Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

El laboratorio, el embajador, el expresidente y el Chapo

El miércoles 12 de febrero fue hallado un laboratorio para el procesamiento de cocaína en un terreno cerca de Bogotá. Las instalaciones descubiertas tenían la posibilidad de generar más de una tonelada mensual del alcaloide y pertenecían a una sociedad que involucra a Fernando Sanclemente Alzate, embajador de Colombia en Uruguay, quien tuvo el respaldo de la cancillería de su país y dijo ser una víctima más de una situación que tiene hoy bajo arresto a cinco personas.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Sin embargo, esta no es la única situación de este tipo en que Sanclemente salió involucrado durante las últimas semanas.

El lugar en que se encontraron tres laboratorios destinados a la transformación de pasta de coca en cocaína se hallaba cerca de la casa principal en una finca cuyo nombre es Aras de San Francisco, en Guasca, un poblado de unos 15.000 habitantes, a una hora y media de Bogotá.

Informes iniciales plantearon que se trataba de un laboratorio express, modalidad que consiste en montar laboratorios pequeños durante 15 días, máximo, que luego se abandonan. Esta forma de procesar la droga se utiliza en lugares cercanos a los grandes centros urbanos y encarecen el precio final de la droga, pues requieren un mayor número de personal y logística disponibles para los traslados, aumentando también el riesgo de interceptación.

Días después del hallazgo, la juez 70 penal municipal desmintió que se tratara de un laboratorio express debido a que los materiales hallados, así como las instalaciones tenían un alto nivel de desgaste, por lo se que pudo concluir que funcionaba regularmente desde hace no menos de seis meses, con dos turnos de 12 horas, por lo que la producción era constante.

Este laboratorio tenía como función la refinación de la base de coca para extraer la cocaína pura. Previo a esto, el primer proceso se realiza cerca de las plantaciones, donde las hojas se someten al proceso químico que las convierte en base de coca; inicialmente por cada kilo de base de coca se precisan más o menos 180 kilos de hoja, dependiendo de la variedad. Luego los carteles se encargan de comprar la base para llevarla a otros laboratorios que son los de refinación, como el que se encontró en Aras de San Fernando. Allí, para lograr un kilo de clorhidrato de cocaína (nombre químico de la cocaína), se precisan 2,5 kilos de base de coca. Es decir, para que del laboratorio en cuestión salieran casi 150 toneladas de cocaína, debían entrar cerca de 350 toneladas de pasta de coca, además de los precursores químicos necesarios para el proceso de refinación.

Los precursores necesarios en el proceso que transforma la hoja de coca en cocaína son de uso común en diferentes industrias: permanganato de potasio, ácido hidroclorhídrico, nafta común, acetona, éter, amoníaco, carbonato de calcio, ácido sulfúrico y carbonato sódico, entre otros. Debido a la enorme cantidad de rubros en que son usados, limitar su venta y consumo es muy difícil, pero se han establecido ciertos controles a las cantidades importadas, ya que son muy pocos los que se producen en Colombia.

Una de estas líneas de control de importación fue la que permitió a una agencia de seguridad norteamericana en Bogotá interceptar a una mujer identificada como Rosa, quien dio a conocer la ubicación exacta del laboratorio en Guasca, donde llegaron las autoridades, encontrándose en el lugar únicamente cinco personas, nueve kilos de base de coca, 200 gramos de cocaína pura y un revólver calibre 38, y debido a que la casa tenía un cuarto elevado que funcionaba como garita de vigilancia, es posible sospechar que más personas hayan tenido tiempo para huir, llevándose más material de prueba. Sin embargo, lo que fue posible establecer es que los destinatarios de la droga serían al menos tres, ya que se hallaron sellos de identificación para los empaques con las iniciales HH, JR y PL; sin embargo, es difícil establecer muchos más elementos debido a que durante la diligencia de allanamiento, se produjo un gran incendio que consumió una buena parte de los laboratorios y se extendió hacia el bosque aledaño.

