Los préstamos de Zoulamian

Alberto Zoulamian es un hombre reconocido en diversos ambientes. Escribano, presidente de la institución armenia Marash, propietario del restaurante ZouBar, dirigente del Club Atlético Goes y activo militante en el Partido Nacional, con el paso de los años, se transformó en una persona con muchos contactos. Su nombre apareció en la palestra pública por primera vez en los albores de la crisis económica y social de 2002. Entre 1995 y 2001, Zoulamian fue secretario del directorio del banco La Caja Obrera, hasta que se concretó la venta definitiva de esta institución al grupo Peirano, por entonces propietarios del Banco de Montevideo (en liquidación). El 3 de diciembre de 2001, entre las 11.00 y las 14.30 horas, los cuatro integrantes del directorio, Eduardo Rocca Couture, Jorge Foderé, Zoulamian y Juan Odizzio (síndico), fueron sustituidos en sus funciones por los representantes del grupo Peirano, Marcelo Guadalupe, Dante Peirano y Luis Muxi. En los años posteriores, desarrolló diversas actividades particulares, con centro en su actividad como prestamista. Abrió el restaurante ZouBar, que –como consecuencia de su vínculo con el deporte– se transformó en uno de los lugares de peregrinación para los allegados al básquetbol uruguayo. Desde las mesas del local, se emitieron varios programas de radio dedicados a comentar y difundir el deporte. En todos estos años continuó su vínculo con el Partido Nacional, particularmente con el herrerismo y la lista 71, siendo un hombre con estrechos vínculos con la plana mayor del sector, Luis Alberto Heber, Gustavo Penadés y Jaime Trobo. Según allegados a esa colectividad, Zoulamian se convirtió en uno de los principales operadores de ese sector político en materia de recaudación de fondos para enfrentar los siempre onerosos gastos de las campañas electorales. De esta forma obtuvo un lugar relevante en la lista 71 de Montevideo a la Cámara de Representantes: segundo suplente del primer diputado, Gustavo Penadés. En esa condición participó en varias sesiones de la cámara baja. Semanas atrás, renunció a su cargo. Lo hizo en una situación compleja desde el punto de vista legal. Zoulamian fue denunciado penalmente por el libramiento de cheques sin fondo por parte de Pyx SA, una empresa de su propiedad que se declaró en concurso voluntario. En este marco, la Justicia investiga su actividad como prestamista y un eventual delito de estafa contra varios de sus clientes. Pero el caso podría tener consecuencias políticas, ya que no se descarta que el mismo sea incluido en la Comisión Investigadora sobre financiamiento de los partidos políticos abierta en la Cámara de Representantes.   Zoulamian, el prestamista Pyx SA es una empresa constituida en noviembre de 2006, cuyo giro social era ser propietaria de bienes inmuebles. En esa calidad, la firma adquirió un edificio de ocho unidades ubicado en bulevar Artigas e Itapebí, cuyos apartamentos han sido arrendados indistintamente. En 2014, la empresa adquiere un inmueble en el edificio Las Marguerites de Punta del Este (Maldonado). Sin embargo, en 2012 la empresa amplió su giro de negocios y anexó a su operativa la de otorgar préstamos de capital. En un comienzo esa operativa se realizaba con fondos propios, pero luego fueron incorporados fondos de capital de terceras personas. La operativa era similar a la de varias empresas y particulares en plaza: captaba dinero de acreedores –a los que les pagaba 2% de interés– y con ese dinero “descontaba” cheques. “Ambas operaciones, tanto aquellas en las que Pyx SA otorgaba préstamos, como aquellas en las que los recibía, se efectuaban a través del libramiento de cheques o la aceptación de cheques de pago diferido”, afirma la memoria explicativa presentada por la empresa ante la Justicia, al solicitar el concurso voluntario. “Si bien al principio el negocio fue rentable, Pyx SA no escapa a la realidad económica que vive nuestro país. A partir del año 2014 el panorama financiero fue cambiando, dado que sus deudores no están haciendo el pago de sus deudas ni cubriendo los intereses generados. Esta situación ha llevado a que Pyx SA no logre hacer frente a sus propios acreedores”, señala el escrito, al que accedió Caras y Caretas Portal. “Ante la imposibilidad de cumplir con los vencimientos en tiempo y forma, ha debido recurrir a financiamiento por parte de privados, llegando incluso a hipotecar bienes propiedad de la empresa. La imposibilidad de cumplir con los pagos y los intereses, sumado a la necesidad de recurrir a nuevos créditos para intentar cumplir con los acreedores, determinó que se viera envuelta en una enramada de intereses, afectando la cadena de pagos y provocando, en unos pocos meses, un muy importante aumento del pasivo”, agrega. Ante esto, en el último tiempo, la empresa y Zoulamian comenzaron a recibir “una fuerte