La subsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera, informó que se abrirán tres centros diurnos que se sumarán a los 53 dispositivos y a la unidad móvil. Desde 2005, unas 20.000 personas pasaron por los centros para personas en situación de calle; la mayoría estaban en cárceles o padecen patologías psiquiátricas. Adicciones al alcohol, consumo problemático y falta de vínculos familiares, son las situaciones más recurrentes.
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“Nosotros comenzamos con cinco dispositivos y, actualmente, tenemos 53 y una unidad móvil que realiza la captación en calle”, describió la subsecretaria.
Precisó que desde 2005 pasaron 20.000 personas por los centros. Destacó que este año vivieron en los centros para personas en situación de calle, que tienen 1.600 cupos, unas 3.000 personas que ingresaron en momentos especiales de su vida, debido a que padecen diversas adicciones al alcohol y consumo problemático, que se atienden con tareas de contención que se despliegan con la Junta Nacional de Drogas. “Son personas que claramente no son indigentes, por definición en cuanto a los ingresos; son otros los problemas que se vinculan a la ruptura con las familias a partir de las adicciones”, apuntó.
Explicó que en el último Consejo de Ministros, la titular de Desarrollo Social, Marina Arismendi, presentó las acciones interinstitucionales del Estado sobre la situación de las personas en situación de calle, tema que había sido conversado con el presidente de la República, Tabaré Vázquez.
«Cuando uno habla de un número tan acotado de personas (en relación a quienes están en situación de calle), el problema es que en muchos casos hay que hacer casi trajes a la medida”, explicó.
Olivera planteó que uno de los temas centrales de la problemática es la prevención y cómo evitar que las personas lleguen a situaciones de calle. Señaló que uno de los factores comunes en esa población es que provienen de una institucionalización previa, es decir, personas que al cumplir 18 años salen del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), de situaciones de privación de libertad en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), del sistema carcelario o del hospital Vilardebó y que luego no tienen contención familiar y terminan en la calle.
«Este es un tema sobre el cual nosotros hacemos un especial énfasis y sobre el que estamos trabajando, además, porque el problema no es solo cuantos, sino quiénes son».
Olivera expresó que la población que vive en calles es mayoritariamente masculina con un promedio de 40 años. Agregó que una última oleada de personas que salieron de la cárcel se agrupa en campamentos porque han perdido todos sus vínculos familiares por diversos motivos y hasta las posibilidades de volver al barrio en el que estaban.
Fuente: Presidencia
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