Un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher indica que anualmente se realizan 25 millones de abortos inseguros en el mundo. Alrededor de 97% de los mismos tienen lugar en América Latina, África y Asia. En este sentido desde la OMS aseguran que «restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos». El organismo indica que en los países que cuentan con leyes permisivas con la interrupción del embarazo y con políticas de elevado acceso a métodos anticonceptivos y a servicios sanitarios presentan las tasas más bajas de aborto. Según el estudio, cuando los abortos se realizan siguiendo los procedimientos aprobados por la OMS el riesgo de complicaciones graves o de muerte es insignificante. En este sentido, según este informe, 31% de los abortos totales fueron realizados con procedimientos inseguros. Esto significa que en ellos intervino un individuo incapacitado o que se empleó un método inseguro o anticuado. En torno a 14% de casos fueron realizados siguiendo metodologías peligrosas como mezclar diferentes tipos de hierbas o objetos peligrosos. Contra la criminalización Debido a este contexto, en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal, tres expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas solicitaron a todas las naciones del globo la supresión de cualquier tipo de legislación que criminalice o limite el aborto, así como la liberación de mujeres que hayan sido encarceladas por cargos relacionados con la detención del embarazo. Los expertos sostienen que cualquier negación del acceso a atención médica es discriminatoria y supone una violación de las garantías fundamentales de la mujer. En este sentido, señalaron que las prohibiciones únicamente suponen excluir del derecho al aborto seguro a aquellas mujeres de menores recursos económicos.
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