La jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, dispuso este jueves el procesamiento de nueve personas, tres de ellas con prisión, como parte de un importante operativo por contrabando de lana y cueros. La magistrada hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Negro y procesó a estas personas como responsables de “un delito continuado de contrabando”. Tres fueron procesados como autores y seis en calidad de coautores, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. La investigación judicial se inició en 2013, tras la detección de presuntas maniobras ilícitas en la comercialización de lana y cueros hacia y desde Brasil. En este contexto, el operativo efectuado por la Dirección General de Crimen Organizado este miércoles implicó varios allanamientos y la detención de más de 30 personas en varios departamentos, entre ellas, dos ciudadanos brasileños. El operativo incluyó procedimientos en Rivera, Salto, Artigas, Florida, Las Piedras (Canelones) y Montevideo. El mismo permitió la incautación de 425.679 kilos de lana, 96.870 unidades de cuero vacuno y lanares, 21.000 kilos de sal y 120 caravanas de vacuno. Además, se procedió a incautar unos 3 millones de pesos, 188.000 pesos argentinos, 653.000 reales, 129.000 dólares y 9.000 euros, así como cheques por unos 30.000 dólares. La investigación determinó, entre otras cosas, el ingreso ilegal de lana a territorio uruguayo para su posterior exportación como productos nacionales. Incluso, la mercadería era exportada hacia China por medio de un operador del sector exportador con sede en Montevideo y con los símbolos de autorización del LATU. En este caso, la Justicia no determinó -al menos por ahora- ningún tipo de responsabilidad de la empresa exportadora. Otra línea apuntó al contrabando de cuero hacia Brasil. En este marco, la operativa era difícil de detectar, ya que empresas involucradas se dedicaban al rubro de compra y venta de lana y cuero, por lo que parte de la operativa era legal. “La mercadería de contrabando, ilegal, se entremezclaba con la mercadería legal”, dijeron fuentes judiciales a este medio. La Justicia ordenó un informe de la ex Dicose (dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) para analizar las guías incautadas y determinar el origen de la mercadería. Asimismo, la investigación detectó que la organización utilizaba un depósito en Rivera, que estaba ubicado sobre la línea divisoria entre Uruguay y Brasil, informó el diario El Observador. El predio tenía dos entradas: una por territorio uruguayo y otra, al fondo, por territorio brasileño. Ese depósito se utilizaba para proceder al acopio del cuero, que posteriormente era contrabandeado hacia Brasil. El dinero era recibido por dos casas bancarias de Rivera. Tras varias horas de indagatoria, la jueza Larrieu -en línea con el pedido del fiscal Negro- dispuso el procesamiento de nueve personas, tres de ellas con prisión, por delitos de contrabando. Entre los procesados por la Justicia están los propietarios de tres empresas del rubro agropecuario. Varios de los involucrados confesaron su participación en las actividades ilícitas. En tanto, la magistrada ordenó la liberación de los propietarios de las casas de cambios, al no existir elementos para confirmar su responsabilidad en las maniobras. Sin embargo, se dispuso el inicio de una investigación por lavado de activos y se requirió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del BCU que se amplíen los informes financieros primarios. También se solicitó una ampliación de la información a la DGI.
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