Nueva Ley de Migración brasileña fue desvirtuada por Michel Temer

Esta semana entró en vigor en Brasil la nueva Ley de Migración, la cual sustituye al Estatuto del extranjero, una normativa procedente del régimen militar que trataba la migración desde el punto de vista de la seguridad nacional. La nueva ley fue aprobada el pasado mayo en el Congreso brasileño y fue celebrada como una ley aperturista, destinada a igualar los derechos entre inmigrantes y nacionales. Sin embargo, el decreto de reglamentación firmado por el presidente Michel Temer esta semana ha sido objeto de innumerables críticas procedentes de organismos de derechos humanos y de la Defensora del Pueblo de la Unión (DPU), por desvirtuar el contenido progresista de la Ley. Según la coordinadora de Programas de la Conectas Derechos Humanos, Camila Asano, «el decreto tiene aspectos claramente contrarios a la propia Ley de Migración, como la previsión de prisión del emigrante que será deportado, cuando el artículo 123 de la Ley expresamente prohíbe la privación de libertad por razones migratorias». «La ley es un gran avance y el decreto, con jerarquía inferior, no puede destruirla. El gobierno Temer no puede desconsiderar la construcción del texto de la ley, que se ha dado con amplia participación social durante años”, añadió según recogió Folha de Sao Paulo. El Centro de Protección y Defensa de los Derechos Humanos (CDH) uruguayo condena que el decreto incrementa las exigencias para el otorgamiento de visas de trabajo y crea una selectividad contraria al principio de «recepción igualitaria de migrantes». “Si bien la ley de migrantes establecía una visa temporal para migrantes que entraran a Brasil con la intención de residir con carácter permanente, el decreto determina condiciones que dificultan el acceso a ese derecho, como la prueba de la oferta trabajo”, señala la organización en un comunicado. Asimismo, el CDH denuncia que importantes avances que traía consigo la ley de migración, como la visa “humanitaria”, no se regularon debidamente. Según la CDH, el decreto publicado esta semana “no pasó por el debido control democrático. La consulta pública que fue hecha a las apuradas la semana pasada es más bien un monólogo que un espacio de escucha; varias protestas y críticas presentadas tanto en plataformas web como en la audiencia del 13/11 fueron ignoradas”. En este sentido, consideran que “a pesar de ser un país conformado históricamente por flujos de migrantes de todo el mundo, el Gobierno revive una visión conservadora y discriminatoria de la migración como un asunto de seguridad pública, habilitando que se criminalice a personas por su condición de migrantes”.