Matrimonio igualitario en Costa Rica: Sí, pero después

Por Fernando Francia Eran casi las 10 de la mañana del miércoles 8 de agosto. Siete magistrados ya comenzaron un debate que sería el más largo de la Sala Constitucional desde que se creó hace casi treinta años. Catorce horas después, el país seguiría en directo una improvisada conferencia de prensa del presidente del tribunal: «Lo que está diciendo la Sala Constitucional es que el parlamento tiene un plazo de 18 meses para regular el matrimonio igualitario o asumir determinada figura por un periodo transitorio, y deja vigente por un plazo de 18 meses la norma impugnada» diría, al filo de la media noche, Fernando Castillo. Es inconstitucional pero se mantiene por año y medio más, sería el resultado. Pero aquella mañana nadie lo sabía aún. La expectativa estaba puesta en esa decisión del tribunal constitucional puesto que ya había anunciado que el fallo se daría en los primeros quince días del mes de agosto. Cada vez que los magistrados se reunían comenzaban a circular rumores sobre una posible votación. Esta vez era cierto. Discutían un recurso de amparo interpuesto por Marco Castillo hace cinco años. Este debería ser debatido a la luz de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El recurso pedía la nulidad del inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia por discriminatorio e inconstitucional. También estaban en discusión otros dos recursos referidos al mismo tema. La opinión consultiva de la Corte, dada conocer en plena campaña electoral el 9 de enero de este año, le ordenaba a Costa Rica, y al resto de países integrantes del Pacto de San José, a adecuar su legislación para tutelar los derechos de las familias, sin importar su conformación: obliga a Costa Rica a instalar el matrimonio igualitario. Mientras avanzaba el día los rumores aumentaban. Los magistrados estaban decidiendo el futuro de muchas parejas en el país. Es el caso del propio Marco Castillo, un abogado que ha sido rostro del movimiento diversidad por muchos años. Él vive desde hace 16 años con su pareja. Hace cinco decidió desafiar al registro civil e intentó inscribir su matrimonio. Fue rechazado y por ello acudió a la Sala Constitucional para que definiera sobre la inconstitucionalidad del artículo del código de familia que le afecta. “Hemos vivido de todo. Desde los tiempos en que teníamos que escondernos hasta la actualidad en que podemos ser un poco más libres. Pero en todo el tiempo el denominador común es que tenemos menos derechos que otras personas”, dijo a CARASYCARETAS el abogado y activista gay. Se refiere a los derechos patrimoniales que otras parejas tienen, ellos no. No pueden visitar a sus parejas en hospitales, no hay herencias, ni siquiera pueden acceder a préstamos en conjunto. Castillo está acusado, además, de haber realizado un matrimonio prohibido, justamente por el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia. Él, como notario público, casó a un hombre y una mujer según los documentos y registros públicos de los contrayentes. Sin embargo, una de ellas si bien tenía el sexo registral masculino en su cédula es mujer de nacimiento. Esto originó, en la práctica, el primer matrimonio igualitario en el país en 2015, aunque fuera por error registral. Esto también colocó al notario en un litigio que podría dejarlo inhabilitado para ejercer durante un período de tiempo o enviarlo a prisión. Ya habían pasado varias horas del “cónclave” de los magistrados, y en redes sociales aumentaba el suspenso. A medio día se decía que habría alguna comunicación oficial al finalizar la tarde. El Poder Judicial salió a desmentir los rumores: no hay previsto ninguna conferencia de prensa ni comunicación alguna, dijo, también en redes sociales. Margarita Salas estaba muy pendiente de lo que se pudiera decir tras el debate, pero este no terminaba. “Estamos muy esperanzados, ojalá sea un resultado para celebrar”, dijo a CARASYCARETAS la activista. Ella fue candidata a diputada por el partido Vamos, que llevaba el tema de igualdad de derechos como principal bandera. “Todos estamos pendientes de lo que suceda hoy. Creemos que puede ser el día. Pero si es negativo, seguiremos luchando, seguiremos impulsando que Costa Rica permita, por fin, la igualdad de derechos para todas las parejas”, advirtió Salas. Las discusiones de los magistrados se realizan a puertas cerradas. Aunque luego se supo cuáles fueron los ejes de las cuatro distintas posiciones que tendrían los siete magistrados, a las dos de la tarde de ese miércoles nadie sabía el resultado. No se sabía aún que seis magistrados declararon inconstitucional el inciso en cuestión. Dos de ellos optaron por dejarle a la Asamblea la potestad de modificarlo sin tiempo definido, otros dos plantearon derogar en el acto el inciso inconstitucional y otros dos mantuvieron la tesis que finalmente obtuvo mayoría: declarar su derogación pero con plazo a 18 meses. Solo un magistrado, contra todos los demás, declaró sin lugar el recurso de Marco Castillo. Curiosamente fue el presidente de la Sala y también de apellido Castillo y quien tuvo que informar al país sobre el resultado de la maratónica sesión. Pendiente de lo que sucediera en esa discusión estaba también Luis Paulino Vargas, un economista y catedrático de la Universidad Nacional Estatal a Distancia y activista por muchos años de la causa LGBTI. Él lleva muchos años con su pareja. Varias semanas antes de esta larga jornada fue a inscribir su matrimonio en el registro civil. Allí se lo aceptaron, pero se mantendrá en un cajón, hasta que pueda haber alguna resolución. “Vinimos a