La experiencia recogida por la videovigilancia en Ciudad Vieja y el Centro de Montevideo decidió la realización de este emprendimiento. El sistema de videovigilancia que será puesto en funcionamiento en el Área Metropolitana -Montevideo, Canelones y San José- cuenta con más de 3.000 cámaras y ha permitido mejorar la calidad de la seguridad y el combate al delito. Dicho sistema fue adquirido tras un proceso de licitación pública internacional adjudicado a la empresa Sonda Uruguay SA, con la que se firmó el contrato para su instalación a un costo total de 19 millones y medio de dólares, aproximadamente. Sonda Uruguay SA fue notificada el pasado 26 de junio de la resolución por la cual había resultado adjudicataria de la Licitación Pública Internacional Nº 18/2016, cuyo objeto es el arrendamiento (con opción a compra al vencimiento de plazo) de un sistema de videovigilancia para distintas zonas de la ciudad de Montevideo, Canelones y Ciudad del Plata (San José) en modalidad llave en mano. Se trata de unas 3.250 cámaras de videovigilancia que comenzarán a instalarse a partir del 15 de octubre, a un ritmo de 15 unidades por día, comenzando en Montevideo por los barrios de Punta Carretas, Villa Biarritz y Pocitos, y en Canelones, por Atlántida. Federico Laca, director del programa, destacó que “la videovigilancia urbana es una de las bases de la estrategia del MI, junto con el PADO [Programa de Alta Dedicación Operativa] y las reformas legislativas para lograr las metas de reducción de delitos contra la propiedad, un compromiso de la campaña electoral”. Sobre estas tecnologías remarcó: “La vigilancia urbana, de la que tanto se ha hablado, no consta sólo cámaras colocadas en las calles, sino que comprende otros aspectos a considerar (infraestructura necesaria, energía eléctrica, conectividad, fachadas o columnas para la instalación, análisis del delito de las zonas)”. La licitación incluye la instalación de un centro de monitoreo donde se concentrará la visualización de todas las cámaras del MI. Se ubicará en el predio de la Guardia Republicana y la entrega está prevista para octubre. Del total de cámaras previsto, 2.370 se instalarán en Montevideo; 760 en Canelones; y 120 en Ciudad del Plata, departamento de San José. “Con la experiencia acumulada de videovigilancia en Ciudad Vieja, Centro, Paso Molino, La Unión y Gral. Flores, se prevé un fuerte impacto a la baja de los delitos en las zonas donde se incorpore esta tecnología”, afirmó. Dos importantes características a resaltar de este proyecto son la analítica de comportamiento y el reconocimiento de matrículas de vehículos, aspectos que amplían la capacidad actual del potencial de esta herramienta. Analítica de comportamiento El software advierte frente a diferentes comportamientos definidos, (por ejemplo, el cambio de velocidad de vehículos o personas, merodeo, entre otros). Este análisis inteligente de video detecta en tiempo real los comportamientos y emite una señal al visualizador, quien deberá confirmarla. De este modo se optimiza la tarea de los operadores, mejorando sustancialmente los controles. Todas las cámaras que se instalen por este proyecto podrán aplicar estas analíticas de comportamiento. LPR, Licence Plate Recognition El reconocimiento placa patente (LPR por su sigla en inglés) permite leer matrículas y contrastarlas contra la base de datos de vehículos requeridos del Ministerio del Interior. Ubicados en puntos estratégicos de la zona metropolitana, los lectores controlarán todo el flujo vehicular que pase por su lente y transmitirán la información a las bases de datos para su cotejo y emisión de alertas. La instalación -15 de octubre en los barrios y zonas mencionadas- tiene un plazo previsto de 12 meses para completar el proyecto. Complementariamente a este plan, se prevé la instalación de otras 1.000 cámaras, aproximadamente, que se instalarán en zonas de frontera. Fueron donadas por la República Popular China al Ministerio del Interior, con lo cual el circuito de videovigilancia sumará unas 4.000 unidades a la red actualmente en funciones. La firma adjudicataria del proceso licitatorio internacional -Sonda Uruguay SA- estuvo representada por su vicepresidente, Gerardo Cruz, quien firmó, junto al ministro Bonomi, el contrato de adjudicación. A partir de este momento se cierra un proceso público licitatorio que implica una inversión total de US$ 19,5 millones, aproximadamente, que se abonarán en el transcurso de cinco años, que es el plazo de duración del proyecto.