presión por parte de sus acreedores, exigiendo la inmediata cancelación de sus créditos, bajo amenaza de comenzar acciones judiciales”, señala. Varios de esos acreedores, que invirtieron fuertes sumas de dinero –en un caso el préstamo llegó a los 2 millones de dólares– comenzaron a asistir al local de ZouBar en procura de contactar a Zoulamian y reclamar el dinero. “Frente a esta situación, se resuelve que la mejor salida tanto para la empresa como para sus acreedores es solicitar el concurso voluntario” de Pyx SA, culmina el escrito. El proceso recayó bajo la órbita del juez de Concurso de 2º Turno, Álvaro González González, que declaró la apertura del concurso voluntario de Pyx SA y dispuso las primeras medidas. Para esto, el magistrado designó como síndico al abogado Israel Creimer, que procedió a la verificación de los créditos presentados por los acreedores para definir el monto de la deuda y determinar si los activos presentados son suficientes para cubrir el pasivo e iniciar las negociaciones. Como es de estilo, el magistrado dispuso la prohibición de salir del país de los administradores de la sociedad (medida que no recae sobre Zoulamian) y convocó a una junta de acreedores para el día 24 de octubre a las 15.00 horas. Esta junta se realizará en caso de que el síndico no logre acuerdo con los acreedores. De momento, Pyx SA estaría negociando la cobertura de 40% de la deuda contraída, pero aún no presentó ninguna propuesta ante el Juzgado de Concurso. Tampoco podría hacerlo en esta etapa, ya que aún ninguno de los créditos fue verificado, dijeron fuentes del caso a Caras y Caretas.   Los cheques rebotados La actualidad de los prestamistas de plaza no es buena. Hace unos años, en tiempos de bonanza, la mayoría tenía la capacidad de elaborar una verdadera “calesita financiera” que permitía prestar dinero y descontar cheques con cierta facilidad y un suculento margen de ganancias. Pero la caída de la actividad económica tuvo un efecto directo sobre la actividad y sólo es necesario un cliente que no pague para que la situación se complique. Más cuando los préstamos se hacen con dinero ajeno. Ese fue el caso de la “financiera” de Zoulamian. Pyx SA –que no estaría registrada ante el BCU como financiera– obtenía dinero de terceros, a los que les pagaba un interés de 2% mensual y les entregaba un cheque en garantía. Con ese dinero, prestaba dinero y descontaba cheques con un interés superior, lo que aseguraba margen para pagar a sus acreedores y obtener ganancias. En un principio, los cheques estaban a nombre de Zoulamian y posteriormente pasaron a nombre de Pyx SA. Esa calesita no se pudo mantener y Pyx SA comenzó a generar deudas con sus acreedores. Cuando estos quisieron cobrar los cheques, las diversas instituciones financieras comenzaron a “rebotarlos” por falta de fondos. Los clientes insistieron con el cobro, pero Zoulamian no tenía forma de hacer frente al pago. Por este motivo, varios clientes decidieron presentar una denuncia penal en su contra por libramiento de cheques sin fondos. Hasta ahora, se presentaron denuncias por dos cheques sin fondos por un monto total de 100.000 dólares. Sin embargo, el monto de la maniobra es sustancialmente superior. Ante el juez González González, Pyx SA presentó una lista de 25 acreedores, entre particulares, empresas y la Dirección General Impositiva (DGI), por un monto total de 149.322.310 pesos (unos 5,5 millones de dólares). La deuda menos onerosa es con la DGI (30.691 pesos), al tiempo que a 15 acreedores les adeuda cifras de entre 1.100.000 pesos y 17.100.000 pesos. Entre todos los acreedores se destaca uno, propietario de una importadora, a quien se le adeuda 65,2 millones de pesos (unos 2,3 millones de dólares). A esto se le sumaría una deuda por un monto similar que fue contraída por el propio Zoulamian, que también podría presentarse a concurso, informó el programa Rompkbzas de radio El Espectador. El problema es que los créditos deben ser verificados, algo que no es sencillo de hacer en el caso de los prestamistas. La ley de concurso establece claramente que los acreedores deben probar la causa del préstamo, es decir, su origen. Esto no es fácil en el caso de los prestamistas, ya que no suele existir un contrato que avale el préstamo. “Los créditos de prestamistas suelen no poder verificarse”, lo que dificulta la posibilidad de cobro de los acreedores, dijo una fuente con amplia experiencia en la materia. Asimismo el pedido de concurso voluntario suele ser una estrategia de los particulares para evitar o atenuar las eventuales responsabilidades penales ante el libramiento de cheques sin fondos. Se trata de una especie de gesto de buena voluntad mediante el cual la persona reconoce que no está en condiciones de pagar, pero afirma que tiene la intención de hacerlo en base a un proceso reglado por la Justicia.