Milagro Sala cumple un año de prisión irregular

El pasado lunes la activista indígena y diputada del Parlasur por el Frente para la Victoria, Milagro Sala, cumplió un año de prisión en el penal jujeño de Alto Comedero, a pesar de los reclamos por su liberación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instituciones internacionales. Debido a esto, esa jornada tuvo lugar una marcha hacia el puente Pueyrredón de Buenos Aires, en la que militantes, sindicalistas y activistas denunciaron las irregularidades de la detención de Sala y clamaron por su liberación inmediata. En la provincia de Jujuy, a pesar de los anuncios de actividades de protesta a cargo del Comité de Liberación de Milagro Sala, no tuvo lugar ninguna manifestación reseñable. Entre las personalidades que acudieron al evento en Buenos Aires se destacaron la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, el exmagistrado y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, el exjefe de Gabinete y referente massista Alberto Fernández, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, y varios dirigentes, intendentes y gobernadores kirchneristas. Zaffaroni expresó en su intervención que “en estas condiciones lo que corresponde en un Estado de derecho, y conforme al texto de la Constitución, si no se garantiza la administración de justicia, es la intervención federal en la provincia de Jujuy”. Mediante la emisión de un documento conjunto, las asociaciones que se dieron cita allí denunciaron que “en la provincia de Jujuy hay un estado de excepción”. Sala acumula actualmente ocho causas judiciales contra su persona: amenazas y daño agravado, instigación a cometer delitos y tumulto, asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública, una megacausa por corrupción, tentativa de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria, lesiones graves, tentativa de privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas a una comisaría. Sin embargo, en octubre de 2016, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dictaminó, tras estudiar el caso, que la detención de Sala es arbitraria y que “hubo un entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo”. A su vez, este comité indicó que se violaron derechos esenciales vinculados a la defensa de la imputada al no darle a conocer con precisión y claridad los hechos concretos en los que se basa su acusación. Desde Naciones Unidas entienden que el gobierno jujeño también violó los fueros que impedían la encarcelación de la dirigente social por tratarse de una diputada del Parlasur. El caso de Milagro Sala ha puesto de manifiesto a nivel internacional los abusos cotidianos que se viven en la provincia de Jujuy desde la asunción de Gerardo Morales como gobernador ,tras las elecciones de diciembre de 2015. Tanto Amnistía Internacional como el CELS denuncian que “se ha consolidado en Jujuy un escenario de alarmante vulneración del derecho a la protesta: las respuestas del Estado jujeño al conflicto social incluyen la activación de un sistema contravencional diseñado para silenciar el disenso”. La historia de Sala Milagro Sala fundó la organización barrial Tupac Amaru en 1999, la cual se consolidó en Jujuy como una suerte de red institucionalizada de servicios sociales, orientada a velar por los intereses de colectivos populares informales. Sus integrantes afirman haber construido más de “3.000 viviendas, escuelas, un centro de salud con un tomógrafo, un centro de rehabilitación para chicos discapacitados, fábricas textiles, siderúrgicas y un parque acuático con una enorme pileta, cascadas y toboganes. Todo eso se logró usando de manera eficiente el dinero que el Estado destina para construir viviendas”. Esta cualidad de la Tupac Amaru ha sido criticada por diversos sectores de la oposición, tanto de izquierda como de derecha, por haber formado una especie de gobierno paralelo. Desde la izquierda trostkista, el Partido Obrero denuncia que a través de esta sociedad, “el Estado nacional tercerizó la obra pública y otras funciones estatales con trabajadores cobrando la mitad del convenio Uocra”. Para esta formación, “la cooptación de la Tupac luego de 2001 y los ‘jujeñazos’ fue la forma particular que tuvo que darse la burguesía para regimentar a las organizaciones populares luego de que se quebrara el viejo aparato de punteros del Partido Justicialista. Así fue que se convirtió en una suerte de gerenciadora sobre la base de un manejo discrecional de millones y millones de pesos sin control, lo que la convirtió en un Estado dentro de un Estado”. La llegada de Gerardo Morales al gobierno Jujuy estuvo apoyada por la sección de la burguesía tradicional jujeña, la cual busca recuperar el poder perdido durante la última década y favorecer a su red de contratistas privados. De ahí surge la campaña represiva desmedida contra la Tupac Amaru y su líder, que ha llevado al escándalo internacional. Una de las primeras medidas que llevó a cabo Morales tras asumir como gobernador fue crear una “justicia provincial” a su medida. El gobernador impulsó una ampliación de cinco a nueve en el número de cargos