El ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, fue condenado este miércoles a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción y lavado de activos. En contrario, el ex mandatario fue absuelto por las imputaciones referidas a la apropiación del acervo presidencial. El juez de Curitiba Sergio Moro, a cargo de la investigación del LavaJato, referida a la corrupción en Petrobras, dispuso la condena de Lula por la compra de un apartamento triplex en Guarujá. El ex mandatario fue condenado por presuntamente beneficiarse de dinero desviado de Petrobras para la compra y reforma de esa finca en Guarujá. Según la resolución, Lula habría recibido unos 3,7 millones de reales para favorecer la cesión de contratos de Petrobras a la empresa OAS. Básicamente, el juez Moro apuntó a que el pago se realizó mediante la cesión del triplex. El magistrado no dispuso la prisión preventiva de Lula, ya que al tratarse de un ex presidente eso podría generar diversos traumas y cuestiones de prudencia hacen que se deba aguardar el fallo de segunda instancia. El expediente pasará ahora a estudio del Tribunal Regional Federal (TRF), órgano encargado de la segunda instancia. Según el diario Foha de Sao Pablo, el TRF podría demorar un año y medio en resolver la apelación de esta condena. El ex presidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) tiene previsto presentarse como candidato a la Presidencia de la República en 2018. Lula lidera la intención de voto para la elección presidencial, según la última encuesta de Datafolha. En caso de confirmarse la sentencia, Lula será enviado a prisión y sería inhabilitado para participar de la contienda presidencial. En su fallo, el juez Moro también dispuso la condena de los ejecutivos de OAS, Leo Pinheiro y Agenor Franklin Medeiros. El presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, fue absuelto -estaba imputado por el transporte del acervo presidencial-, así como otros funcionarios de OAS. La defensa de Lula insistió durante todo el proceso sobre la inocencia del ex mandatario y acusó al Ministerio Público y a los investigadores del LavaJato de efectuar una persecución judicial en su contra. La defensa alega que OAS no tenía ninguna posibilidad de ceder o prometer la propiedad en cuestión en favor de Lula, ya que desde el año 2010 la misma pertenecía a el fondo de inversión Caixa Economica. Esto invalidaría la acusación de la Fiscalía, argumentó la defensa. Esa tesis no fue avalada por el juez Moro.
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