Mes de la diversidad: Trans-formando Uruguay

La celebración anual del Mes de la Diversidad está dando sus frutos. Actualmente se puede decir que este evento esta dejando de ser una celebración meramente capitalina y se está consolidando como un proceso de dispersión del movimiento Lgbti hacia el interior del territorio nacional. “El desarrollo de las organizaciones sociales en el interior, con sus vaivenes, habla de que hay una construcción social que va mucho mas allá del colectivo Lgbti, y que abarca a muchas más personas heterosexuales que acompañan el proceso de respetarnos a todos, aunque sigan existiendo algunos resquemores conservadores”, señaló a Caras y Caretas Federico Graña, director nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).   El pasado fin de semana se celebraron marchas por la diversidad en Florida, Colonia, Salto, Lavalleja, Tacuarembó y Río Branco. También se organizaron manifestaciones en Las Piedras, Varela, Ombúes de Lavalle, Rosario y Carmelo. Para Graña, esto da cuenta de importantes avances que permiten, especialmente a las generaciones más jóvenes, tener más libertad en su orientación sexual o en su identidad de género y empezar a borrar los tradicionales estigmas de la intolerancia. “La capital a veces te permite cierto anonimato, pero, en cambio, una orientación sexual o una identidad de género distinta a la esperada puede ser un proceso muy difícil de sostener en localidades más pequeñas, donde todo el mundo se conoce. Que el movimiento se empiece a expresar en ese tipo de lugares nos habla de una nueva generación que no está dispuesta a volver atrás”, señaló el entrevistado. Actualmente, Uruguay se encuentra a la vanguardia de América Latina en cuestión de reconocimiento y apoyo a la diversidad sexual, junto a países como Argentina. Sin embargo, un tema de tan profunda raigambre histórico cultural aún se encuentra en los albores de experimentar una transformación integral en la sociedad. Por ello, la cultura heteropatriarcal aún no ha sido desplazada de su normatividad excluyente, conllevando una suerte de violencia institucionalizada a nivel físico y simbólico hacia quienes se apartan de la misma. Actualmente, la principal oposición organizada contra el avance de la tolerancia en el país son las iglesias pentecostales y evangelistas, las cuales promulgan un fuerte discurso de odio, no sólo dirigido hacia la diversidad sexual, sino también hacia otras creencias religiosas, como las de matriz africana u otras corrientes dentro del mismo cristianismo. “Ese es el núcleo más duro y más irracional, sobre todo porque generan un discurso de odio que no asumen”, señaló Federico Graña. En este sentido, el jerarca destacó como ejemplo el reciente fallo judicial del magistrado brasileño Waldemar Cláudio de Carvalho, el cual permitió el uso de terapias de reconversión de la orientación sexual por parte de psicólogos con el objetivo de imponer la heterosexualidad como la única opción saludable. Para esto se llega a habilitar el empleo de terapias de electroshock. Esta decisión, que devuelve a Brasil a mediados del siglo pasado, fue pregonada desde 2013 por diputados evangelistas en el Congreso. En contraste con este tipo de corrientes también presentes en el territorio nacional, Graña destaca otras vertientes cristianas, como Iglesia Valdense, que incluso han participado en las marchas de la diversidad en localidades como Colonia del Sacramento. “Las actividades de diversidad sexual se hicieron en sus parroquias”, explicó. “Podemos hablar de las Valdenses como otro tipo de corrientes dentro del cristianismo, que es mucho más amplio que la Iglesia Católica”. A este sector se suman otros, como la Iglesia Anglicana y la Iglesia Metodista, que no ponen trabas al desarrollo del movimiento Lgbti.   