Mes contra la violencia patriarcal: Compromiso de género

En Uruguay 70 por ciento de las mujeres declara haber vivido situaciones de violencia basada en género y generaciones (VBGG) en algún momento de su vida. En el correr del año han tenido lugar 24 femicidios según las cifras oficiales, aunque la cuenta llevada por la Coordinadora de Feminismos UY sostiene que ya son 26. Esto hace que, aun ateniéndose al mejor de los casos, Uruguay ya ha igualado la cifra de femicidios de 2016 (24) y continúa figurando en términos proporcionales entre los países en los que más mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas de América Latina. Una clave explicativa de este sádico récord es el buen sistema de registro de este tipo de crímenes que tiene el Estado, lo que hace que estos se contabilicen prácticamente en su totalidad. Algo parecido sucede en Europa, donde los países nórdicos presentan mayores tasas de femicidios que los países mediterráneos, a pesar de tener históricamente una mayor conciencia de género. No obstante, para la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Uruguay, Mariella Mazzotti, “esto expresa una matriz cultural extremadamente conservadora que mantiene Uruguay en relación a las pautas sociales ligadas a las conductas de varones y mujeres”. La jerarca argumentó en entrevista con Caras y Caretas que “este tipo de conductas ligadas a una conceptualización de posesión y dominio sobre las mujeres son el caldo de cultivo para la violencia de género”. La Primera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones de 2013, reveló que 23,7 por ciento de las mujeres de 15 años o más que tienen o han tenido pareja han vivido situaciones de violencia en los últimos 12 meses. Si se tienen en cuenta sólo los casos de las jóvenes de entre 15 y 29 años, este ratio asciende a 30 por ciento.   El pasado octubre, Uruguay avanzó en su respuesta punitiva a este tipo de violencia, cuando la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que introduce el femicidio como figura especialmente agravada en el Código Penal, conllevando penas de hasta 30 años de cárcel. Sin embargo, la mayoría de organizaciones feministas no creen que la solución pase por el aumento de penas y exigen la aprobación de un proyecto de ley integral que visibilice el problema de la violencia de género fuera del ámbito estrictamente doméstico y de las relaciones de pareja. En este sentido, las organizaciones feministas demandan una legislación más abarcativa que traiga consigo todo un cambio de enfoque asumiendo que la violencia contra la mujer en sus diferentes formas es inherente al sistema sociocultural de corte patriarcal en el que vivimos, en la medida en que responde a su necesidad de reproducción. El proyecto de ley integral remitido por el Poder Ejecutivo con el apoyo de la sociedad civil en abril de 2016 ya tiene una primera aprobación en comisión y a lo largo del presente mes pasará al pleno del Senado para su discusión y votación. Sin embargo, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos emitió el 2 de noviembre un comunicado crítico, firmado por una veintena de organizaciones feministas además del Pit-Cnt y Amnistía Internacional. En este texto se rechazan varias modificaciones realizadas por la comisión del Senado que tuvo a estudio el proyecto y se reivindica que se apruebe su redacción original. Entre las modificaciones que se rechazan en el texto, destacan la no prohibición de los procedimientos quirúrgicos a los que someten a las personas intersex, que “implica dejarlas sin la debida protección y exponerlos a posibles procesos de tortura como la realidad lo ha demostrado”. Las organizaciones también denuncian que, tras pasar por la comisión, el proyecto no contempla la tipología ambiental del acoso callejero, lo que “deja por fuera de la previsión la manifestación de violencia más común en ese ámbito”. Asimismo denuncian que el texto actualmente no contempla todas las modalidades de abuso sexual especialmente agravado, que ha dejado de asumir “el compromiso estatal de incidir positivamente en la eliminación de la dominación de la mujer sustentada en estereotipos” y ha debilitado las garantías referidas a la vivienda de mujeres maltratadas, así como la conceptualización que inicialmente contemplaba respecto a la violencia obstétrica. “Las mujeres hemos esperado tanto que no aceptaremos que ninguna quede en el camino”, señala el comunicado, donde se reclama especialmente “la imperiosa necesidad de alejarnos de la respuesta legal fragmentada, heteronormativa, precaria, con redacción género neutra, contradictoria y compleja que actualmente contiene nuestro ordenamiento jurídico”.   