El novedoso perfil del capitalismo agrario

El martes 23 de marzo, en la localidad de Santa Bernardina (Durazno), se produjo la asamblea de los llamados “autoconvocados” del sector agropecuario. Convocatoria exitosa para algunos, un fracaso para otros, aunque la realidad seguramente se encuentre a medio camino entre ambos extremos. Pero lo verdaderamente trascendente de este evento, es que se trata de la primera movilización masiva que realiza la oposición en más de una década. Movilización que tiene características peculiares, contradicciones internas y que, pese a su naturaleza profundamente política, se procesó a través de protagonistas sociales, que confluyeron en el departamento de Durazno desde casi todas las regiones del país.   Las peculiaridades de los autoconvocados En cuanto a las peculiaridades del movimiento, la primera y más ostensible es que movilizó al capitalismo agrario y a sus sectores de influencia (servicios, transportistas, cámaras industriales y comerciales vinculadas al agronegocio). En los hechos, pese a los cientos de adhesiones que involucraron a agremiaciones de todo tipo, la comparecencia al acto, en su abrumadora mayoría, estuvo en manos de pequeños y medianos productores. La segunda es que el evento se realizó en plena temporada estival, cuando es habitual que el país esté “en otra cosa”. Es difícil determinar si eso se debió a la propia progresión de los acontecimientos o a alguna planificación preestablecida. Probablemente ambas cosas hayan incidido. La cronología de los hechos marca como inicio de este movimiento la Exposición Feria de Paysandú, el 8 de enero, cuando 400 productores rurales se pronunciaron contra la caída de la rentabilidad del sector y contra la presión impositiva, reclamando medidas como la devaluación de la moneda, rebaja o abolición de las cargas impositivas y las leyes sociales (incluidos los costos laborales) que afectan la rentabilidad del sector, poniendo especial énfasis en las dimensiones y costos del Estado. En 15 días, los “autoconvocados” de Paysandú lograron articular un movimiento a escala nacional que fue capaz de convocar a la asamblea de Santa Bernardina bajo el lema de “Un solo Uruguay”. Otra de las características de este movimiento fue el uso de la tecnología. Si más de medio siglo atrás Benito Nardone (Chicotazo) levantó a las masas rurales con un programa radial, hoy fue la tecnología del WhatsApp la que logró conjuntar ambiciones, necesidades y urgencias (que de todo eso hubo en Santa Bernardina) en un solo movimiento.   Ni tanto ni tan poco Acerca de la cantidad de concurrentes al acto, circularon las versiones más disímiles. Desde las que la cifraban en unos pocos miles, hasta que levantaban la apuesta hasta los 40.000 o 50.000. Ninguna de las cifras es verosímil. El acto se realizó en un predio de 20 hectáreas cedido por un vecino. A la hora 13, mientras un grupo de personas (la mayoría pertenecientes a la organización) rodeaba el estrado, a 500 metros del mismo, en el linde del terreno y a lo largo de un monte de eucaliptus, un millar de personas se resguardaban del calor que agobiaba. Cerca de la hora 16, en la que estaba anunciado el comienzo de la oratoria, había afluido mayor concurrencia y quienes esperaban a la sombra del monte se acercaron al estrado. El comienzo del acto propiamente dicho (luego de la actuación de algunos grupos musicales) se dio casi dos horas después. Se anunciaba el atascamiento de una columna que llegaba desde Flores por la ruta 3, pero era evidente que se aguardaba una mayor concurrencia. Finalmente, cerca de la hora 18 comenzó la oratoria ante una concurrencia que superaba las 10.000 personas.   El portador de la llama El primer orador fue Alejandro Holzmann, el productor que en la Feria Rural de Paysandú dio el impulso original a la movilización. Holzmann fue breve. Dijo poco, pero en cierto sentido lo dijo todo: “Una sociedad unida no tiene chance de fracaso. Queremos una sola República Oriental del Uruguay, soberana, libre y sin divisiones. Queremos un solo Uruguay”. Luego de esas palabras recordó que 15 días antes eran un “pequeño grupo sin representatividad”, que incluso fue acusado de “mandadero”. Pero “prendimos una llama y el fuego se extendió por todo el país”. Habló de la suma de frustraciones que vienen acumulando y que están cansados que se les ignore y no se les escuche, salvo a la hora de cobrarles los impuestos. Terminó su corta intervención con un “viva la patria”, que fue replicado desde la concurrencia.   