El MLN y los asaltos a bancos: Eventuales delitos estarían prescritos

La versión sobre el presunto financiamiento del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros a través de acciones de grupos delictivos en democracia llegará a los estrados judiciales. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, decidió enviar un ejemplar del libro “Eleuterio Fernández Huidobro, sin remordimientos”, de la periodista María Urruzola, a la Fiscalía que intervino en la indagatoria penal sobre las “polibandas” Díaz envió un memorando a la Fiscalía Penal de 11º Turno -titular de la investigación penal por esos ilícitos- en el cual se le pone en conocimiento de la obra para adoptar las acciones que se entiendan pertinentes. El objetivo es que la Fiscalía determine si el libro contiene información suficiente para re-iniciar la indagatoria penal sobre los asaltos a bancos perpetrados en los años 1990. En su libro, Urruzola señala que el MLN financió la campaña política del MPP en base a diversos asaltos. La periodista se basó en una fuente -no identificada- que afirmó que en 1989, el ex presidente José Mujica (hoy senador) le planteó hacer trabajos para recolectar fondos. “Se necesitaba meter caño para financiar al MPP”, dijo la fuente. Mujica y Fernández Huidobro fueron quienes reclutaron a los integrantes; en nueve años se les entregó unos 20 millones de dólares. “De cada operación se repartía una parte, y luego se le daba a la orga”, sostuvo. La indagatoria penal sobre la “polibandas” o “superbandas” fue tramitada en el Juzgado Penal de 14º Turno -hoy a cargo del juez Nestor Valetti-. La indagatoria culminó con el procesamiento de varias personas por siete delitos de rapiñas. El último fue el asalto a la sucursal del BPS del Parque Posadas en setiembre de 1998. Ese expediente originó una investigación por torturas -que culminó con la condena del comisario Enrique Mariño- por la aplicación de picanas eléctricas durante los interrogatorios. La Fiscalía Penal de 11º Turno hoy está vacante, tras el retiro por motivos de edad de la fiscal María Cristina González. En este marco, la fiscal Stella Llorente -subrogante de la Fiscalía Penal de 11º Turno hasta el 30 de abril- recibió el memorando de la Fiscalía General de la Nación y presentó un escrito ante el Juzgado Penal de 14º Turno para acceder a los dos expedientes referidos en el mismo. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, se trata de dos expedientes fechados en 2001 y 2002, respectivamente, que refieren a los hechos ocurridos sobre mediados de los años 1990. En ambos casos se trata de expedientes “archivados”, que están guardados en el Archivo General de la Nación. El escrito presentado por la fiscal Llorente no implica un pedido de desarchivo, sino que se plantea acceder a los mismos y analizar su contenido, de forma de determinar si existen elementos para iniciar una indagatoria penal. Más allá de esto, diversas fuentes judiciales señalaron a Caras y Caretas Portal, que es altamente probable que los presuntos delitos imputados por una fuente anónima en el libro de Urruzola estén prescritos. Esto en atención de las disposiciones previstas en el artículo 117 del Código Penal, que establece los plazos de prescripción (o de extinción) de los delitos. Este artículo establece que los delitos con penas de penitenciaría tienen tres plazos de prescripción: si el delito prevé una pena máxima de entre 20 y 30 años, prescribe a los 20 años; si el delito prevé una pena máxima de entre 10 y 20 años, prescribe a los quince años; y si el delito prevé penas de entre dos y 10 años, la prescripción opera a los diez años de cometido el delito. En este caso, el delito de rapiña (artículo 344 del Código Penal) prevé penas de entre cuatro y dieciséis años de penitenciaría, las cuales pueden ser elevadas en un tercio en caso de constatarse algunas de las agravantes previstas en el artículo 341 del CP. Las agravantes que podrían computarse en los asaltos a bancos sería el uso de armas, la participación de dos o más personas o cuando la víctima fuera el encargado de numerario o valores. De esta forma, el plazo de persecución penal del último delito atribuido a la “polibanda” -cometido en 1998- se podría extender hasta 2018. Sin embargo, ese último delito fue imputado -y existe una sentencia firme que así lo establece- en grado de tentativa, por lo que la sanción penal se reduce en un tercio y con ello el plazo de prescripción sería, como máximo a los 15 años, dijeron las fuentes.