Trabajo de prevención Un reclamo ya histórico de las redes de mujeres organizadas contra la violencia de género es el desarrollo de un sistema de protocolos de actuación por fuera del ámbito penal que permitan identificar la violencia de género mediante una política pública de ámbito más preventivo. Según explicó Mazzotti a esta revista, Inmujeres cuenta con un presupuesto que ronda los 200 millones de pesos al año. De este monto, una parte importante se dirige a la realización de numerosas acciones en las áreas de educación y sensibilización que pretenden trabajar el ámbito preventivo. La jerarca destacó en primera instancia la campaña “Noviazgos libres de violencia. 50 días de reflexión”, lanzada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a través del Inmujeres por primera vez en octubre de 2016, la cual se ha reeditado el presente año. Según Mazzotti esta “es una campaña interinstitucional que suma 13 organismos del Estado, por lo que llega a todo el país y a pequeñas localidades de Uruguay y está centrada en la activa participación de los adolescentes”. Se trata de una campaña de prevención en la que se generan instancias de reflexión y de promoción de derechos enfocadas en adolescentes mujeres y varones. “Son ellos mismos los que ven cuáles son las situaciones de violencia que se dan en el marco de los noviazgos y los que plantean cómo superar este tema”, subrayó la jerarca. Desde el Mides se asume que el noviazgo supone una etapa significativa en la vida de las personas, que presenta muy diversas formas de experimentarse en las que se reproducen “las normas y prácticas de género, así como las formas de relacionarse y de aprender a vincularse con la otra persona”. Por ello, el desarrollo de proyectos en esté ámbito constituye un frente fundamental en la lucha contra la violencia de género. Otras líneas de trabajo fundamentales en el ámbito de la prevención es el trabajo con las denominadas “nuevas masculinidades” o “masculinidades solidarias” en actividades de capacitación a operadores sociales de distintos programas del Mides y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). “Al trabajar en el tema de las masculinidades promovemos que los varones reflexionen sobre la pautas culturales tradicionales y encuentren nuevas formas de sentirse bien, actuando sin conductas violentas”, explicó Mazzotti. En este sentido, la jerarca también destacó la implementación de una red de educación y género, desarrollada junto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en la que se trabaja junto a los educadores en una serie de protocolos de prevención y de actuación en el marco de la educación formal. Por último, la directora de Inmujeres destacó el proyecto “Por el juego y por tus derechos: una transformación cultural a través del fútbol”,  desarrollado junto a ONU Mujeres y la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI). “Estamos trabajando con entrenadores, con los dirigentes y con los adolescentes toda una línea de inclusión de las mujeres en el fútbol, pero también de la igualdad de derechos y de la sensibilización contra los valores y conductas machistas que hay en el interior de este deporte”. En este sentido, el desarrollo de las mujeres en el deporte se configura como una vía de empoderamiento esencial que rompe con el mandato de género tradicional que asocia lo femenino con la pasividad, a la vez que se promueve el ascenso de mujeres a lugares de toma de decisiones dentro de ONFI.   Plan de Acción 2016-2019 El 19 de noviembre se cumplirán dos años de la presentación del “Plan de Acción 2016-2019: Por una vida libre de violencia de género, con una mirada generacional”, por el cual se fijaron una serie de metas concretas a nivel institucional respecto a las cuales los poderes públicos debe rendir cuentas anualmente. Mazzotti destaca que este documento ha impulsado avances sustanciales en la lucha contra la violencia de género, ya que involucra a un gran número de instituciones públicas. En este sentido, la dirigente destaca la reformulación de los equipos de referencia de salud pública llevados a cabo tanto a nivel de ASSE como del mutualismo, así como todo el trabajo que se está profundizando junto al Ministerio del Interior (MI) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma). En el primer caso  se están llevando a cabo capacitaciones tanto en materia de femicidio como en materia de masculinidades y en la atención a hombres agresores. Por otro lado, desde el propio Inmujeres se han fortalecido la cantidad de servicios de atención, pasando de 22 a 27 durante el presente año. En lo referente a vivienda, Mazzotti destacó que Inmujeres está trabajando en la creación de centros de protección para mujeres que requieren algún tipo de protección habitacional en Montevideo. En este marco se está trabajando con el Mvotma en aras de “fortalecer los dispositivos habitacionales puestos a disposición para las políticas de prevención de la violencia de género”. Este tipo de acciones permite a la jerarca afirmar que “el plan efectivamente ha ayudado en la medida en que ha fortalecido notoriamente el enfoque de género intergeneracional en las instituciones públicas”.