El Uruguay mochilero Luego de la intervención de Holzmann, tomó la palabra el agrónomo y consultor agropecuario Eduardo Blasina. Su discurso, estructurado a partir de los diez males que aquejan al agro, a los que denominó “las diez mochilas”, no estuvo muy alejado de los tópicos al uso de la economía neoliberal para caracterizar las demandas del agro. Al margen de eso se mostró partidario de Lennon ante Lenin, una comparación que no encajaba muy bien con las circunstancias y la naturaleza del auditorio. A juicio de Blasina, la primera mochila es el dólar barato, que repercute en el valor de las exportaciones. La segunda -que se suma a la depreciación del dólar- es una inflación relativamente alta. La tercera mochila sería el incremento de las tarifas públicas. La cuarta, la energía. Uruguay se jacta de la reconversión energética, pero la misma no llega al consumidor y es usada como herramienta recaudatoria. La quinta mochila son los impuestos, particularmente la contribución inmobiliaria rural. La sexta es el mal estado de las rutas y la caminería en general. La séptima está constituida por los costos salariales. Prudentemente Blasina se refirió no a su monto sino a la asimetría entre el empleo público y el privado. Pero en definitiva estaba claro que se estaba refiriendo al salario de los peones rurales como variable de ajuste. La octava mochila es el precio de la tierra, que para Blasina está operando a la baja. La novena, para el consultor, es la “más terrible”, y “no se soluciona con fondos y más fondos, sino con condiciones para producir sin generar más deuda”. La última de las mochilas, de carácter subjetivo (y en la que Blasina también admitió estar incurso) es la de los prejuicios. Saliéndose por momentos del tópico mochilero, Blasina dedicó elogios al ministro de ganadería saliente, Tabaré Aguerre y pidió respaldo para que el canciller Rodolfo Nin Novoa pudiera suscribir un Tratado de Libre Comercio con Chile para obtener mejores condiciones de acceso a los mercados internacionales. Hasta allí, escuchamos el discurso neoliberal al uso. Sin modulaciones y sin otro valor agregado que el de la dicotomía entre Lenin y Lennon, que repitió más de una vez.   La poética de Serrano Abella El segundo orador fue el comunicador por excelencia del medio rural, el periodista radial Walter Serrano Abella, que en el año en curso cumple medio siglo con su programa La voz del campo”, difundido desde CW45. Si las “diez mochilas” de Blasina fueron el conocido decálogo de la tecnocracia neoliberal, con Serrano llegó la rapsodia. Se trata de un hombre con mucho ascendiente en el medio rural y además poseedor de una vasta cultura. Por lo mismo no puede extrañar, no sólo que citara en repetidas ocasiones a José Artigas, que leyera un emotivo poema del escritor arachán Julián Murguía, que mencionara a José Martí y que hasta parafraseara a Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, encarcelado por el fascismo. También resultó extraño que destacara la consigna de los 33 Orientales como “Patria o Muerte”, cuando es sabida la procedencia de la misma. Pero su discurso, persuasivo y lleno de recursos, fue deslucido por el exabrupto final, en el que se lanzó -de alguna manera fuera de contexto- a una encendida defensa de la propiedad privada y de estigmatización de quienes se atreven a bloquear el acceso a los lugares de trabajo y a ejercer el derecho de ocupación. No sorprendió que Serrano apelara a ese argumento de la derecha dura y pura, sino la extemporaneidad del mismo y su inserción en un discurso que en definitiva -más allá de su conservadurismo- era campo y campo.   