 

Los propietarios de la estancia

Según los informes que se derivan de las comunicaciones oficiales, el terreno donde fue encontrado el complejo de procesamiento de cocaína pertenece a Francisco Sanclemente Alzate, embajador de Colombia en Uruguay, en sociedad igualitaria con el grupo Spiwak, propietario de la cadena hotelera Dann, y estaba siendo administrado por el hermano del embajador, llamado Gilberto Sanclemente. Por otra parte, el comunicado oficial da cuenta de que además tenían alquilado otro terreno, aun cuando no existe claridad sobre si fue en el terreno en alquiler donde se halló el complejo cocalero y el tipo de relación que existe entre la familia del embajador y quienes aparecerían como responsables de dicho arrendamiento. Sobre lo que hay certeza es que Ángel Spiwak Knorpel desmintió esta información en un comunicado, aclarando que dicha sociedad se terminó hace más de 15 años, luego de la muerte de Boris Spiwak, su hermano -de quien sí fue socio Sanclemente-, pero que en la actualidad no existe ningún tipo de vínculo entre las familias Spiwak y Sanclemente, como se dio a conocer oficialmente por parte de la cancillería.

La familia Sanclemente Avendaño es de tradición conservadora en Colombia; el abuelo del embajador se llamaba Gilberto Alzate Avendaño, un reconocido político y diplomático de los gobiernos de la primera mitad del siglo XX, quien fue embajador en España y ocupó varios altos cargos ejecutivos durante los gobiernos conservadores.

Fernando Sanclemente también tiene una larga carrera en las administraciones pública y privada y ha sido funcionario de los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, aunque la derecha en Colombia ha tratado de acercar a Sanclemente a Gustavo Petro debido a que gerenció la empresa de transporte masivo Transmilenio durante su alcaldía entre 2012 y 2014; Fernando Sanclemente tiene su más pura raíz en la élite política colombiana.

 

El gobierno de Iván Duque

Aunque el embajador Sanclemente ha puesto su cargo a disposición del presidente de su país y varios de los grandes medios de Colombia salieron, a horas de los hallazgos, a desmentir cualquier tipo de vinculación del embajador con el laboratorio, esta es una situación que continúa acumulando precedentes negativos en el gobierno de Iván Duque, pues lejos de tratarse de un caso aislado, el caso de Sanclemente se suma a la lista de altos cargos vinculados con algún tipo de actividad ilícita como narcotráfico, conformación y financiación de grupos paramilitares, estafas, desfalcos y una robusta participación en el sonado caso de Odebrecht, que le ha costado la salida ya a presidentes, ministros, jueces y otros altos cargos en varios países de la región.

Dentro de los casos más sonados del gobierno de Duque están el del ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, señalado por el caso de los “bonos Carrasquilla”, que fueron unos bonos emitidos creados por él como ministro de hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2007 y que tenían como fin financiar la construcción de los sistemas de acueductos para 117 municipios a cambio de poner como garantía los recursos estatales girados a los entes territoriales, que al final quedaron embargados y sin sistema de acueducto, mientras que la empresa encargada de generar los bonos, en la que tenía participación el mismo Carrasquilla, obtuvo millonarias ganancias, de las cuales, varios millones de dólares terminaron en el bolsillo del ministro.

Por otro lado, está el caso de Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación hasta hace poco tiempo y quien fue abogado asesor de la firma representante de Odebrecht en Colombia, por lo que básicamente Martínez debió conducir una investigación contra sí mismo, de la cual, como es natural, salió airoso. Otros casos incluyen a Francisco Santos Calderón, hasta hace poco embajador de Colombia en Estados Unidos, señalado por varias fuentes como el responsable de fundar el Bloque Capital de las Autodefensas, estructura criminal acusada de perseguir y asesinar a miembros de la oposición política en Bogotá; o, sin ir más lejos, el sonado caso de las “chuzadas”, en que se señaló a una unidad del ejército de hacer interceptaciones ilegales (ya había ocurrido en 2009) a periodistas, jueces y miembros de la oposición con el fin de hacerle llegar la información a los miembros del partido al que pertenecen el presidente Iván Duque y su padrino, el expresidente y senador Álvaro Uribe.

