Violaciones a los derechos humanos

Más de 30 pedidos de procesamiento contra represores aguardan resolución

La Justicia aún no resolvió la solicitud de procesamiento librada contra 35 personas por crímenes cometidos durante la dictadura.

Carteles de desaparecidos. Desde las 9 de la mañana declara Miguel Sofía, acusado de integrar el Escuadrón de la Muerte

En abril de 2017, el juez Penal de 5º Turno, José María Gómez, dispuso el procesamiento con prisión del coronel (r) Rodolfo Álvarez, sobrino de Gregorio Álvarez, como cómplice de “un crimen de tortura, en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos”. Álvarez fue imputado por las torturas contra el ex preso político Gerardo Riet Bustamante en La Tablada. El militar -que pertenecía al Grupo de Artillería Nº 1- oficiaba como juez sumariante y, según la Justicia, hizo que el detenido (Riet) firmara un acta en la que afirmaba no haber sido objeto de malos tratos durante el interrogatorio, que la atención médica y alimentación fueron buenas y que durante el reinterrogatorio no fue objeto de presiones psíquicas ni físicas. Unos meses antes, la jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, procesó con prisión al coronel (r) Asencio Lucero, como responsable de reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados en reiteración real y entre sí. Lucero fue el militar que reconoció ante la Justicia la existencia de torturas durante la dictadura y uno de lo que vinculó al ex militante tupamaro, Héctor Amodio Pérez, en los operativos de detención de sus compañeros antes de la dictadura. Álvarez y Lucero fueron los únicos dos militares procesados desde el 1º de marzo de 2015 a la fecha. Mientras tanto, la Justicia recibió el pedido de procesamiento de 35 militares, policías y civiles en once procesos penales por crímenes de la dictadura, los cuales aún están pendientes de resolución. La amplia mayoría de esas requisitorias fue librada por la fiscal Ana María Tellechea -que asumirá la Fiscalía Especializada en Violaciones a los Derechos Humanos- y están a estudio de la jueza Penal de 7º Turno, Adriana De los Santos. Además, otros tres militares investigados en estas causas, fallecieron tras la imputación de la Fiscalía. Uno de los casos a estudio es la muerte del militante del MLN-Tupamaros, Pedro Lerena, en el Regimiento Nº 9 de Caballería, en setiembre de 1975. En base a diversa prueba recopilada durante la indagatoria, la fiscal Tellechea solicitó el procesamiento del jefe y el subjefe de esa unidad militar, los coroneles (r) Julio Litovski y Héctor Lezcano, como responsables de un delito de “homicidio muy especialmente agravado”. También solicitó enjuiciar al militar Ramón Albornoz, quien falleció durante el proceso. La investigación por la muerte por torturas del estudiante de Agronomía Hugo Leonardo De los Santos, en el Regimiento de Caballería Nº 6, derivó en el pedido de procesamiento de ocho militares. Entre otros, la fiscal Tellechea solicitó el enjuiciamiento de Lawrie Rodríguez y Victorino Vázquez (hoy fallecido). Otra causa que derivó en la imputación de militares fue la investigación por la muerte, del militante del PCR, Oscar Fernández Mendieta, en el cuartel del Regimiento de Caballería Blindada N° 2 de Durazno, en mayo de 1973. Por este hecho, Tellechea solicitó procesar a tres militares, entre ellos, Alberto Balestrino, hijo del general del mismo nombre. Otras dos causas que derivaron en el pedido de procesamiento de militares fueron las denuncias por detención ilegal y torturas presentadas por Universindo Rodríguez y Rodolfo Porley. En la primera, la fiscal Tellechea solicitó enjuiciar al coronel Glauco Yanone y otros dos militares, como participes del operativo que derivó en la detención de Rodríguez (hoy fallecido), Lilián Celiberti y sus dos hijos en Brasil. En el caso de Porley, el pedido de procesamiento fue contra el coronel (r) Jorge “Pajarito” Silveira (condenado por su responsabilidad en los crímenes del Segundo Vuelo de Automotores Orletti) y otro militar. Además, la fiscal solicitó el procesamiento de un militar, por la muerte del militante comunista Nuble Yic, en 1976. Otros dos militares fueron imputados por Tellechea por la muerte de Gerardo Coghlan, entre ellos, el coronel Asencio Lucero. Otros dos casos en los que Tellechea ya formuló imputación fueron las muertes de Iván Morales Generalli y Basilicio López. En el primero, la fiscal solicitó enjuiciar a Lawrie Rodríguez; en el segundo, solicitó procesar a tres militares. El proceso penal con más militares involucrados refiere a la muerte por torturas de Walter Arteche en el Batallón Florida. En esta causa, se solicitó procesar a once militares, entre ellos, Armando Méndez, Jorge Silveira, José Nino Gavazzo y Antranig Ohanessián. El militar Alberto Gómez Graña falleció durante la indagatoria. En una causa espejo, la muerte del militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Argentina Gerardo Alter, detenido y torturado junto a Arteche, el juez Penal de 4º Turno, Eduardo Pereyra, condenó a los coroneles Gómez Graña y Arturo Aguirre como coautores de un delito de “homicidio muy especialmente agravado”. También requirió la captura internacional del coronel (r) Hermes Tarigo, hoy imputado por el crimen de Arteche. La única causa pendiente de resolución en qué no intervienen la jueza De los Santos y la fiscal Tellechea refiere a los actos de tortura en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, entre 1973 y 1983. Este proceso se inicio ante una denuncia presentada por varios militantes del PCU y la UJC, referidas a los tratos “inhumanos, crueles y degradantes” en esa dependencia policial. En esa causa, la fiscal Mariela Luzi solicitó el procesamiento del policía José Lemos y del empresario Jorge “El Charleta” Guldenzoph. El juez Penal de 17º Turno, Carlos García, aún no pudo dictar su fallo. La mayoría de estas causas fue demorada por la estrategia procesal de las defensas de los militares, en cuanto a la permanente interposición de recursos de prescripción y de nulidad, así como recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, en algunos casos la Fiscalía imputó a personas que hasta el momento habían comparecido como «testigos», por lo cual la Sede volvió a citarlos en calidad de «indagados», de forma de respetar las garantías procesales y que puedan ejercer su defensa. (N. de R. En la nota original se refirió que en el expediente de Hugo de los Santos la jueza Adriana De los Santos «estaría en condiciones de resolver la situación procesal de los imputados». Eso no es así, por cuanto uno de los imputados por la Fiscalía interpuso nuevos recursos de prescripción y nulidad, por lo que el expediente está a estudio de un Tribunal de Apelaciones)

Compartir:
Leer entrada anterior
Confirman falta de merito de Cristina Kirchner en causa la ruta del dinero K
Cristina relanzó campaña y convocó a crear una nueva mayoría

La expresidenta reclamó por la aparición de Santiago Maldonado.

Cerrar