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Comisión Parlamentaria

Magistrado planteó reducir pena mínima del delito de rapiña

Alberto Reyes, presidente del gremio de jueces, afirmó que muchos de los casos que llegan a los estrados judiciales son “rapiñuelas”, menos graves que algunos hurtos, y reiteró que aumentar penas no solucionará el problema de la seguridad.

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El presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Alberto Reyes, planteó la necesidad de bajar la pena mínima del delito de rapiña, como una herramienta para reducir la población carcelaria. El magistrado, que integra el Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 1º Turno, consideró “absurdo” e “irracional” que en algunos de estos casos los responsables sean remitidos a prisión en forma preceptiva. En reiteradas oportunidades, Reyes se pronunció en este sentido -incluso, en sentencias judiciales- pero esta vez presentó su postura ante legisladores de todos los partidos. Reyes encabezó la delegación de AMU -integrada por la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, y el juez Penal de 5º Turno, José María Gómez- que compareció el jueves 27 de julio, ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario de la Asamblea General, para analizar los hechos de violencia registrados en los establecimientos penitenciarios en Uruguay. En ese ámbito, los magistrados analizaron diversos aspectos de la normativa procesal penal, como los efectos del Código del Proceso Penal sobre las medidas de prisión preventiva. Pero también la cantidad de presos sin condena, los altos índices de reincidencia, la violencia que se registra en determinados centros penitenciarios y las posibilidades de rehabilitación en estos. Allí Reyes afirmó que una de las posibilidades para reducir la cantidad de presos es bajar la pena mínima que tiene asignada el delito de rapiña. “La pena es del año 1934; imagino que la reducción de una rapiña en ese año hubiera sido algo medio excepcional. Con esto no quiero decir que haya que aplaudirlas porque ahora existen más, pero todos sabemos que hay rapiñas y rapiñas”, afirmó Reyes. El delito de rapiña-previsto en el artículo 344 del Código Penal- tiene una pena mínima de cuatro años y una máxima de 16 años de penitenciaría. El mismo castiga al que “con violencia o o amenazas, se apoderare de cosa mueble, sustrayéndola a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella”. “La misma pena se aplicará al que, después de consumada la sustracción, empleara violencias o amenazas para asegurarse o asegurar a un tercero, la posesión de la cosa sustraída, o para procurarse o procurarle a un tercero la impunidad”, dice la norma. Esto hace que todas las rapiñas conlleven la prisión preventiva del responsable. Según Reyes, esto hace que algunas personas sean juzgados con penas excesivas para el delito que se cometió. “Hay rapiñas que uno ve en la televisión en las que hay muertos y violencia, y la gente queda espantada, pero nosotros, en los expedientes, vemos todo el tiempo las otras rapiñas, las que no salen en la televisión, en las que alguien, mediante amenazas verbales, le quita un reloj o un celular a una persona. Generalmente, la persona que comete el delito está totalmente drogada y tiene el mismo tratamiento, en cuanto al mínimo, que el que comete la rapiña salvaje con armas, como vemos en la televisión. Eso es absurdo, irracional; no tiene lógica”, enfatizó Reyes. El magistrado consideró que este es un tema al que “nadie le ha hincado el diente” y afirmó que en su momento le planteó al ex comisionado Parlamentario, Álvaro Garcé, de impulsar una reforma legislativa en este sentido. “Cada vez que veía a Garcé, le preguntaba: ‘¿Y? ¿Cuándo vamos a bajar el mínimo de la rapiña así la hacemos excarcelable?’. Contestaba: ‘No, la rapiña no se toca’”. Por este motivo, Reyes dijo que sería interesante de tener una estadística de cuántas personas están presas por rapiña, pero que se desglose en qué tipo de rapiñas cometieron. “En la jerga nosotros hablamos de las ‘rapiñuelas’; nos referimos a esas rapiñas que a veces son menos graves que un hurto. Un hurto agravado por la penetración domiciliaria puede ser un poco más shockeante que una rapiña de estas”. La reducción de la pena mínima de la rapiña -que en su momento también fue planteada por la Comisión Redactora del Código Penal, que presidió el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli-, abriría la posibilidad a los jueces de disponer el procesamiento sin prisión en el caso “en el caso de los recuperables, de los que cometían esa ‘rapiñuela’”, señaló Reyes. El magistrado destacó que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) creó algunos institutos que operan como “válvulas de escape para que la condena no sea inexorable”, como la suspensión del proceso a prueba. “Hay institutos que precisamente están previstos para que no todos los imputados de un delito más o menos grave terminen en la cárcel. Por ahí tampoco hay que desesperanzarse”, señaló. “Si todos estamos de acuerdo con que la rehabilitación o habilitación es posible –yo lo estoy–, hay que identificar qué provoca que en algunos casos sea posible y en otros no. Hay que identificar las variables para atender a que bajen los índices de reincidencia. Esto es bastante obvio. Por eso, a veces uno se pone mal. Es tan claro que se pueden hacer cosas pero ¿por qué no se hacen? Lo que sí es fácil de hacer es aumentar las penas, pero eso no soluciona nada”, concluyó Reyes.

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