Mujeres encerradas en Uruguay

“El encierro no cura, el encierro cronifica la enfermedad mental.”

Judith Kakuk (Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental)

  “Creo que encerrarnos no nos rehabilita, al contrario, una se siente peor. Una por necesidad a veces hace cosas que no están bien. Estaría mejor que nos pusieran a hacer cosas en vez de encerrarnos, como limpiar hospitales, casas o cuidar ancianos. Creo que el arrepentimiento nuestro es sincero y por más que una haya cometido un error, a veces por efectos del consumo de drogas […], creo que nos merecemos una oportunidad para vivir como ustedes en la sociedad y que no nos vean como presas, locas y pobres”. Este texto es parte de una carta enviada por delegadas de la Unidad de Salud Mental del Hospital Maciel a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) para participar en una jornada de sensibilización sobre las mujeres privadas de libertad en Uruguay, que tuvo lugar el viernes 24. Las llamadas instituciones totales (cárceles, hospitales psiquiátricos, orfanatos, etcétera) son espacios en los que resalta especialmente la deshumanización de la sociedad de masas racionalista en la que vivimos. En estos lugares de reclusión la sociedad interna a los individuos que por una causa u otra (delito, locura, pobreza) resultan díscolos para el statu quo hegemónico. En ellas se crea un microcosmos social con una dinámica propia, distanciada de la que rige al resto de la sociedad. Allí, todas las esferas de la vida ordinaria (trabajo, descanso, esparcimiento) se desarrollan en un mismo espacio confinado, bajo la supervisión de autoridades concretas, y en compañía de otros individuos relegados al mismo sistema de internamiento. Además, el día a día en estos espacios está marcado por una rutina continua de actividades obligatorias que se rigen por un plan racionalizado, concebido en función de los objetivos que cada institución se marca. Esto provoca que las personas internadas en estos lugares experimenten una separación de sus lazos familiares y sociales, así como de las dinámicas propias de la vida cotidiana en libertad. Es más, atravesar estas instituciones supone un proceso de etiquetaje social que estigmatiza a los individuos de por vida como “delincuentes”, “expresidiarios”, “locos” o “adictos”, dificultando su reinserción en diversos ámbitos sociales como el mercado laboral. Por ello, su utilidad social es a menudo cuestionada por varias ramas de la sociología y la psicología social. La dureza de las condiciones de vida que estas instituciones imponen a los individuos se agudiza en el caso de aquellos sectores sociales que, por su propia condición, parten de una situación de opresión o discriminación, como son las mujeres, los inmigrantes o las personas no blancas. En este sentido, coincidiendo con el mes de la mujer, la Inddhh quiso darle visibilidad al sector social de las féminas que se encuentran en situación de reclusión en cárceles o en hospitales psiquiátricos, ya que suponen una población de riesgo altamente ignorada por la sociedad. Así, el viernes 24 se celebró el espacio de diálogo “Presas, pobres y locas”, en el que varias expertas, académicas y trabajadoras de cárceles y hospitales psiquiátricos disertaron sobre la problemática de las mujeres sometidas a encierro en en este tipo de centros. La tesis esencial de este encuentro se resume en una cita de la directora de la Indhh, Mirtha Guianze, en la que la jerarca señaló que “si bien la vulneración de derechos es previa a la situación de reclusión, la misma continúa durante el pasaje por las instituciones totales. Peor aun, este proceso tiende a profundizar las brechas sociales haciendo más difícil la reinserción de la población que se hallaba inicialmente incluida. En este marco resulta particularmente preocupante el uso generalizado de la prisión preventiva y la baja aplicación de medidas alternativas a la regulación de libertad, en particular en situaciones de vulnerabilidad, como el embarazo y las madres con niños a cargo”. Ser “loca” en Uruguay La codirectora de la Inddhh, Mariana González, señaló en referencia a las instituciones psiquiátricas que Uruguay tiene “todavía un marco normativo de comienzo de siglo, la Ley del Psicópata, todavía vigente, con un paradigma además muy estigmatizante, muy duro, de encierro, que por suerte está siendo rediscutido y revisado”. Durante esta mesa de diálogo se puso de relieve que en las instituciones totales se mezclan dos formas de violencia sobre las mujeres: la violencia de género y la violencia institucional. A medidas como la sobremedicación, el electroshock, el encierro y la falta de espacios de expresión, se suman el abandono o la falta de familiares dispuestos a hacerse cargo de la reintegración de las internas. La integrante de la Comisión de Salud Mental Mónica Giodano demanda la implementación de instituciones de apoyo a las familias de las pacientes, que en muchos casos las abandonan por no saber cómo tratarlas. Por otro lado, Judith Kakuk, integrante de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, aportó el testimonio basado en su experiencia como voluntaria en el hospital Vilardebó en torno al año 2005. Durante este período pudo ver las condiciones de internamiento en las unidades de seguridad y en los conocidos como “cuartos fuertes” (unidades de aislamiento). De alguna manera, los testimonios provenientes de este hospital hicieron saltar las alarmas de los derechos humanos en los últimos años. “La sala de hombres y la sala de mujeres, en cuanto a su estructura, no difieren mucho”, señaló Kakuk. “No hay camas, las camas son un cubículo de hormigón, los colchones […] en el momento en el que yo estuve allí, prácticamente no existían”, añadió. Por otro lado, destacó que “el cuarto fuerte de la sala 10 no sé si se cerró, pero […] no tenía lo necesario para cubrir las necesidades básicas en ese momento. No