Los principales beneficiarios de este esquema de corrupción fueron las empresas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, firmas ya implicadas en el escándalo de Petrobras. El Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), reveló que la maniobra de manipulación de las licitaciones públicas para la construcción de líneas de metro se estaba realizando desde hace 16 años. El proceso fue abierto en base a informaciones, documentos y pruebas ofrecidas por la constructora Camargo Correa, que firmó un acuerdo de “delación premiada” para colaborar con las investigaciones. De acuerdo a las investigaciones y testimonios, el cártel operó entre 1998 y 2014 e involucró a las cinco mayores constructoras del país. En el reparto, la constructora Queiroz Galvao se adjudicó en 2003 la construcción de la carretera Potosí-Tarija, de 433 kilómetros. El proyecto se comenzó a ejecutar en 2004, se interrumpió en septiembre de 2007 y se reanudó en diciembre de ese mismo año. En 2009, Queiroz Galvao, sin licitación que legitimara la operación, cedió la obra a OAS, que la terminó en julio de 2013. Por su parte, OAS se adjudicó tres proyectos carreteros, pese a que dichas adjudicaciones fueron observadas por tener sobre precios. En tanto, la asociación Andrade Gutiérrez-Copesa-Minerva, creada artificialmente para adjudicarse parte de las licitaciones, quedó a cargo de la reposición accidental de la plataforma accidental de un tramo de la carretera Cotapata-Santa Bárbara, el que le fue impugnado y retirado por el Servicio Nacional de Caminos (SNC). El cártel incluso poseía un nombre cifrado, Topo, que se refería a una máquina perforadora que en Brasil sólo poseen las cinco empresas implicadas en el escándalo. Otras diez empresas están esperando su turno para ser investigadas. Entre ellas, se destacan las multinacionales Siemens y Alston.
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