Hasta ahora, el artículo 108 estipulaba que el presidente podía ser juzgado mientras ocupa su cargo solo por los delitos de traición a la patria y delitos graves de orden común. En caso de que la reforma aprobada por la Cámara de Diputados sea aceptada por el Senado —donde será discutida y votada—, a esta lista de infracciones se añadirán los delitos electorales, actos de corrupción y todos aquellos delitos por los que podría ser procesado cualquier ciudadano.
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El iniciante de estos cambios fue el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuya motivación para proponer las modificaciones en la Constitución ha sido la «deshonestidad de los gobernantes y de las élites del poder», que según él, han causado el mayor deterioro a la vida pública de México.
Por su parte, la reforma también ha encontrado sus críticas. Así, el diputado del conservador Partido Acción Nacional, Marcos Aguilar, indicó que dicha reforma solo amplía la lista de delitos, pero no elimina como tal el fuero presidencial, puesto que seguiría siendo necesario que la acusación sea presentada por el Senado, y no por las autoridades competentes.
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