tenía colchón, no tenía nada, [la persona internada] estaba tirada en el piso”. Kakuk también explicó que una buena parte de las mujeres que ingresan en la sala de seguridad del hospital viene de situaciones de violencia de género, o bien “han estado presas en una institución carcelaria y en esa institución carcelaria se han descompensado totalmente con intentos de autoeliminación o por cuadros de psicosis aguda”. De esta forma se teje esa trenza entre prisión, pobreza y locura en este tipo de casos, donde la situación de vulnerabilidad es motivo y a la vez consecuencia de la internación. Asimismo la experta señaló también la diferencia de género presente en los antecedentes de los pacientes: “De los hombres, lo que yo escuchaba era el relato de sus homicidios […] y por parte de las mujeres, cuando iba a la sala 16 […] lo que escuchaba eran golpes y violencia naturalizada de tal forma que ellas mismas la justificaban bajo la premisa de que ‘está bien porque él es hombre’”. En este sentido, se destaca la gran diferencia de significado que la violencia tiene en la ciudad respecto a la zona rural. La experta señaló también que, lejos de constituirse como una institución transitoria, en el hospital Vilardebó conoció a internas que llevaban más de cinco años privadas de libertad allí. A su vez, la vida diaria de las pacientes se ve recrudrecida por las condiciones de trabajo de los funcionarios de estas instituciones, los cuales denuncian el abandono del Estado. En 2008 el funcionario del Vilardebó Heber Rocha relataba a radio Centenario su testimonio de desesperación. “La situación ahí es caótica, no hay una sección de trabajo de la que se pueda decir que es digno trabajar ahí, porque es lamentable desde que uno entra a la puerta del hospital hasta que baja a la famosa sala 11 […] Porque ya sabemos cómo son los pacientes psiquiátricos que se agitan y que están a merced de darte con la charola, con una banqueta o con lo primero que agarren. Esa es la verdad de la situación. Frente a esto, a veces el estrés ya es tanto que no sabemos a quién recurrir […] Después, si vas a una sala, ves de repente a una compañera que está lidiando con 30, 40 pacientes dentro de situaciones de enorme decadencia, de suciedad, de un montón de factores. Y las ves luchando contra ellos […] hasta se descompensan y no tienen más remedio que afrontar la situación”. En este sentido, la docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Mariana Follé denunció la creciente desarticulación del discurso de los derechos humanos conforme ha avanzado el proceso de gobierno progresista, pasando de una postura de “bienestar penal” a otra de “neoliberalismo penal”. “Tenemos una práctica que habla de una mayor privación de libertades, de un mayor establecimiento de penas y lamentablemente tenemos un sistema judicial y un ministerio público que hacen el juego a eso planteándose penas más severas”, señaló. Por otro lado, la directora del Hospital Vilardebó, Graciela Alfonso, indicó que la tercera parte de las camas de esta institución está ocupada por mujeres. La jerarca insistió en que el objetivo del hospital es que el paso de los pacientes por él sea lo más transitorio posible para evitar los fenómenos antes descritos de desvinculación de los internos del resto de la sociedad. La jerarca defendió los cambios que se han realizado en los últimos años sin dejar de destacar los que restan por hacer. En este sentido, Alfonso afirmó que desde 2016 no hay cuartos fuertes en el hospital Vilardebó. Sobre las mujeres presas Según la Inddhh, del total de población penitenciaria, seis por ciento son mujeres. De ellas, 60 por ciento se encuentran en cárceles de Montevideo y el resto se alojan en 19 cárceles del interior (las cárceles de Maldonado, de Salto y de Soriano son las que mayor población femenina tienen). Por otro lado, de todas las mujeres presas, diez por ciento están embarazadas o conviviendo con sus hijos en las cárceles. El asesor del comisionado parlamentario, Alejandro Bonanni, denunció en su ponencia la desigualdad extrema que existe en el trato de las mujeres presas en comparación con los hombres. Este eje se ve potenciado también por la diferencia de condiciones que existe entre las cárceles de Montevideo y las cárceles del interior. La desigualdad de género entre presos se materializa en cuestiones como el acceso al trabajo. Mientras los hombres pueden acceder a tareas de electricidad, construcción o carpintería, la mayoría de mujeres reclusas únicamente pueden aspirar a tareas de cocina. Por otro lado, según el experto, en la cárcel de Paysandú el pabellón de mujeres está dentro de la misma edificación donde están recluidos los hombres. Eso implica un recorte de posibilidades a la hora de realizar actividades en determinados espacios comunes. Por otro lado, en el caso de Florida, las mujeres se encuentran internadas en un espacio alejado del centro denominado “la chacra”. Esto implica peores condiciones que los hombres a la hora de recibir visitas de familiares o consultas médicas. Esto les implica estar más apartadas. La cárceles en general cuentan con escasos recursos, lo que repercute en las posibilidades y los derechos humanos más básicos de los presos. Sin embargo, en este sentido la subdirectora técnica de la cárcel Las Rosas, Florencia Capdevielle, señaló la dificultad de pedir más presupuesto para presas y presos, cuando ni siquiera se logra que el gobierno progresista destine el seis por ciento para la educación o aumente el presupuesto para la salud pública. De tal modo, las personas privadas de libertad ocupan un lugar que está muy lejos de las prioridades de la sociedad, por tanto, la mejora de estas instituciones se ve estancada. Capdevielle señaló que se han dado avances importantes en los últimos años, como la creación de un departamento de género, pero que los cambios en este campo transcurren con mucha lentitud.