del Tribunal Supremo de Jujuy, los cuales fueron ocupados por personas afines. También ubicó a varios parientes en puestos claves del poder judicial provincial, según denunciaron varios diarios regionales y movimientos sociales. Morales también ha sido acusado por utilizar jueces para amedrentar a opositores. Paralelamente a esto, el líder del Unión Cívica Radical (UCR) impulsó el Programa de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales, el cual perjudica a la red de cooperativas situadas en la órbita de la Tupac Amaru. Debido a esto, se organizó el campamento en la plaza central de San Salvador de Jujuy por el que Sala sería detenida el 16 de enero de 2016. Esta protesta reclamaba la apertura de una mesa de diálogo entre el gobierno provincial y las organizaciones sociales. La detención de Sala inicialmente fue por “instigación a cometer delitos”, “tumultos” y “sedición”. El día anterior, el gobierno provincial eliminó la personalidad jurídica de la Tupac Amaru y cerró sus cuentas bancarias con el argumento de que la sociedad había cambiado su objeto social. El 18 de enero los fiscales del Estado, asociados a Morales, acusaron a Sala de apropiación indebida y desvío de 29 millones de pesos públicos, bajo la promesa de emplearlos en obras sociales que nunca tuvieron lugar. Por ello, la diputada del Parlasur fue acusada de asociación ilícita agravada y de cometer fraude y perjuicio contra la administración pública. Esta acusación se basó en testimonios de presidentes de nueve cooperativas de Jujuy integradas en la red de trabajo de la Tupac Amaru. Estas personas denunciaron a varios miembros de la Tupac como mano derecha de Sala en el caso de desvío de fondos. Sin embargo, desde la asociación denuncian que estos cooperativistas actúan así por haber sido “cooptados por el gobierno provincial a través de prebendas y prácticas desleales con la velada intención de dividir a la clase trabajadora”. El caso se agravó más cuando la diputada y exmiembro de la Tupac Amaru Mabel Balconte (señalada por los cooperativistas como mano derecha de Sala) denunció que “gente de Milagro Sala retiraba el dinero del Banco Nación y lo llevaba a la vivienda de ella en el barrio Cuyaya”. Según expresó el abogado de Morales, de ahí los allegados de Sala transportaron el dinero a Buenos en Aires en valijas hasta un apartamento, y de ahí finalmente se trasladó a la Quinta de Olivos, donde lo recibía Máximo Kirchner. No obstante, este testimonio se puso en duda tras una declaración posterior del secretario de Balconte, Santiago Hamud, el cual reconoció que las palabras de la excompañera de Sala fueron producto de amenazas por parte del gobernador Morales. “Ella lloraba y se ponía mal porque decía que desde el radicalismo y Gerardo Morales la mandaban a apretar diciéndole que si no declaraba en contra de Milagro, le iban a quitar los fueros y la iban a poner presa”, expresó Hamud al diario Página 12. El secretario también denunció que “se nos metieron tres tipos, de pelo rapado y de civil, sacaron un cuchillo y nos dijeron que nos dejemos de joder con esta ‘negra’ [Milagro Sala]”. Efectivamente, Balconte había cambiado de abogado el día antes de hacer las declaraciones, el cual la habría forzado a realizarlas según los círculos próximos a Sala. El 6 de mayo, la legisladora trató de suicidarse mediante la ingesta de tranquilizantes. Por otro lado, a finales del pasado diciembre, Sala fue condenada a tres años de prisión por “daños agravados” cometidos en 2009 contra Gerardo Morales cuando aún era senador. Esta causa hace referencia a un escrache que tuvo lugar contra su persona en el que le fueron arrojados huevos y le fueron proferidas varias amenazas. La defensa de Sala argumenta que la líder indígena no estuvo presente en dicho episodio, pero aun así fue acusada de organizarlo. En referencia a esto, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU señaló en su análisis del caso de Sala que “resulta sorprendente para este Grupo de Trabajo que diversas personas en 2016 han presentado denuncias penales por hechos sobre los cuales el Estado argentino supuestamente tenía conocimiento desde 2010. Pero resulta aun más asombroso que una auditoría haya arrojado resultados hace seis años y que sus efectos legales y procesales surtan efectos justo en el contexto en el que la señora Milagro Sala participa en una protesta social pacífica y días después de que un juez estuviera por determinar su excarcelación”. Para el jurista miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, el caso de Milagro Sala constituye una suerte de “secuestro legalizado”. Para él se han acumulado sobre la líder social un conjunto de causas insostenibles que se han ido presentando sucesivamente para evitar su excarcelación. “Si Milagro fue o no prolija en el manejo de fondos y eso quiere investigarse, que se lo haga, pero legal y constitucionalmente, en un proceso con jueces imparciales y no con parientes y correligionarios y, mientras tanto, que se la excarcele, como se hace con todos los procesados por ese delito”, expresó el juez en una nota publicada en Página 12.