La proclama como diagnóstico Serrano cerró su discurso bajo lluvia. Tras él tomó la palabra el periodista Jorge Landi, encargado de leer la proclama. La misma se dividió en dos partes. La primera, más extensa, dedicada a describir el estado de situación del agro. La segunda, contenía las propuestas de los autoconvocados. Era esperable que el diagnóstico de situación se centrara en el Estado, por lo que ya desde el arranque se fustiga el manejo del poder y su centralidad: “El poder y la lucha por llegar a él aleja sin distingos de colores a los gobernantes de la gente y sus necesidades. El centralismo con que es gobernado el país desde siempre es el problema fundamental que enfrentamos”. Luego caracteriza la descentralización y la contaminación del concepto: “Muchas veces se ha confundido descentralización con el aumento de cargos y dependencias estatales a lo largo y ancho del país, camino funcional a los intereses electorales y sin resultados tangibles para las áreas de influencia”. Tras plantear la necesidad de cambiar las políticas de control por políticas de desarrollo, el orador cuantificó el desangramiento que se ha producido en el mismo: “El sector agropecuario, agroindustrial y actividades conexas en estos últimos cinco años ha perdido más de 36.000 puestos de trabajo […] se han perdido 12.000 empresas agropecuarias en un período de diez años de las cuales 11.000 eran pequeños productores. Esto se traduce también en la pérdida de un asalariado y medio por empresa […]”. A la capacidad que tiene nuestro país de producir bienes y servicios, la proclama contrapone los “costos excesivos, con los precios de la energía eléctrica y combustibles más altos de la región”. Esta situación repercute en la “cadena de trabajo genuino”, que “sufre y está cada vez más débil”. Se consigna que pese a que en 2017 “más de 70% de las exportaciones de Uruguay fueron materias primas o productos agroindustriales”, la industria pasa por dificultades y existe una larga lista de empresas cerradas en un corto período de tiempo. Si bien la proclama se cuida de no contraponer las necesidades del capital nacional con el foráneo, se plantea que “es necesario apoyar a la industria local ya instalada con la misma determinación y esfuerzo que se utiliza para traer nuevas inversiones”. Lo que en realidad se denuncia es que “la inversión extranjera debe ser para beneficio, desarrollo social y económico de todos” y no “para recaudar, alimentar apetitos de poder o tapar ineficiencias, errores e irresponsabilidades en el manejo de los recursos públicos”. En cuanto a los capitalistas uruguayos que invierten en el exterior, se les trata con benevolencia, argumentando que los que “han invertido muchos cientos de millones de dólares fuera del país no lo hicieron por malos orientales, lo hicieron porque acá no hay alternativas rentables para la inversión nacional en las condiciones actuales”   La concentración de la riqueza Pese a que en la proclama se manifiesta especial cuidado en no plantear contraposiciones entre los distintos rubros productivos, una parte de la misma denuncia la concentración de la riqueza y su extranjerización: “De las 196.000 empresas que hay registradas en Uruguay, 97% son unipersonales, micro y pequeñas y tan solo 3% son medianas y grandes. Esto muestra que aún los pequeños emprendimientos son los que generan la mayor cantidad de mano de obra y fuentes de trabajo, y, sin embargo, la mayoría de las exoneraciones y apoyo a las inversiones están concentradas en el 3% más grande. Sin dudas que es una pelea muy desigual y hoy reclamamos por estas desigualdades que son cada vez más profundas. Una pelea desigual que ha llevado a la cartelización de varias ramas de la agroindustria, a la concentración y extranjerización de la tierra como nunca en la historia, a la proliferación de grandes cadenas comerciales en detrimento del comercio local, el pequeño productor y la agroindustria nacional. Hoy pesa más el negocio financiero de los grandes capitales que el entramado social y productivo propio; en esta política es que se nos va el interior, se nos desangra el país”. Luego de plantear este panorama, que es difícil de no suscribir, se aboga por “lineamientos y reglas claras de largo plazo, visión y compromiso, sin la contaminación de intereses individuales, sectoriales, ni políticos”, agregando que “esta falta de reglas claras ha llevado a que muchos sectores estén endeudados, ya que se realizaron inversiones a través de créditos, creyendo en promesas que no se cumplieron”.   