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Militares bolivianos autorizados a matar a su propio pueblo

La represión se ha extendido a todo el país y tiene como centro a los partidarios del gobierno depuesto.

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El gobierno de facto de Bolivia, encabezado por la autoproclamada Jeanine Áñez, dio carta blanca a los militares para reprimir todas las protestas y los exime de responsabilidad penal.

Pese a que el texto del decreto, con las firmas de Áñez y todo el gabinete, circuló profusamente por las redes sociales, el gobierno se negaba a confirmar su existencia.

La revelación del decreto se produjo al día siguiente de que una represión militar-policial a una marcha antigubernamental de productores de coca en el departamento de Cochabamba (centro) dejara al menos nueve muertos y 115 heridos, todas las víctimas entre los manifestantes, según informó la Defensoría del Pueblo.

Áñez anunció el viernes pasado, en una declaración conjunta con los altos mandos militar y policial, que tomaría «medidas constitucionales» para combatir a supuestos «grupos subversivos armados» que estarían detrás de persistentes protestas sindicales y vecinales contra su gobierno de facto instalado el martes pasado.

El decreto supremo 4078, fechado el viernes 15 de noviembre, dice que las Fuerzas Armadas participarán «en la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo a las fuerzas de la Policía Boliviana», para lo cual «emplearán todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos, de acuerdo a las necesidades».

Agrega que «el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus labores constitucionales actúen (sic) en legítima defensa o estado de necesidad».

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «el Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FFAA que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno. (…) Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH».

Antes de este decreto, tropas militares ya habían sido desplazadas en refuerzo de la policía ante la expansión de las protestas, que eran Sputnik)primero de activistas anti-Morales y han sido reemplazadas esta semana por movimientos sociales que rechazan al gobierno de facto.

(En base a Sputnik)

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