Macri financió su campaña usurpando identidades de personas humildes para lavar dinero

Una impresionante investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral de las elecciones  legislativas de 2017 llevada a cabo por Juan Ignacio Amorín, un joven periodista de 25 años que trabaja en El Destape, el programa que conduce Roberto Navarro por YouTube, se convirtió en un misil por debajo de la línea de flotación del gobierno del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que hasta la fecha se preciaba de ser la dirigente política con mejor imagen de Argentina. El joven Amorín descubrió que entre los aportantes de dinero en efectivo para financiar la campaña electoral del espacio político de Macri y Vidal (“Alianza Cambiemos”) en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones de medio término que se realizaron el año pasado figuraban más de 1.000 personas beneficiarias de planes sociales, muchos de los cuales habitaban en villas de emergencia. Tal vez sorprendido por la curiosidad de que la campaña política de la propuesta electoral del partido que apoyan los ricos fuera financiada por el segmento más pobre de la sociedad, Amorín se trasladó hasta los barrios a preguntarle a los “aportantes” cómo era posible, dada su situación económica precaria, que hubiesen contribuido con plata contante y sonante a la presentación legislativa de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. Y confirmó que ninguna de esas personas había hecho tales contribuciones: les habían usurpado su identidad, hecho figurar como aportantes con montos variables y, para colmo, los habían afiliado -falsificando las firmas- al partido PRO  de la Provincia de Buenos Aires, cuya presidenta es la gobernadora María Eugenia Vidal y la tesorera es la mano derecha de Vidal, María Fernanda Inza. Desde el principio, el carácter incontestable de la investigación dejó en offside al gobierno que prefirió ignorarla, no mencionar el tema y confiar en que el blindaje de los medios tradicionales fuera suficiente para desactivar una bomba con un poder potencial de destrucción enorme. Amorín había conseguido todo y había sido metódico en su investigación. Tenía las listas oficiales de aportes que había entregado Cambiemos a la Cámara Nacional Electoral, con montos, nombre e identificación de los aportantes, las había cruzado con los beneficiarios de planes y programas sociales, había concurrido hasta los domicilios particulares y había obtenido el testimonio directo de las personas que negaban haber realizado las contribuciones. Hasta que no tuvo cientos de casos absolutamente chequeados no dijo una palabra y, cuando habló, ya tenía todas las pruebas listas como para que comenzaran las denuncias penales.  Con los primeros doscientos cincuenta casos que reveló, se le empezaron a agregar nuevos semana a semana, hasta superar los mil, cuando una investigación convergente de Diagonales, otro medio digital, descubrió que también los aportes de la campaña electoral de Cambiemos en las elecciones de 2015  -las elecciones que llevaron a Mauricio Macri a la Presidencia y a María Eugenia Vidal al gobierno provincial- en Provincia de Buenos Aires eran falsos, aunque se había orquestado con un sistema de lavado más íntimo y menos sofisticado: habían dibujado como contribuyentes en efectivo a toda la lista de los excandidatos a intendentes municipales, concejales y consejeros escolares en al menos 82 de los 135 municipios de la Provincia. El monto total de financiamiento ilegal superaba la friolera de 40 millones de pesos. Con esa nueva investigación, comenzó el desmarque de muchos de los involucrados que negaron haber hecho esos aportes e iniciaron acciones legales con temor a verse comprometidos en una trama gigante de lavado de activos y financiamiento ilegal que puede terminar con todos encausados judicialmente y hasta inhabilitados, si se termina de corroborar en la Justicia lo que es a todas luces evidente: el macrismo financió dos elecciones enteras con dinero negro, de procedencia inconfesable, haciendo ingresar millones de pesos como “aportes” en efectivo de los candidatos, adherentes de clase media y beneficiarios de planes sociales, confiando en que los últimos nunca se enterarían, y que los que habían sido candidatos, en el hipotético caso de que saliera a la luz lo que habían hecho, optarían por cubrir la operación delictiva bajo el manto de una omertá obligatoria e inexcusable. Aunque Vidal intentó esquivar el tema, atribuirlo a una “denuncia del kirchnerismo” y patear para el costado invocando “lagunas” legales que deberían ser subsanadas con un nuevo marco normativo que estableciera la bancarización a futuro de todos los aportes, fue tal la perversidad del procedimiento de lavado de dinero para financiarse, usando además las bases de datos del Estado para poder seleccionar gente humilde que probablemente nunca se enterarían de que les habían robado la identidad, que el caso terminó estallando en su imagen pública. Por su parte, Macri vive en una caída permanente de su popularidad desde fines del año pasado, que se agrava semana a semana al ritmo que se deteriora la economía argentina, galopa la inflación, vuela el dólar, aumentan los despidos y se hunden los salarios y las jubilaciones de la gente común. Esta semana, la gobernadora de Buenos Aires y el presidente ofrecieron conferencias de prensa el mismo día para intentar controlar los daños. Primero Vidal le pidió la renuncia a María Fernanda Inza, tesorera de la campaña electoral, que cuando estalló el tema era su secretaria legal y técnica, pero a la que hace menos de una semana había ascendido a contadora general de la Provincia, una suerte de bravata para retrucar en el medio del escándalo y ya de paso ubicarla en un cargo más importante y más blindado, porque requiere de aprobación del Senado. El martes se concretó la designación en el diario oficial y el miércoles la destituyó en conferencia de prensa, como para que quede claro que, de ahora en adelante, Inza es el nombre a sacrificar para que el fuego no la queme a ella. Un rato más tarde fue el turno del presidente Macri. En una conferencia de prensa donde respondió preguntas de los periodistas no hizo ningún anuncio, recorrió su habitual letanía de frases de autoayuda, pero punutalizó que el caso de los “aportantes truchos” estaba en la Justicia y le tiró la pelota a Vidal: “La gobernadora ha iniciado una auditoría; tengamos un poco de paciencia, sabremos de qué se trata”. Hasta ahora lo que está claro es que Cambiemos financió con plata negra dos campañas electorales en Buenos Aires, y que el destino de este caso junto al agravamiento del ya crítico panorama económico previsto para los próximos meses se pueden llevar puestas la esperanzas de Macri y de Vidal de obtener la reelección en 2019.