La especulación por sobre la producción Llama la atención que se mencione el atraso cambiario como “luz amarilla”, sin poner mayor énfasis en el tema, pero la proclama sí pone el acento en el endeudamiento del sector, que hoy “se estima cercano a 100% del producto bruto en el sector agropecuario. Cuando se suman deudas bancarias y comerciales, el endeudamiento de la industria láctea aumentó 62% en dos años, los tambos deben más plata que todas las vacas de ordeñe juntas”. El corolario de esta reflexión es que “hoy es mejor no invertir, trabajar sin gente, no agregar valor, no innovar, porque esto pega directamente en la rentabilidad cada vez más deteriorada de toda la cadena productiva”, agregando que “es imposible hablar de un país productivo cuando sólo se está a merced del clima o de las subas y bajas de los precios internacionales. Si no se traza una estrategia productiva va a seguir primando la especulación sobre la producción”.   Un barril sin fondo Seguidamente se defiende la eficiencia del sector agropecuario, expresando que “se nos ha tildado de ineficientes, pese a que se han batido todos los récords históricos de producción y exportación”. Contrastando con esa eficiencia, la proclama denuncia que “jamás se nos ha hablado de la ineficiencia de los entes autónomos ni de la  ineficiencia de sus administradores, los cuales pueden hacer y deshacer a su antojo, perdiendo y despilfarrando millones y millones de dólares sin tener que rendirle cuentas ni responsabilidades de su inoperancia a la población”. A partir de este punto, el resto del texto referido al diagnóstico apunta de manera explícita a la ineficiencia y los costos del Estado, reclamando “un Estado fuerte pero austero, que cuide y controle los recursos públicos. Sentimos que tenemos un Estado pesado y derrochador; hoy necesitamos señales de todos los gobernantes y de todo el sistema político, incluidas las intendencias, que también son grandes responsables de esta situación. Es prácticamente inmoral que cobren sueldos y partidas varias que suman cientos de miles de pesos y nos llena de vergüenza saber que un jubilado cobra 9.500 pesos por mes, que el salario mínimo es de 13.000 y pocos pesos y que más de 83% de los productores ganaderos de este país tienen ingresos que no cubren la canasta básica. Queremos ver una señal, necesitamos recibir mensajes que no significan mucha plata, pero que son mensajes de quienes tienen que dar el ejemplo, de quienes no debieran necesitar tribunales de ética que les indique lo que está bien y lo que está mal”. Entre los ejemplos que se mencionan para fundamentar esa dilapidación se menciona el incremento de 100% en la flota de vehículos del Estado; las partidas adicionales a los altos salarios de legisladores y funcionarios, los atajos a través de los cuales se legitiman contratos y remuneraciones, en particular en las intendencias departamentales. La conclusión que de ello se extrae en la proclama es que “Uruguay se cansó de mantener un Estado gigantesco, que es como un barril sin fondo, y parece ser que ningún político se ha dado cuenta de ello, y en vez de achicar el gasto, se sigue aumentando, desconociendo que la fiesta se la estamos pagando nosotros”.   La proclama como propuesta Luego de este largo exordio, el documento pasa al capítulo de los reclamos de los autoconvocados. Es preciso leer su síntesis con atención, porque al menos en su formulación, se distancia mucho de la sempiterna consigna de “bajen los costos del Estado”. Y esto al menos en dos aspectos. El primero es que plantea algunas medidas perfectamente posibles, además de necesarias. Y en segundo lugar, porque deja las manos libres al gobierno y al sistema político para que actúen según su criterio en áreas que son de su competencia, no yendo más allá de advertir acerca de la necesidad de algunas transformaciones.   