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Identificar y alertar sobre el delito
El proyecto incorpora un sistema analítico de imágenes por comportamiento que permite identificar y alertar a la Policía sobre actitudes de personas, cambios de velocidades o sentido de circulación, detección de vehículos, peatones y niveles de sonido. La instalación y configuración de las cámaras, así como el soporte y mantenimiento de las mismas se hará por un plazo de cinco años en carácter de arrendamiento de servicios. Sobre el equipo a instalarse, las autoridades señalaron que se trata de cámaras full HD y 235 sistemas de reconocimiento de matrículas fijas (LPR). Estarán en puntos estratégicos del área metropolitana, así como en centros de monitoreo. Habrá una respuesta policial asociada a la visualización de las cámaras. Los equipos son de ultradefinición, domos y cámaras fijas, algunas unidades con tecnología 4K, (equivalente a cuatro cámaras HD). UTE y Antel también participan de este proyecto; la empresa de telecomunicaciones aportará la conectividad mediante fibra óptica y la cobertura FTTH, mientras que UTE garantizará la red eléctrica para que las cámaras funcionen debidamente. Por su parte, las intendencias de Montevideo y Canelones colaborarán con las columnas y la colocación de las mismas, así como la poda de árboles e iluminación de los espacios videovigilados. Este completo sistema de seguridad llevará la vigilancia por imagen a nuevos puntos y será una herramienta eficaz para la Policía y para la Justicia, al tiempo que se suma a la red de videovigilancia ya instalada en los barrios de Montevideo: Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Paso Molino, Goes, La Unión, corredor Río Branco, accesos a la capital e Ituzaingó. Contrario a lo que muchos pueden pensar, los delincuentes no se inhiben por la presencia de las cámaras. El encargado de la Dirección del Centro de Control Unificado (CCU), Robert Taroco, sostuvo que hay más procesados en los lugares donde hay videovigilancia. “Los números lo demuestran: el primer año en Ciudad Vieja tuvimos un total de 96 procesados y ahora, en seis meses, ya tenemos 144. Por esto, concluye que no hubo desplazamiento, pero sí una mayor efectividad y un mejor resultado del trabajo realizado”, afirmó.
Delitos frustrados
Efectivos pertenecientes al equipo Puma, apostados al Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) lograron evitar una rapiña a un local de cobranza. El hecho fue captado por las cámaras de vigilancia y comunicado por el Centro de Comando Unificado. Este es el resumen de uno de los tantos delitos frustrados gracias al uso de videovigilancia. Fue un día como cualquiera, próximo a las 9 de la mañana, cuando el propietario de un local de cobranza se encontraba abriendo sus puertas al público. En ese momento se acercó a él un desconocido, que, tras apuntarlo con un arma de fuego, le exigió que ingresara al comercio y le entregara el dinero contenido en los cofres. Segundos después un segundo asaltante entró al local y comenzó a revisar las cajas registradoras. El hecho fue observado por los visualizadores de las cámaras de videovigilancia. Inmediatamente, el CCU dio aviso a todas las patrullas de la zona de General Flores y Guarapirú para que concurran al lugar. Un equipo Puma recibió la información sobre una rapiña en proceso y se dirigió al comercio. Al llegar, se encontraron con un delincuente dándose a la fuga, por lo que se inició una persecución a pie que finalizó dos cuadras más adelante con la detención del autor. Al dialogar con la víctima se pudo establecer que el otro autor se dio a la fuga en una moto, segundos antes del arribo policial. El propietario del comercio informó que los delincuentes se retiraron antes de que el cofre de seguridad se abriera y lo único que hurtaron fue su billetera y su celular. La persona detenida fue identificada como BMGS, de 23 años, poseedor de un antecedente penal correspondiente al 10/11/2013 por un delito de hurto en grado de tentativa.