En el artículo anterior nos referimos al modus operandi de algunos comunicadores y medios masivos en la construcción de opinión a partir de manejo sesgado de datos relativos a distintos aspectos de los resultados de las políticas sociales bajo las administraciones del Frente Amplio (FA). También nos expresamos sobre la manipulación que se hace desde las redes sociales de los insumos informativos, desde los que se organizan verdaderas hordas que tergiversan la realidad y construyen ficciones que llegan a poder calificarse como violentas, además de falsas.
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En este texto nos referiremos a aquellos aspectos del proceso histórico de transformación del Estado uruguayo identificados habitualmente con las políticas sociales, y que son consecuencia del acceso de la izquierda al gobierno en marzo de 2005.
Es absolutamente claro que la sustitución en el gobierno de los partidos tradicionales, que habían gobernado el país durante 170 años y que llegaron a 2004 totalmente atrapados por el pensamiento neoliberal, por una fuerza de izquierda progresista –mucho más teniendo en cuenta que se enfrentaban las consecuencias de la Crisis de 2002– tenía forzosamente que cambiar radicalmente la perspectiva y la gestión de las políticas públicas.
El nacimiento del Mides
Lo primero que hay que aclarar es que el nacimiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es contemporáneo con la ejecución del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes); entonces hay una especie de asociación muy fuerte entre Plan de Emergencia y Mides, cosa que tiene su lógica, porque el Mides fue el organismo encargado de coordinar y ejecutar buena parte del Plan de Emergencia.
Pero aunque a veces se ignora, dentro de los cometidos de fundación del Mides está la articulación de las políticas sociales, que es una cosa de mucho más largo aliento y proyección que el Panes.
El Panes se pensó como un plan de emergencia que hay que contextualizar en una coyuntura histórico política, ya no nacional sino latinoamericana, que es contemporáneo con un conjunto de planes parecidos y que obedece a una coyuntura de finalización, por decirlo de alguna manera, de una visión neoliberal en la ejecución de políticas y la confluencia hacia un papel distinto del Estado, que se tradujo en el conjunto de planes a nivel del continente.
Estas políticas se propusieron atender un proceso de crisis que se vivió por los finales de los 90 y principios de 2000 y que trajo un crecimiento fuerte de la pobreza y de la indigencia. A eso se encaminaron un conjunto de soluciones que tienen que ver con esto. Casi todas tuvieron un vector de transferencias monetarias y otro conjunto de acciones complementarias. Ahora, concomitante con eso y en arreglo a los distintos formatos institucionales existieron otros cometidos que tienen que ver con políticas sociales. En el Mides en particular hay una vocación hacia la articulación de políticas sociales que queda expresada en la ley, y está en la misma el propósito de construir una institucionalidad que tiene que ver con el Consejo de Políticas Sociales, el Gabinete Social y las Mesas Interinstitucionales, que acompañan este cometido, que las coordina la cartera y que han tenido distinto protagonismo según los gobiernos.
Lo antedicho es una forma de describir las líneas gruesas de la agenda, pero lo importante es que hay una reforma en la institucionalidad de las políticas sociales. Esto es lo central y vale la pena trabajar, estudiar y pensar en esto para que de nuestras cabezas no se escape esta idea que nos permitirá comprender mejor todo lo demás.
En el primer gobierno del FA, se materializó en una iniciativa no tan conocida como importante y sustantiva, que es el Plan de Equidad. Este plan es una iniciativa política en la que hay un cambio, una diferencia respecto a lo que habitualmente se identifica con políticas sociales y que hasta ese momento venía identificándose con el Panes, y es que organiza un conjunto de reformas. Dentro de eso se incluye, en una visión social de la política, la reforma de la salud, la reforma tributaria, la reformas en la seguridad social (que abarcan transferencias monetarias, flexibilización en el régimen jubilatorio y expansión del seguro de desempleo, entre otros), un conjunto de planes y de acciones específicos que operan a través de las sectoriales, la reforma de la institucionalidad de vivienda, la ley de educación, entre otras acciones.
Incluye también una visión transversal que constituye el “enfoque de derechos”, que tuvo un énfasis en el plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos. Por ejemplo, el énfasis en las políticas de género, generación (o sea, atendiendo a los distintos planos etarios) y raza y etnia. También deben tenerse en cuenta los trascendentes efectos de la reimplantación de la negociación colectiva y los consejos de salarios y las medidas vinculadas a fomentar la formalización del empleo y la mejora de los salarios mínimos.
Entonces aquí es donde hay un punto de inflexión, donde se pasa de una visión restringida de políticas sociales, como aquello que es un conjunto de programas para atender a los pobres, a una visión de la política organizada para obtener un conjunto de resultados que intervienen y transforman toda la matriz de protección social, con diferenciales, con distintos énfasis, acorde a la nueva matriz de riesgos.
De lo expuesto queda claro que no se trata de un conjunto de acciones independientes, sino de un conjunto integrado de políticas, que tuvieron y tienen un impacto muy significativo y positivo en los indicadores de pobreza, indigencia, desempleo, desigualdad y otros aspectos que hacen a la integración social.
