El debate jurídico por la utilización de la palabra “deróganse” en el artículo 79 de la Ley 19.574, de Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley Antilavado), sigue generando polémica. En este marco, el senador Rubén Martínez Huelmo, presidente de la Comisión Especial contra el Lavado de Activos del Parlamento, afirmó que se trata de “un debate artificial” y que la ley procuró endurecer el combate al lavado de activos. “Es un debate artificial, absolutamente. […] Esto nace a raíz del legítimo derecho de un abogado defensor, el doctor Gustavo Salle, que introduce este argumento, pero la Fiscalía y la jueza lo rechazan. La justicia está actuando y está dando aprobación a lo que el Parlamento aprobó”, afirmó Marinez Huelmo en diálogo con Caras y Caretas Portal. Salle presentó -en representación de dos personas imputados por lavado de activos provenientes de un delito de contrabando- un recurso ante la Justicia en el cual afirmó que la utilización del término “deróganse” debía interpretarse en forma literal. De esta forma, el delito estaba extinguido y había desaparecido del ordenamiento jurídico uruguayo, por lo que todos los imputados por delitos de lavado de activos cometidos antes del 20 de diciembre debían ser absueltos y devueltos los bienes incautados por el presunto delito. La jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco desestimaron esta tesis, por lo que el caso pasó a estudio de un Tribunal de Apelaciones. En este sentido, Martínez Huelmo defendió lo actuado por el Parlamento. “Nos parece un truco sofisticado de un abogado que, buscando un interés legítimo para defender a su cliente, le busca un subterfugio a la ley, pero la ley dice lo que dice y por suerte ya los jueces están empezando a laudar. La lógica indica que el Parlamento no va a ir en contrario contra una doctrina mundial sobre todo en un tema tan delicado como es el lavado de activos”, expresó el senador. Martínez Huelmo afirmó que la Ley Antilavado apuntó a una compilación de toda la normativa antilavado -leyes y decretos-, a lo que se agregó la creación de nuevos delitos precedentes -como la defraudación tributaria y el sicariato-, de forma de cumplir con las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en 2019 analizará la legislación uruguaya. “En esa fisura en la que presuntamente cae el delito y surge el delito, es donde la interpretación del doctor Salle intenta meter su defensa. Pero el continuismo de la ley es obvio. Lo que se intenta a la luz de este proyecto es prolijar ese frondoso árbol jurídico de decretos y leyes, y agregar nuevas normas de las cuarenta que tiene GAFI a la ley nacional. Eso es lo que quiso el Parlamento, no quiso liberar a los presos ni evadir la responsabilidad del Estado”, expresó Martínez Huelmo. “Estamos hablando de delincuentes que lavan guita del narco, que lavan guita de la trata de personas -de mujeres, de niños-, de la venta de órganos, de los peores delitos. Querer decir que el Parlamento nacional buscó (beneficiarlos) de manera superficial, porque no estudio, porque no profundizó, es una verdadera aberración, que como parlamentario la rechazo absolutamente. Me pareció injusto que se diga que en el Parlamento somos unos delincuentes o que facilitamos leyes más beneficiosas para la gente que está en el lavado, cuando la intención fue pararnos firmemente contra todos los delitos que implica el lavado de activos”, expresó Martínez Huelmo.
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