Macartismo en la era Macri

El pasado jueves, el juez federal Claudio Bonadio solicitó el desafuero y la prisión preventiva para la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la investigación sobre el presunto encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994. En esta causa se investiga el pacto de entendimiento con Irán por el que se establecía un mecanismo especial para interrogar en territorio persa a las cinco personas de origen iraní imputadas por la masacre. Este acuerdo fue criticado por la oposición por considerar que buscaba asegurar la impunidad de los iraníes imputados por la masacre. El magistrado también solicitó la detención del excanciller Héctor Timerman para el que se solicitó prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud. En la madrugada fueron detenidos también el dirigente piquetero Luis D’Elía, el exsecretario general de Presidencia Carlos Zannini y el referente de la comunidad islámica en Argentina Yussuf Khalil. Esta serie de acciones fueron llevadas a cabo debido al avance que el juez Bonadio realizó en la denuncia iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman. En esta denuncia se asoció con el delito de traición a la patria la firma del memorando entre Argentina e Irán Este pacto fue firmado en su momento por el excanciller Héctor Timerman y por su homólogo iraní, Ali Akbar Salehi. Sin embargo, a pesar de que el memorando fue ratificado por el Congreso argentino, el texto no se hizo efectivo, ya que el propio Parlamento iraní no lo aprobó. Asimismo la denuncia efectuada por Nisman ya había sido desestimada en dos instancias judiciales previas por carecer de pruebas. No obstante, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) dio un nuevo impulso a la denuncia en 2016 y, apenas transcurridos 12 días de la asunción como presidente de Mauricio Macri, la Cámara Federal confirió de nuevo entidad a este expediente para declarar “inconstitucional” el Memorando. Con base en estas maniobras se sustentó la serie de detenciones que se llevó a cabo el pasado jueves por decisión del juez Bonadio, quien también dictó procesamiento sin prisión preventiva al exsecretario de Presidencia, Óscar Parrilli, y del diputado y dirigente de la asociación La Cámpora Andrés Larroque.   Argumentos contra la denuncia El pedido de Bonadio, sin embargo, no es la única situación engorrosa en este proceso. Uno de los jueces más reconocidos de Argentina, Daniel Rafecas, enfrenta un juicio ante el Consejo de la Magistratura impulsado por el macrismo, que podría derivar en su destitución. ¿El motivo? En marzo de 2015, Rafecas desestimó la denuncia de Nisman por falta de mérito. Para fundar su fallo, Rafecas utilizó dos argumentos: el memorando nunca llegó a aprobarse -por lo que nunca entró en vigencia- y el exsecretario de Interpol Ronald Noble afirmó que el gobierno de Cristina Fernández nunca pidió bajar las alertas rojas contra los presuntos responsables iraníes del atentado. En declaraciones al diario Página/12, Noble fue contundente sobre la denuncia de Nisman: “Lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos las alertas rojas contra los funcionarios iraníes […] Me sorprendió totalmente escuchar semejantes afirmaciones falsas que se atribuyen a la denuncia del señor Nisman, a quien conozco. Al contrario, señor Nisman: el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timerman y cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión tuvieron siempre la misma posición: las alertas rojas de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí”, declaró Noble. En este marco, días atrás, en una entrevista con el diario Perfil, Rafecas defendió su decisión: “Yo estoy seguro que hubiera fallado exactamente como fallé”. Rafecas afirmó que se trató de una cuestión técnica: al no entrar en vigencia, el memorando no dejó de ser, a lo sumo, una mera preparación, que no resulta punible en la órbita penal. Pero el magistrado presentó otros argumentos: por ejemplo, en diciembre de 2014, tras la firma del memorando, Nisman firmó un documento “en el que hablaba bien del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, tenía una visión opuesta a lo que trascendía de la denuncia”. “Este contrasentido […] me generaba como juez cierta perplejidad, a cuál de los dos Nisman había que creerle”. Esos documentos -cuya autoría fue ratificada por un secretario de Nisman- fueron elaborados y firmados por el exfiscal en el mismo momento en que se elaboró la denuncia contra Fernández y el resto de los integrantes del gobierno argentino.