La lucha trans Por otro lado, el colectivo cuya situación evidencia más claramente el atraso de la sociedad en cuanto a tolerancia y diversidad es el de las personas trans. Este es probablemente el sector social más definido por la recepción de discriminación y de violencia desde todos los niveles de la sociedad. Actualmente no adaptarse a la dualidad de género heteropatriarcal hegemónica implica directamente no poder acceder a una forma de sustento estable y legal. En Uruguay hay un total de 937 personas trans censadas. Únicamente 23 por ciento de ellas tiene un trabajo formal. Alrededor de 30 por ciento está desocupada y 65 por ciento trabaja en ocupaciones informales, mayoritariamente en trabajo sexual. Sin embargo, el drama del colectivo trans es aun más grave, ya que su expulsión del sistema productivo no tiene lugar únicamente en la etapa de incorporación al mundo laboral, sino que se da en las etapas de vida iniciales relativas al período formativo. Según explicó Federico Graña, alrededor de 70 por ciento de la población trans uruguaya no terminó el ciclo básico, ni primaria. Esto es debido a que los centros educativos suelen configurarse como espacios fuertemente hostiles para las personas que se apartan de la normativa heteropatriarcal. A esto también hay que agregar que la mayor parte de individuos trans han sufrido una expulsión de su hogar entre los 14 y los 16 años. “Ese panorama no lo tiene ninguna otra población. Pensemos que si la mayoría de la población uruguaya estuviese expuesta a una situación similar, estaríamos en una situación de emergencia social dantesca”, señaló Graña. Por otro lado, el Estado tiene un debe particular con el colectivo trans, ya que durante el periodo militar, las personas que integraban este grupo social fueron víctimas de torturas, extorsiones y abusos indiscriminados por su propia condición sexual. En este sentido, los datos del último censo elaborado por el Mides indicaron que el promedio de ingreso de las personas trans en Uruguay es de 7.600 pesos. Sin embargo, cuando se analiza el sector de mayores de 51 años, el ingreso medio desciende a 3.800 pesos, es decir, baja casi 50 por ciento. En este sentido, aún no se puede evaluar el impacto real que el régimen militar tuvo sobre este colectivo, ya de por sí vulnerado en sus derechos más elementales por sistema social dominante. No obstante, la lucha del colectivo más discriminado y vulnerado de la sociedad puede situar a Uruguay en la vanguardia de los derechos sexuales y el reconocimiento de la diversidad en todo el continente americano. Esto se debe a que desde el 1º de junio está en estudio, en el Parlamento, el proyecto de Ley Integral para Personas Trans (LIPT), elaborado por el Consejo Nacional de Diversidad Sexual (presidido por el Mides e integrado por representantes de todos los ministerios, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso de Intendentes, la Universidad de la República, el Codicen y la sociedad civil). Esta iniciativa aporta una serie de avances, como eliminar el proceso judicial necesario actualmente para que una persona realice un cambio de nombre y sexo registral. Esto hace que el procedimiento se quede en un trámite meramente administrativo, lo que implicará menor tiempo y costo a las personas interesadas en llevarlo a cabo. Otro punto clave de este proyecto es que reconoce que el Estado persiguió durante la dictadura cívico militar a las personas trans, causando daños permanentes en ellas. Por ello se establece una prestación a modo de acción reparatoria para las personas trans nacidas antes de diciembre de 1975. Su monto sería equivalente a una transferencia monetaria mensual de tres bases de prestaciones y contribuciones (BPC) de carácter vitalicio y no heredable. Este tipo de medidas hacen que, de aprobarse esta legislación, Uruguay se situase en la vanguardia de todo el continente americano en lo referido al reconocimiento que otorga a este colectivo. El lanzamiento de este proyecto de ley estuvo precedido por otros grandes hitos en el reconocimiento del colectivo trans, que recién empezaron a aparecer a partir de 2009. En ese año puede identificarse un importante punto de inflexión en la política pública con la publicación de la  Ley Nº 18.620, “Derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificatorios”. Este texto reconoció por primera vez que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro”. Por ella se habilitó a cualquier individuo a “solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo, o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género”. Según Federico Graña, hay una batería de políticas públicas entre las que destacó el establecimiento de cuotas en los programas de trabajo protegido para personas trans o el otorgamiento de la Tarjeta Uruguay Social a integrantes de este grupo por su propia condición sexual (lo que implica una transferencia monetaria de más de 900 pesos). Sin embargo, la eventual aprobación de la LIPT para personas trans implicaría “dar un gran salto cualitativo”.