El presidente argentino Mauricio Macri anunció un recorte de cargos políticos que llegaría al 25%, un porcentaje similar al incremento registrado desde su ascenso al gobierno. También anunció que en el curso de 2018 los funcionarios no recibirán aumento en los casos en que perciban más de $ 150.000 de remuneración, lo que afectará a 324 cargos. La tercera medida anunciada por el mandatario es la exclusión de cargos estatales de los familiares de funcionarios públicos, lo que ya afectó a las hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El anuncio se da de manera paralela a una segunda oleada de despidos de trabajadores estatales. Los cargos que se eliminarán de la administración pública serán unos mil. La poda se aplicará sobre un Estado sobre dimensionado por el actual presidente, quién, luego de acceder al gobierno creó cinco nuevos ministerios, mientras las secretarías de Estado pasaron de 70 a 87 y las subsecretarías de 169 a 207. Es decir, que se trata de desinflar un globo que el propio Macri infló. Aunque aún no están claros los alcances que tendrá el recorte, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, prevé una reducción del 40% de los cargos políticos en su cartera, eliminando ocho de las veinte secretarías a su cargo. También anunció que se suprimirán un 20% de los cargos operativos, lo que implica que eliminará 34 direcciones generales y coordinadores. Con esas medidas, Frigerio estima que el ahorro en salarios será del orden del 21%. Ostensiblemente, se trata de una medida que “no mueve la aguja”, ya que en líneas generales comporta sólo un 0,01% del presupuesto nacional. Se estima que la medida del gobierno central es una medida que se pretende sea imitada por los gobiernos provinciales propios o aliados. Hasta el momento, sólo anunciaron medidas similares el gobierno de Gustavo Bordet, en Entre Ríos; el de Omar Gutiérrez, en Neuquén; el de Juan Manuel Urtubey, en Salta. Anuncios de recortes similares hizo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que expresó que recortaría el 20% de los cargos de gobierno, al tiempo que anunciaba el incremento de cargos en las estructuras del Consejo de la Magistratura porteña, medida de la que debió desistir para ponerse a punto con la tónica general de recorte. La tercera medida, que impide que familiares de funcionarios sigan trabajando en el Estado, es consecuencia directa del escándalo que se desató luego de las declaraciones de la ex-casera del ministro Triaca, quién reveló como el ministro logró que la nombraran como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).
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