Medidas para bajar el costo del Estado El punto central -y no puede sorprender, ya que es un tópico en todos los reclamos del empresariado- es “el excesivo tamaño y gasto del Estado […] que conlleva un déficit fiscal que terminamos pagando entre todos”. Para bajar ese costo, se plantean diez medidas. A saber: “suspender el ingreso a la función pública por al menos tres años o hasta el equilibrio de las cuentas fiscales a excepción de aquellos cargos con requisito de título habilitante o que tengan atención directa a la población en las áreas de salud, educación y seguridad”. Luego, “rever todos los cargos de asesores, cargos de confianza, secretarios personales, etc., que no son centrales para la función en la actualidad. Esto también implica a todas las intendencias”. En tercer término se pide que “los legisladores deban rendir sus viáticos y  devolver los sobrantes”, así como la “suspensión inmediata de las partidas que no son necesarias, como prensa, gastos de celular, gastos de representación y gastos de secretarios”. Seguidamente, se plantea “eliminar campañas publicitarias del Estado que no apunten a temas sanitarios u otros temas importantes para el desarrollo de la sociedad” y “recortar la flota de vehículos a la mitad, llevando la dotación a los existentes en 2011”. En términos más genéricos se propone “que todos los organismos del Estado realicen un plan de reducción de costos de funcionamiento con una visión de austeridad”. Una de las medidas al respecto sería “eliminar los costos de alquiler para espacios de despachos y oficinas de los diferentes organismos del Estado y acomodarse con lo que se tiene”. Luego, se marcan los límites a esas políticas de contención: “Mantener las políticas sociales, salud, educación, etc., buscando su mayor eficiencia”. Es decir, no se confunde el gasto público con la inversión social. Por último, este combo de propuestas incursiona en uno de los puntos más delicados, como lo son los referidos a “las políticas de transferencia directas”. Es decir, a las políticas de asistencia propiamente dichas, que -se dice- representan 0,6% del PIB. Apoyándose en estudios de la Facultad de Ciencias Económicas, se afirma que su modalidad de ejecución “no ha mejorado las condiciones de vivienda, la asistencia y el rezago escolar en la educación primaria, y muestran alertas importantes como el aumento de la informalidad entre 28% y 40% comparado con la población no beneficiaria, e indicios a lo largo de los años de haber bajado los ingresos generales de estas familias. Este rediseño deberá apuntar de forma importante a mejorar la calidad de vida de estas familias y a desarrollar la cultura de trabajo como forma de mejora de las personas”.   Medidas complementarias Las restantes cuatro medidas apuntan a aprobar una ley fiscal que obligue “a no gastar más de lo que ingresa”. La siguiente está referida al tema del combustible y la energía en general. En la propuesta se propone la baja del precio del gasoil “a paridad de importación”, tomando la precaución de que la forma de lograrlo debe ser una decisión del poder político y no nos corresponde decir a este colectivo cómo hacerlo”. Con respecto a la energía eléctrica, se alude que existen posibilidades de reducir sus costos, posibilidad planteada por la ministra del área y por el gremio de UTE. En relación con ello se expresa que “el precio actual tiene encubierta la necesidad de recaudar para rentas generales”, agregando que “para equilibrar las cuentas públicas primero hay que hacer el esfuerzo por bajar los gastos, luego ver de dónde sale el resto”. En el tema endeudamiento, el punto referido al mismo es lapidario, planteando “como regla general que cada uno se haga cargo de sus compromisos”. Más allá de esto, se sugiere “el reperfilamiento de las deudas a todo nivel, implementar períodos de gracia para permitir el recupero de los sistemas, armar paquetes de negociación de deuda que permita bajar los riesgos en el corto y mediano plazo, evitando que sigan desapareciendo por este motivo empresas en el país, donde las más chicas son las más comprometidas y de mayor riesgo de bajar las cortinas”. Un capítulo particular anexo a este punto es la situación de los pequeños colonos, que deben tener un tratamiento especial, ya que corren el riesgo “de ser expulsados de sus fracciones, que son su sustento, su lugar de vida”. Por lo tanto, para esos pequeños colonos se hace indispensable “abrir una mesa de diálogo y negociación, a los efectos de encontrar una solución de fondo al tema y que ni un productor más se vaya del campo y todos puedan vivir de lo que producen”. El último de los puntos planteados es el del atraso cambiario, al que definen como responsable de “estar matando al sistema productivo”. Sin embargo, pese a lo tajante de la definición, el punto expresa que “no es nuestra función decir si el atraso cambiario es de 10, 15 o 20%, eso es una cuestión de los técnicos. Nuestra función es poner el tema arriba de la mesa y solicitar que se tomen medidas que lo eliminen”.   