El pasado martes el presidente de Argentina, Mauricio Macri, decretó el estado de Emergencia de Seguridad Pública por un año en todo el territorio nacional. La medida se destina a “superar la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”.
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Este tipo de recurso permite al gobierno reforzar sus controles del espacio aéreo, las vías fluviales y los puestos de fronteras de todo el territorio argentino. Con esto podrán ser declaradas hostiles todas aquellas naves que se considere que pueden “perturbar, poner en riesgo o causar daño” en el país.
Varios sectores progresistas denuncian que esta medida es equivalente a la aprobación de pena de muerte sin derecho a la defensa en juicio previo. Esto se debe a que, según criticó la diputada por el Partido de los Trabajadores Socialistas y el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, este decreto, permite hacer uso de armas de guerra “ante mera sospecha que a bordo de un avión civil pueda haber personas que intentan cometer un delito”.
Siendo así, la medida permite derribar una aeronave por el único hecho de ser sospechosa, lo que equivaldría a aplicar la pena de muerte sin juicio previo. Esto quedaría a criterio de las Fuerzas Armadas, ya que es la institución en la que recae la potestad de aplicar las Reglas de Protección Aeroespacial. Según expertos, esto violaría la ley que impide a las fuerzas armadas intervenir en la vida civil.
(Nota redactada a partir de información de Telam y Telesur)
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