En los últimos días la derecha brasileña había entrado en estado de desesperación. Después de lograr poner como tema central de la agenda política la posibilidad de la prisión de Lula, contando con la decisión que creían segura del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), sus sueños habían empezado a debilitarse. Una primera decisión del STF era favorable a Lula, apuntando a una quiebra del consenso de Curitiba, que se había impuesto hasta ese momento. Un consenso, absurdo jurídicamente, sobre la condena sin crímenes ni pruebas, configurando claramente una persecución política basada en el lawfare -el uso de las leyes de forma unilateral para la persecución a adversarios políticos-. Nadie tiene dudas de que el juez Sérgio Moro es un adversario político feroz de Lula, que le ha negado todo tipo de recursos, que lo trata de forma racista y discriminatoria, que frecuenta, de forma amigable, fiestas con dirigentes de los partidos de derecha, ninguno siquiera acusado por el juez y sus colegas. El clima era de gran expectativa. Una revista semanal de derecha decía que si Lula recibía el habeas corpus, se terminaba el Lava Jato, confesando que esa operación dependía de la violación de la Constitución, que expresamente dice que la prisión de un acusado sólo se daría una vez concluidos todos los recursos. Sucede que el mismo STF, involucrado en el clima de arbitrariedades que el Lava Jato había impuesto al país, había decidido, en varios casos, por la prisión antes de que se agotaran todos los recursos. Pero, rompiendo con esa práctica, había determinado que, en el caso de Lula, volvería a hacer valer el precepto constitucional, concediendo el habeas corpus. En los días previos al nuevo juicio, los medios usaron todos los recursos para intentar crear un clima de presión sobre el STF, desde anunciar movilizaciones de docenas de personas como si fueran de miles, hasta publicar editoriales exigiendo la prisión de Lula, aun basado en un proceso sin ningún fundamento de realidad. Era claro que consideraban que sólo por la vía judicial podían impedir que Lula volviese a ser presidente de Brasil. Como elemento nuevo, oficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA) pasaron a manifestar abiertamente su posición a favor de la prisión de Lula; incluso el mismo comandante en jefe del Ejército se sumó a ellas, diciendo que la institución no aceptaría tolerancia con la corrupción. Esto representa la repolitización de las FFAA, que se han otorgado una amnistía, al final de la dictadura, que es precisamente la tolerancia total con todos los crímenes que los militares han cometido en los más de 20 años del régimen. Intolerancia significaría, ahora, anular esa amnistía y pasar a juzgar todos sus crímenes. Pero ahora se trata de sumarse a la persecución política de Lula y nada más. Las reacciones negativas han venido de varios lados, incluso de Globo, en su editorial, del comandante en jefe de la Fuerza Aérea y de otros sectores formadores de opinión pública, indignados porque ese militar hubiera aceptado la impunidad respecto a políticos de derecha, como Michel Temer, Areció Neves, entre otros y, súbitamente, muestra preocupación con el caso de Lula. El clima ha vuelto a ser tenso en Brasil, fomentado por los medios, en particular Globo, que actuó como si estuviera en las vísperas del golpe de 1964, cerrando su principal noticiero con la amenaza del comandante en jefe del Ejército (antes de decir lo contrario al día siguiente). Fue en ese clima que se ha vuelto a reunir el STF, empezando por el voto del relator, Edson Fachin -hay que recordar que había sido abogado del MST durante mucho tiempo, habiendo recibido el apoyo de ese movimiento para su nombramiento, para cambiar radicalmente de posición una vez nombrado -, en contra del habeas corpus , y el de Gilmar Mendes, a favor. Todo transcurrió hasta el voto decisivo de la jueza Rosa Weber, sobre quien habían recaído más fuertemente las presiones de la derecha. Incluso del mismo Sérgio Moro, que, no contento con hablar todo el tiempo fuera del foro –lo cual está prohibido por ley–, estuvo en un largo programa de entrevistas en un canal de TV de derecha y centró su fuego en contra de esa jueza. El efecto terminó siendo decisivo. Ella cambió la posición que había tenido en la sesión anterior: votó en contra del habeas corpus, lo cual permitió que la votación terminara en empate, con lo cual la presidenta del STF, Cármen Lúcia, militante en contra de Lula, desempatara y así fuera rechazado el habeas corpus para Lula. Existen todavía recursos y, aun siendo rechazados, queda la decisión política en manos de Sérgio Moro, de definir si decreta la prisión para Lula, lo cual produciría una inmensa conmoción porque es el único líder político nacional en Brasil, con 40% de apoyo en las encuestas, con la perspectiva de triunfar en primera vuelta y el enorme espaldarazo popular, como lo han confirmado sus caravanas por todo el país. Una fantástica farsa jurídica alrededor de un apartamento que nunca fue de Lula; un proceso absurdo, sin pruebas, con una condena basada en las “convicciones” de los que lo acusan como enemigo político. Se pasaría a un período todavía más turbulento de la vida política brasileña, durante el que se mantendría lo que más importa a la derecha brasileña – tratar de impedir que Lula sea candidato a la presidencia del país.
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