Se trata de la construcción de un Estado presente que ha invertido en atender la emergencia, con un enfoque de equidad, que ha instrumentado programas de proximidad, de la mano de un conjunto de reformas estructurales, para atender los graves daños que produjo el modelo político anterior.
El diario El País no se ha enterado
Doce años después de la transformación política más importante de los últimos cincuenta años, durante los cuales han sucedido cambios en todas las dimensiones de la vida social y económica del país producto de la Política con mayúscula, el diario El País sigue repitiendo el mismo tipo de cliché de neoliberalismo extremo y rancio que lo hizo el adalid de la desigualdad, del autoritarismo y de la exclusión social.
Veamos un buen ejemplo. En el artículo que nuestro viejo conocido Julio Preve Folle, exfuncionario del gobierno neoliberal de Luis A. Lacalle Herrera, publicó en el suplemento Economía & Mercado del 30 de enero pasado, bajo el romántico título de ‘Para renovar la ilusión’, podemos leer: “El tema es de base ideológica. En efecto, el gobierno [del FA] cree que es él quien tiene que resolver de forma directa todos los problemas sacándoles a los que tienen. Es su ideología igualitarista, opuesta a ayudar a la gente a crecer, a apostar a la propia excelencia, al trabajo y su fruto, sustituyendo siempre su esfuerzo por la dádiva, por el empleo público. Y está convencido de un error grave que consiste en creer que es función del gobierno la redistribución del ingreso, lo que no es así. El gobierno no está para sacar a nuestros ‘riquitos’ para darle al Mides. Su función es generar bienes públicos: educación, seguridad, infraestructura, y no meterse en la vida de la gente”.
La frase no tiene desperdicio, pero está lejos de ser una pieza única. El asunto sigue por el lado de la economía: “Además, con este nivel de presión, ¿por qué van a venir inversiones si la carga tributaria corporativa es una de las más altas del mundo, la legislación laboral no incentiva la contratación de personal y se amenaza con frecuencia el derecho a la propiedad? Mucho se habla de los altos impuestos en Europa; sin embargo, son más bajos que en Uruguay”.
Como se ve en el primer párrafo, la ofensa de clase de este gobierno es que el destino de los impuestos recaudados, los cuales han crecido mucho más por la formalización de la economía que por la presión fiscal, son destinados al Mides. Mentira. El País y sus escribas saben muy bien que el gasto público ha crecido como nunca en la generación de bienes públicos y no en políticas focalizadas; 4,5% del PIB para educación, Fonasa, seguridad, vivienda, y apenas 1% del PIB destinado a asistencia social para atender los desastres de más de 40 años de neoliberalismo. El problema del diario El País es que este gobierno “se mete en la vida de la gente”, arbitra las relaciones sociales, regula los procesos económicos y productivos, ayuda a los que no tienen nada y los protege. Eso es terrible para un liberal explotador, es imperdonable. Es nada más y nada menos que prohibirle realizar su plusvalía al máximo extremo posible, que es el umbral de la esclavitud, el de la barbarie, el del Uruguay de comienzos del siglo XXI. Porque no nos creamos el verso que en la Crisis de 2002 todos se fundieron. El País no se fundió y muchos de sus feligreses tampoco, es más, en esos tiempos compraron y compraron tierras a la décima parte de su valor y se hicieron enormemente ricos. En la Crisis de 2002 los ricos, ricos salieron indemnes. Hasta los Peirano cuidaron y conservaron su patrimonio. Claro, luego de semejante farra no vale que alguien venga a controlar la riqueza, a intentar redistribuir los ingresos –porque la riqueza, digámoslo, no se ha tocado–, a regular las relaciones sociales y comerciales. No.
Y desde ese lugar, el diario El País entra en el segundo párrafo: en Uruguay no hay quien invierta, es gigantesco el costo del Estado (que según ellos va para el Mides), a tal punto que es superior a la presión fiscal de Europa. Para hacer luego la demostración de semejante fábula se remite a observar la imposición corporativa y no la imposición global, pero el asunto es a todas luces una estafa. La capacidad de inventar la realidad no tiene límites, en un renglón hablan de una cosa y en el siguiente la comparan con otra y así, de renglón en renglón, con la impunidad de clase que los caracteriza, mentira va, mentira viene, se van desplazando de las políticas públicas a las sociales, de las económicas a las productivas, inventando datos, truchando conceptos y fuentes, desplazando información de un país a otros y cubriendo todo esto con esa pócima mágica que los hace ser la quintaesencia del conservadurismo económico, los campeones de la prédica de la desigualdad, los abogados de la libertad (de los pocos). Es así y es por eso que está muy bien elegida su consigna. Si se trata de engañar al pueblo, si se trata de defender intereses oligárquicos, si se trata de promover la impunidad, si se trata de esconder la injusticia social, en eso el diario El País es y será PRIMERO SIEMPRE.