con un plan nacional de repoblación de la campaña, del que sean beneficiarios fundamentalmente paisanos pobres imposibilitados de acceder a la tierra. Luego, que en los sectores arrendatarios que padezcan circunstancias consideradas de emergencia el valor del arrendamiento de la tierra no pueda superar al fijado por el Instituto Nacional de Colonización (INC), que es aproximadamente de la mitad de lo dispuesto por el Instituto Nacional de Colonización (INC). Se trataría de reformular el pacto social impulsado por el progresismo, que ya reveló su techo y sus limitaciones. De aquí en adelante, las medidas que se impulsen deben estar marcadas no solo por la optimización de la gestión, sino por las transformaciones en las que los que acumularon la renta durante más de una década solventen un modelo de explotación agropecuaria que tenga en cuenta a los exluidos. En las condiciones actuales, se ha llegado a un punto de no retorno y lo único que no se puede admitir es el inmovilismo. Los que promueven este movimiento lo saben desde hace rato.