En ese mismo sentido se ha pronunciado un sector de la comunidad colombiana residente en Uruguay, que afirmó en un comunicado que esta situación, además de profundizar el estigma que pesa sobre los colombianos en el exterior, es una muestra más de la “ilegitimidad estructural que gobierna hoy en Colombia”. Por lo que, aunque se trate de una desafortunada casualidad, el problema con la legalidad en Colombia se hunde profundamente en la institucionalidad.

 

Alias Velero 1

El 2 de enero pasado, el experto en seguridad informática Richard Maok Riaño Botina, quien se encuentra exiliado en Canadá desde 2003 y se dio a conocer en Colombia por proveer la primera información que en 2002 mostró el nivel de penetración que el paramilitarismo tenía en las instituciones de ese país, reveló un audio en el que se entrevista con un exdirector nacional de seguridad de la empresa Air Cargo, quien afirma, entre otras cosas, que en 2007, desde una pista en el aeropuerto Eldorado, en Bogotá, salieron 10 toneladas de coca con destino al Chapo Guzmán y el Mayo Zambada en México, y que quien se encargó de coordinar el envío personalmente fue Álvaro Uribe Vélez, quien en ese momento era reelegido como presidente de Colombia.

En la entrevista, que dura cerca de una hora y cuyo contenido se ha hecho público, el testigo hace una descripción detallada de quiénes y cómo se encargaron de hacer el envío de la droga, qué papeles cumplían y cuáles fueron los mecanismos utilizados para almacenar y empacar la coca en el transporte enviado desde México. De igual manera afirma que, por parte de los carteles mexicanos, el encargado de supervisar la operación era Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo, de quien siempre hubo sospechas, por parte de algunas autoridades colombianas, de que llevaba años entrando y saliendo de Colombia, sin poder concretar finalmente los indicios.

Es en esta parte en la que aparece mencionado Sanclemente por primera vez, pues en ese momento se desempeñaba como director de la Aerocivil, cargo que había sido ocupado a inicios de los años 80 por el mismo Uribe, y se lo relaciona por primera vez con Pablo Escobar debido a que esta entidad es la encargada de otorgar los permisos necesarios para la circulación aérea y la infraestructura para aeronaves en Colombia. Sanclemente, cuyo nombre clave, según la narración, es Velero 1, fue el encargado de otorgar el permiso para la construcción de un cuarto frío en el hangar de carga, que sería donde se almacenó la droga antes de enviarla con destino a México.

El extenso relato señala quiénes y dónde recibieron el dinero, piedras preciosas o armas exóticas como pago por la operación de narcotráfico. El testigo afirma también que la razón por la que decidió hablar fue debido a que no recibió los casi 300.000 dólares que le correspondían como pago, y que luego de huir por temor a ser asesinado, buscó sin éxito quién escuchara su historia y la publicara, lo que consiguió finalmente cuando contactó a Riaño Botina.

La historia recibió un amplio despliegue periodístico tan pronto vio la luz. No obstante, poco a poco las notas de prensa al respecto fueron descolgadas de la red, como una nota en video que la cadena Univisión decidió retirar de su sitio web sin mayores explicaciones, pero que aún se puede ver en YouTube, o la nota que el periodista colombiano Daniel Coronell bajó de sus redes, afirmando que era demasiado inverosímil para haberla publicado, sin entrar en mayores explicaciones.

A pesar de la complejidad del asunto, existen elementos fácilmente comprobables, responsabilidades, cargos y nombres de funcionarios que aparecen vinculados en el audio, dentro de los cuales se encuentra Fernando Sanclemente, a quien se hace referencia y menos de dos meses después, queda envuelto en el hallazgo de un laboratorio de procesamiento de coca en un terreno de su propiedad. Como es natural, las explicaciones oficiales siempre están a la mano y las investigaciones avanzan para establecer las responsabilidades correspondientes, lejos de los círculos del poder, mientras que la presencia de los carteles mexicanos en Colombia ya ha sido comprobada por medio de las alianzas entre los Rastrojos y el cartel de Sinaloa en varios departamentos.

 

Dejá tu comentario

Forma parte de los que luchamos por la libertad de información.

Hacete socio de Caras y Caretas y ayudanos a seguir mostrando lo que nadie te muestra.

HACETE SOCIO