Certezas e incógnitas de Santa Bernardina Pretender resumir lo que vimos, experimentamos y escuchamos el pasado 23 de enero en Santa Bernardina es complejo, ya que allí se superponen un conjunto de variables. La primera ya es un tópico de tiempos de recesión: el encrespamiento de las entidades agrarias, la transferencia de las responsabilidades por la baja de la rentabilidad al Estado y al sistema político, la defensa de los intereses agrarios de acuerdo a una modalidad corporativista y el conflicto con la centralización. Es necesario también constatar no sólo lo que se dice, sino también lo que se omite en la recapitulación de los costos y la dilapidación de recursos por parte del Estado. Se omite, por ejemplo, el valor de la renta de la tierra, que golpea particularmente a los arrendatarios y beneficia a unos pocos; se omite la transferencia de recursos al exterior por parte de los grandes capitalistas agrarios; las enormes ganancias que acumuló el sector agropecuario en los últimos 15 años, las inequidades que existen a la interna del sector entre la producción primaria y la industria monopólica, el costo exorbitante de las jubilaciones militares en el erario público, para no citar más que algunos ejemplos. En cuanto a la caracterización social de los convocados, es claro que allí estaban presentes pequeños y medianos productores. Brillaban por su ausencia los asalariados y era reducido (y detectable) el núcleo del gran capitalismo agrario. Pero lo que resaltaba más -y en ese sentido hay que ver en la asamblea de Durazno algo novedoso- es el carácter de autoconvocados de los participantes. Dicho en otras palabras, lo que allí se manifestó fue un desborde y una incapacidad de contención por parte de las grandes gremiales agropecuarias del pequeño y mediano capitalismo agrario. Algo que se puede hacer extensivo a los partidos políticos y al propio Estado. La peculiaridad de este movimiento es haber logrado movilizar en un corto período de tiempo a rubros productivos totalmente heterogéneos y diferenciados y haber logrado una “sintonía fina”, al decir de su principal vocero, Marcelo Nogués, entre sectores agropecuarios que a menudo están enfrentados (ponía como ejemplo agricultores y apicultores). En términos más generales, el rápido proceso de acumulación y movilización que se produjo a partir de una iniciativa focalizada en la Feria Rural de Paysandú debería ser visto como el indicio de una carencia de soporte de la representatividad de las gremiales, los partidos políticos y del propio Estado, algo que en tiempos de inmovilismo puede ser auspicioso y/o alarmante, según la direccionalidad que se le imprima al proceso. En ese sentido, es preciso observar con atención cómo repercutirá en la interna de los autoconvocados el llamado inmediato que realizó el presidente Tabaré Vázquez a las gremiales del agro. Desde que comenzaron a manifestarse los reclamos, el mandatario fue claro acerca de que sólo se sentaría en una mesa de diálogo con las gremiales organizadas y no con los autoconvocados. No correspondía que obrara de otra manera, pero el dilema que se plantea hoy es qué sucederá con este aglutinamiento, que no sólo logró rápidamente una espalda social considerable, sino que formuló su propio programa ante la emergencia, logrando conjuntar sectores que ninguna gremial ni partido político por sí mismo lograría aglutinar. Es posible que este impulso se diluya con la misma celeridad con que se generó o que estemos en presencia de una nueva realidad con derivaciones imprevisibles, particularmente por el sesgo que están tomando los acontecimientos en la región, ante los que no hay motivos para sentirse optimista.