hacer esto como un acto político”, expresó en su momento. “Nosotros nos queremos casar, pero también queremos que se acabe esta situación de ser ciudadanos de segunda categoría”, dijo a CARASYCARETAS en aquella oportunidad. En la noche de miércoles Vargas mantenía su atención en lo que pudiera salir del Poder Judicial. A las 7.25 de la noche escribió en twitter: “Ya es tiempo @PoderJudicialCR La Sala IV debe pronunciarse ya. No más dilación. No permitimos que jueguen con nuestros derechos. NUNCA MÁS #MatrimonioIgualitarioYA”. Como él muchos estaban expectantes, creían que en muy pocas horas podrían celebrar. A esa hora los rumores aumentaban. Se decía que ya había una decisión. Nadie se imaginaba que todavía habría que esperar cuatro horas más. Al caer la noche, las organizaciones LGBTI convocaron a una vigilia ante el edificio de la Sala Constitucional. Allí unas pocas luces del inmueble se mantenían encendidas. Seguían en reunión. Luego se supo que los cánticos también se oían dentro. “Ya es hora” y “mismos deberes mismos derechos” gritaban varias decenas de personas con banderas y megáfonos. El presidente del cuerpo colegiado diría, unas horas más tarde, que la discusión fue muy intensa. Que intentar acordar cómo podría resolverse la inconstitucionalidad del mencionado inciso les llevó varias horas. Y que también discutieron sobre los posibles impactos de la resolución en la sociedad costarricense, esa fue su mayor preocupación, confesaría Fernando Castillo más tarde. Aunque no hubo acuerdo, finalmente la resolución se dio. A las 10.06 de la noche se anunció la improvisada conferencia de prensa. El país se enteró del resultado a pocos minutos de la medianoche. Los magistrados, aunque declararon inconstitucional la norma que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, acordaron sostener la inconstitucionalidad por año y medio más, para “mantener la paz social del país”. La reacción fue inmediata. Las decenas de personas que se mantenían en vigilia contuvieron su grito de festejo y lo transformaron en decepción. Fue un triunfo, pero aplazado. Les dijeron que sí, “pero más tarde”. Para algunas personas podría ser demasiado tarde. Para uno de los activistas, Edgardo García, la decisión fue un balde de agua fría. “Tenían todas las herramientas para decidir hoy. No es lo que esperábamos porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos había sido muy contundente en la respuesta a la opinión consultiva que efectuó el gobierno de Costa Rica”. Algunos le buscaron un lado positivo y se mantuvieron con la esperanza de que al menos dentro de año y medio habrá igualdad de derechos. Luis Paulino Vargas, por el contrario, reaccionó con indignación. “¿Que mis derechos y mi dignidad pueden esperar 18 meses para que dentro de 18 meses deba suplicar que se aplique lo que tampoco entonces querrán aplicar? Perdón pero no”, dijo el economista la misma noche del fallo. “Con mi dignidad no se juega”, concluyó. Lo que pudo haber sido una celebración de toda la noche, fue un desánimo para algunos, pero un redoble en su intención de lucha para otros. Margarita Salas ya había adelantado que su activismo no cesaría. “Vamos a seguir luchando. La Asamblea tiene un plazo y nosotros vamos a estar ahí para recordárselo. No compartimos el criterio de los magistrados y seguiremos en la lucha”, dijo una vez conocido el resultado. Al día siguiente, las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la República, que había apoyado el matrimonio igualitario en su campaña electoral, convocó dos proyectos de ley al Congreso. Uno de “matrimonio igualitario” y otro de “uniones civiles”. Carlos Alvarado anunció que el Poder Ejecutivo “respeta” lo resuelto por la Sala Constitucional, y que “confiamos que en el marco del respeto pleno de los derechos humanos y al Estado de derecho prevalecerá lo dicho por la Sala Constitucional en relación al matrimonio igualitario, ya sea aprobado en la Asamblea Legislativa en los próximos 18 meses o a su efecto cuando entre en vigencia por la extinción por ese período”. El movimiento LGBTI rechazó contundentemente cualquier otra figura que no sea “matrimonio”, puesto que exigen mismos derechos que la población heterosexual, tal como lo indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Asamblea Legislativa, órgano que luego del fallo deberá debatir para adecuar la legislación al respecto, reaccionó en todos los sentidos. Un grupo, el más numeroso, anunció su rechazo a cualquier intento de matrimonio civil de personas del mismo sexo. Por otro lado, unos 7 diputados se manifestaron a favor. Los números no dan para una aprobación, pues son 57 curules de una sola cámara. Enrique Sánchez es diputado oficialista por el Partido Acción Ciudadana. En campaña reconoció su orientación sexual y anunció que impulsaría la igualdad de derechos para la población sexualmente diversa. Tras conocerse el fallo de la Sala Constitucional el diputado dijo a CARASYCARETAS que aunque haya voces en contra, “la única ruta es la igualdad de derechos con la misma figura jurídica que cobija a las parejas heterosexuales que es la del matrimonio civil”. Muchas más reacciones se dieron luego, pero en la noche del miércoles se ahogó el grito de festejo que esperaban las organizaciones LGBTI. El plazo de 18 meses aún no comienza, porque deberá esperar al “por tanto”, a la redacción completa de la resolución para la que no hay plazo de emisión. Al finalizar las 14 horas que dilataron la aprobación del matrimonio igualitario, el movimiento LGBTI tiene una esperanza más firme de verlo cerca, pero aún se mantiene la desigualdad de derechos.