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Sociedad

Maestros reclaman mayor presencialidad en las escuelas

La consejera en representación de los docentes Gabriela Verde, presentó un documento en el Consejo de Educación Inicial y Primaria , fundamentando por motivos de salud mental y metas educativas, volver a la presencialidad en las escuelas.

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Gabriela Verde integrara en representación de los 26 mil docentes de primaria el CIEP, que funcionará hasta el cuatro de febrero del año que viene, ya que la LUC elimina la existencia de los consejos desconcentrados.

A continuación compartimos el texto del documento presentado y en discusión, elevado también por el representante  de los trabajadores, al Codicen.

Presencialidad plena, presupuesto y plan integral en el marco de la pandemia.

La educación como derecho. La universalización y permanencia como política educativa. La educación es un Derecho Humano universal y es deber del Estado garantizarlo durante toda la vida, así lo establece la Ley N° 18.437 del doce de diciembre de 2008 (Ley de Educación). A su vez, consta en dicha norma, que el Estado asegurará los derechos de las minorías y de quienes estén en especial situación de vulnerabilidad, a fin de asegurar la igualdad de oportunidades y la efectiva inclusión social. Complementariamente, podemos leer en la página de ANEP respecto al PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO 2020-2024 lo siguiente: La Administración decidió priorizar al estudiante y sus aprendizajes, poniendo en el centro –precisamente– la mejora de los procesos de aprendizaje y la reducción de la inequidad, yendo al corazón mismo de los problemas. En ese sentido, se han establecido lineamientos estratégicos con el propósito de:

1. Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su formación, promoviendo aprendizajes de calidad. Montevideo, 9 de noviembre de 2020

2. Reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social . La presencialidad en centros educativos. Perjuicios- beneficios en la balanza. La inclinación por la presencialidad plena. Según el informe presentado por PNUD y UNICEF es claro que «más de 144 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe completaron cerca de 5 meses sin asistir a la escuela como consecuencia de las medidas de salud pública tomadas por los gobiernos ante la pandemia del COVID-19. La crisis sanitaria ha representado un choque triple para los niños, niñas y adolescentes: el cierre prolongado de escuelas, el encierro por las medidas de confinamiento, y la pérdida de seguridad económica en los hogares. Este choque triple, tiene repercusiones en el corto y largo plazo que comprometen el desarrollo de toda una generación. Si bien los gobiernos de la región han puesto en marcha estrategias de educación a distancia que buscan mantener cierta continuidad en el aprendizaje y bienestar de los niños y adolescentes, estas soluciones han llegado de manera desigual y pueden agudizar aún más las brechas educativas que existían en la región antes de la pandemia».2

El pasado jueves 6 de noviembre, en conferencia de prensa, el GACH, a través de Rafael Radi, confirmó que los niños en edad escolar «se enferman poco, cuando se enferman tienen pocos síntomas, y estamos convencidos y seguros de que transmiten poco, lo que era una de las dudas que teníamos y lentamente se empieza a resolver».

Con esos datos y en el actual contexto de «relativo control» de la situación epidemiológica, Radi reforzó lo que el GACH ya había planteado en agosto respecto de tomar acciones para aumentar la presencialidad en los centros educativos, aunque eso implique disminuir el distanciamiento físico establecido en los protocolos. «Si hay que disminuir un poco la distancia, hay que reforzar la ventilación, el uso de máscaras, la desinfección y tratar de hacer actividades al aire libre», afirmó, «plenamente ratificando la conceptualización de ir hacia una mayor presencialidad». Aseguró que el aumento del riesgo de contagio por disminuir la distancia física en las aulas «no es gigante», y advirtió, además, que siempre va a existir. «Si estamos esperando que alguien nos diga ‘el riesgo es cero’, entonces nunca vamos a abrir una escuela; ese riesgo tiene que ser asumido por toda la sociedad», dijo.

3. Por su parte la Sociedad Uruguaya de Pediatría, el 6 de noviembre del corriente, emitió un comunicado donde expresa su «preocupación por los escasos días habilitados en la semana para que cada niño asista a su centro educativo, situación que se registra principalmente en la educación pública. Los datos epidemiológicos actuales de Uruguay avalan la presencialidad plena, y es indiscutible el valor que tienen estos centros para el desarrollo y bienestar físico y psíquico de los niños y niñas, al igual que las consecuencias negativas asociadas a la inasistencia» .

Por lo antes mencionado, es necesario en lo que queda del año, destinar los ahorros generados por el cierre de escuelas para garantizar la presencialidad plena. Incrementar el presupuesto educativo, solicitando al Poder Ejecutivo un mensaje adicional que se vincule a situaciones de emergencias que mitiguen los efectos negativos sobre los aprendizajes. Sin estos recursos presupuestales, se verá muy comprometida la continuidad y el ejercicio pleno del derecho a la educación para todas y todos.

Junto a la dotación de los recursos para finalizar este año y comenzar el 2021, es necesario tener un plan claro y consensuado para avanzar en la presencialidad plena:

● Las autoridades del CODICEN en coordinación con las autoridades de salud, deben establecer que se suspende la aplicación del distanciamiento de metro y medio establecido en el protocolo en aquellas zonas (Departamentos, localidades o instituciones) que presenten niveles de riesgo que no ameriten sacrificar las actividades presenciales. Los centros afectados a la suspensión se actualizarán cada vez que sea necesario en virtud de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

● Se deben implementar acciones específicas que preserven a niñas y niños que pertenecen a grupos de riesgo o que conviven estrechamente con personas que integran esos grupos a los efectos de garantizar el derecho a la educación.

● Al ser una situación extremadamente dinámica se utilizaran todos los medios disponibles a los efectos de informar a comunidades y docentes del cambio en la situación de cada centro. Se debe adecuar GURI y GURI Familia a tales efectos además del resto de los medios disponibles.

● Dotar de mayores recursos para las desinfecciones de los centros escolares. Las maestras y maestros en las escuelas, deben contar con la autorización escrita de CODICEN para organizar sus grupos en las aulas con una distancia menor al metro y medio estipulado actualmente por protocolo.

Maestra Gabriela Verde

 Consejera electa por los docentes Consejo de Educación Inicial y Primaria Montevideo, 

Webgrafía consultada

● https://www.telenoche.com.uy/nacionales/el-ministerio-de-salud-publica-habili to-acortar-distancia-en-salones

● https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2020/11/distintos-actores-coincidier on-en-que-es-necesario-un-acuerdo-politico-y-social-amplio-y-repartir-costospoliticos-para-lograr-la-presencialidad-plena-en-la-educacion

/ ● https://www.sup.org.uy/2020/11/06/comunicado-a-la-opinion-publica/

● https://www.unicef.org/uruguay/retomar-la-educacion-despues-del-covid-19 ● https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/informe-unicef-y-pnud-eviden cia-impacto-de-la-pandemia-en-la-educacion

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