El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ya adoptó las medidas necesarias para restaurar los problemas nutricionales que padecían reclusos del Módulo 8 de la Unidad Penitenciaría Nº 4 (ex Comcar) y sobre los cuáles la Justicia dictó un recurso de amparo, según informó este martes la Unidad de Comunicación (Unicom) del Ministerio del Interior. El juez de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, Alejandro Martínez de Las Heras, ordenó al INR a adoptar las medidas necesarias para preservar la integridad física de los reclusos, quienes hacía semanas que no comían porque sus otros compañeros de celda –encargados de repartir los alimentos– no se lo permitían. El recurso de amparo fue presentado por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, con el patrocinio de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR). En su fallo, el juez Martínez de Las Heras señala la obligación del Estado uruguayo de aplicar las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como “Reglas Nelson Mandela”, que implica establecer prácticas idóneas para el tratamiento de las personas privadas de libertad -entre ellos, definir un tratamiento específico para la rehabilitación de cada recluso-. Asimismo, el juez consideró que se configuró «trato cruel, inhumano y degradante» contra estos reclusos presos y ordenó que el INR “mantenga una conducta proactiva en la efectiva tutela de los derechos humanos de los reclusos”. Por esto, el juez otorgó un plazo de 30 días para diseñar un Programa de Tratamiento individual, reconociendo que la situación de emergencia ya no es actual sin desmedro de un riesgo inminente (amenaza cierta) de daño a los privados de libertad si no se cumple con ese programa. En este marco, la subdirectora nacional técnica del INR, la abogada Ana Juanche, dijo a Unicom que la actuación sobre la situación de los reclusos fue anterior al informe elaborado por Petit y que se adoptaron las acciones necesarias para poner fin a esta situación. “El INR tomó cartas en el asunto y comenzó todo su plan de recuperación, de acompañamiento y de seguimiento de estas personas, antes, exactamente, y -además- en un proceso de evaluación paulatina y sistemática”, afirmó. El Ministerio del Interior afirmó -en una nota publicada en su página web- que la situación fue detectada el 31 de mayo en tres celdas del Sector C2 (área de seguridad) del Módulo 8 del ex Comcar por personal policial y que fueron las propias autoridades del INR quienes notificaron al Comisionado Parlamentario sobre la misma. Estos reclusos fueron derivados al servicio médico de ASSE dentro de la prisión; el diagnóstico dice que “se constata adelgazamiento; refiere a privación de alimento”. Por este motivo, se dispuso el traslado de los internos al módulo 4 -sector de seguridad- y un chequeo inmediato por parte de personal penitenciario de todas las celdas del módulo 8 con la finalidad de detectar otros posibles casos, que no dio resultado. “Los implicados estaban en tres celdas diferentes y se niegan a revelar la verdadera razón de sus estados ya que los alimentos llegan al sector y son distribuidos por privados de libertad encargados de su reparto. El pacto de silencio de los compañeros de celda explica un clima de tensión o amenaza que estarían sufriendo los internos afectados, situación que es objeto de investigación de las autoridades penitenciarias”, expresa el informe. Asimismo, el Ministerio señaló que el juez Martínez de las Heras destacó las medidas adoptadas por el INR. “La autoridad carcelaria en conocimiento de la situación de emergencia que padecían los reclusos comprendidos en el accionamiento y de las que se informa en las historias clínicas agregadas […] tomó medidas concretas […] a los efectos de revertir la situación, medidas que abarcan el cambio de módulo y la mejora sustancial en la alimentación, suministro de materiales de higiene y abrigo y asistencia médica», expresa el fallo.
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