El MAS construye junto a Evo Morales la propuesta para las elecciones en Bolivia

El estado boliviano sufrió una profunda ruptura, no solo por el golpe de Estado que expulsó al presidente elegido y en legítimo ejercicio de funciones, sino por la manera en que los golpistas han hecho uso de los mecanismos a su alcance para sostenerse en el gobierno, que ha sido básicamente a sangre y fuego.

En este caso, igual que en los golpes de Estado del nuevo siglo, las fuerzas militares no son las que protagonizan los acontecimientos, pero su papel es determinante en el curso de los acontecimientos. La decisión que tome la mayoría de los militares define quién permanece o quién se va; en el caso de Bolivia, un comunicado “sugiriendo” a Evo Morales que renunciara fue determinante a la hora de saber de qué lado estaban.

A partir de ahí las manifestaciones de la población que rechazó el golpe de Estado han sido brutalmente reprimidas; inicialmente el gobierno no estaba claro pero los militares sabían cómo actuar y a quiénes reprimir, con lo que se puede deducir que actuaban de manera autónoma y solo posteriormente encontraron en Jeanine Áñez una figura tan necesaria como accesoria, pues los militares estaban en las principales ciudades que apoyaban al gobierno de Morales actuando con toda la fuerza para disolver marchas y manifestaciones a como diera lugar, sin que hubiera un gobierno central que lo ordenara.

La realidad atropella y cada vez es más difícil sostener que no se trató de un golpe de Estado, golpe en que la OEA tuvo un papel protagónico, ya no para refrendar el nuevo gobierno golpista que se alineara con sus intereses –que a la vez son los de la Casa Blanca, como hizo en Brasil, Honduras o Paraguay–, sino para ejercer la presión decisiva que se precisaba para que el golpe mismo se diera en un acto de injerencia directa y descarada.

Las investigaciones que desestiman los resultados del informe de la OEA sobre la existencia de irregularidades en el proceso electoral boliviano son varias, pero el daño ya está hecho y Bolivia en pocas semanas ha retrocedido décadas, derechos conquistados se están perdiendo y se ha desatado una verdadera cacería étnica sustentada en una xenofobia irracional donde mestizos, con un notorio componente indígena, persiguen y señalan a los miembros de las comunidades originarias de Bolivia. Una muestra de lo irracional de la situación es el caso de la misma Jeanine Áñez, quien tiene una fuerte carga genética indígena y quien afirmó tener una línea de ascendencia nórdica para justificar su xenofobia.

El proceso para desmantelar la propuesta política desarrollada desde el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales avanza con la anuencia de la comunidad internacional aliada de la derecha, que ven complacientes cómo se proscribe por razones ideológicas el partido de Morales, sustentando con montajes judiciales la persecución. Esta situación ha llegado hasta el mismo Evo, quien tiene una orden de captura en su contra en Bolivia, acusado de sedición y terrorismo, cuya prueba central son unos audios en los que se presume que es él quien llama a participar en actos de protesta en varias ciudades de Bolivia.

El mismo camino se ha recorrido con varios dirigentes del MAS, quienes fueron detenidos y otros debieron asilarse en la embajada de México en La Paz, sede que en los últimos días ha sido objeto de acoso por parte de las fuerzas policiales y militares bolivianas, que mantienen un cerco sobre el edificio, lo que ha llevado a que el mismo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se pronuncie, llamando al gobierno de facto a la cordura y recordándole que existen protocolos internacionales que se han respetado aun en las circunstancias más controversiales, salvo en el recordado caso de la dictadura uruguaya, que violó la extraterritorialidad de la embajada venezolana para secuestrar de allí a Elena Quinteros en 1976 y quien aun se halla desaparecida.

Los temores por parte del gobierno mexicano son bien fundados, las acciones desarrolladas por el gobierno de facto son lo suficientemente violentas como para generar incertidumbre. El 19 de noviembre, nueve personas fueron asesinadas por las fuerzas militares en la gasificadora Senkata, recibieron disparos en el torso y la cabeza mientras se dispersaban perseguidos por el ejército. El gobierno de facto dice que los muertos eran necesarios para evitar una catástrofe, pero niega haber sido quien los mató, acomoda las versiones sobre los hechos y se contradice. Lo mismo había ocurrido el 15 de noviembre, cuando en Sacaba, localidad de El Alto, nueve personas más habían sido asesinadas en las mismas circunstancias.

Todos estos hechos parten de la responsabilidad que tiene el gobierno de facto al haber emitido un decreto que habilitaba el uso de “los medios necesarios” para controlar las protestas que generó el golpe de Estado. Este decreto ha sido patente de corzo, no para que las fuerzas militares actúen con brutalidad desmedida, pues ya lo hacían, sino para que lo hagan sabiendo que no van a tener consecuencia alguna y que cualquier acción será considerada como un acto de servicio. Más de 30 muertos después, Almagro y la OEA siguen guardando silencio.

Todos estos hechos han sido denunciados a nivel internacional, llegando al punto que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha separado del papel cómplice de la OEA como organismo político multilateral, y ha denunciado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en las acciones de las fuerzas militares y policiales de Bolivia. Sin embargo, estos hechos están lejos de generar un eco lo suficientemente fuerte como para que cese la represión, pues prácticamente todos los vecinos de Bolivia hacen parte del Grupo de Lima, en lo que parece ser un acuerdo multilateral de control ideológico a toda costa en la región, una remanufactura del Plan Cóndor, que ahora tiene una mesa de trabajo del FBI en Paraguay a partir de la firma de un acuerdo del gobierno de Abdo Benítez con EE.UU.

El papel de las fuerzas progresistas en Bolivia ha sido inicialmente de reconstrucción interna, evaluar daños y ver con qué dirigentes puede contar para unas justas elecciones que –en la medida que son convocadas desde los golpistas– vienen cargadas de vicios de forma y de fondo, buscando proscribir a como dé lugar a cualquier expresión asociada al partido derrocado en el golpe y buscando, mediante lawfare, alejar a sus cuadros con mayor respaldo electoral en una táctica de persecución individual.

Evo Morales pasó del refugio en México a Argentina, donde, luego de la posesión de Alberto Fernández, ha llegado también como refugiado y desde donde ha conversado con la amplia comunidad boliviana residente en la región. Morales ha convocado para el domingo 29 de diciembre un acto en la frontera entre Argentina y Bolivia, donde se espera la asistencia de dirigentes y militantes del MAS, para elegir una posible candidatura a las elecciones que, aunque no tienen aún fecha, deben realizarse antes del mes de marzo.

El odio desatado desde el golpe ha marcado a Bolivia en las últimas semanas con un resurgimiento del racismo que se creía superado. Sin embargo, hay un amplio margen de población que apoya la gestión del MAS en la presidencia, gestión que llevó a este país andino a ser el de mayor crecimiento sostenido en la región, que generó políticas de distribución de la riqueza y que creó un punto de quiebre en las condiciones de los más sumergidos; esta población no olvida tan fácilmente los logros de los últimos años. Hay cuadros que pueden surgir como posibles candidatos, y el MAS debe reponerse de una fuerte persecución y buscar la manera de evadir los obstáculos que el golpismo va a poner en su camino, pues lo seguro es que los sectores ultraconservadores de Bolivia con el patrocinio del Grupo de Lima y Estados Unidos no han desarrollado un sangriento golpe de Estado para arriesgarse a perder en las elecciones que ellos mismos tienen que convocar.