Un caso de abusos del Estado contra ciudadanos ocurrido durante la dictadura cívico militar en Uruguay (1973-1985) fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), informó el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente de la OEA.
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El expediente, enviado el 24 de mayo a la CorteIDH con sede en San José (Costa Rica), trata de la responsabilidad del Estado uruguayo por las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Oscar Tassino.
La Comisión dijo que tomó la decisión porque a pesar de las recomendaciones de investigación, reparación y no repetición ya señaladas al Estado uruguayo, estos hechos «continúan en la impunidad».
«La CIDH sometió el caso a la Corte por las acciones y omisiones estatales ocurridas o que continuaron ocurriendo con posterioridad al 19 de abril de 1985, fecha de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana por parte del Estado de Uruguay», señaló.
Como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH recibe, investiga y tramita denuncias, que presenta a la CorteIDH cuando establece que hay responsabilidad del Estado y las violaciones a los derechos humanos no fueron subsanadas. La CorteIDH es un organismo jurisdiccional autónomo cuyos fallos son definitivos e inapelables.
Según la investigación, Maidanik, Reyes y Raggio fueron asesinadas por ráfagas de balas en la madrugada del 21 de abril de 1974 durante un operativo de las Fuerzas Armadas y la policía.
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