Orlando Gómez, embajador de Nicaragua: “Aquí está la mano intervencionista de EEUU”

Desde abril, Nicaragua se ha transformado en noticia para todos los medios internacionales, cuando tras protestas contra la reforma del sistema de seguridad social surgió un movimiento que reclama la renuncia del gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega. Tras enfrentamientos que dejaron decenas de muertos, las partes iniciaron un proceso de negociación y diálogo que hasta el momento no ha dado los frutos esperados. El país vive un proceso de desestabilización fomentado desde Estados Unidos, dijo a Caras y Caretas el embajador Orlando Gómez, quien explicó el proceso que vive su nación. “La democracia nicaragüense viene transitando por un período complejo. Hay que ubicar el año 2016 para recordar que por cuestionamientos a la idoneidad del Consejo Supremo Electoral el país empezó un proceso, junto con la Organización de Estados Americanos (OEA), que viene desarrollándose en función de la transformación y total cambio del sistema electoral nicaragüense. Esa tarea, que está firmada por la OEA, ha sido empujada por la presencia del propio secretario general en Nicaragua entrevistándose con las autoridades del país, con el presidente (Daniel) Ortega, con la vicepresidenta Rosario Murillo y con los grupos que configuran la oposición político-ideológica del país. En este contexto, las elecciones de 2017 fueron supervisadas por una misión de observadores de la OEA. Hay un informe preliminar, posterior a la elección del presidente Daniel Ortega, y un informe final que fue aprobado por el Consejo Permanente sin ninguna objeción por parte de los 36 países que configuran esa organización. En ese momento, como los resultados no satisfacían a la oposición pero más que todo por la necesidad del mismo período democrático que vive Nicaragua, el presidente Ortega firmó un memorándum de entendimiento entre la OEA y el gobierno del país y un convenio por el que se va, mediante un cronograma, a cumplir con todos los pasos que la OEA recomiende que se deben hacer para la reforma total del sistema electoral y del proceso de transformación del Consejo Supremo Electoral en base a los mecanismos que la OEA misma tiene como válidos en el sistema interamericano. El proceso que se desprende de ese memorándum de entendimiento está en marcha. “En ese contexto, el 19 de abril, mediando un decreto del presidente del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, se reformó la ley de seguro social en cuanto a las cotizaciones, pensiones y demás. Esto generó una reacción, que desde el punto de vista social tiene validez, ya que las reformas a los sistemas de pensiones siempre tienen alguna reacción, en todos los países, porque son temas muy sensibles, que afectan la vida de las personas, tanto de los trabajadores como de los jubilados. Esta reacción se produce el 19 y dos días después el decreto fue dejado sin efecto por el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, en función de aplacar la protesta. No obstante, en ese ínterin la protesta salta del rechazo a la ley del seguro social a una demanda, que adquiere otros ribetes, cuando se pasa a exigir que el presidente abandone el poder, deje el cargo, y se dimensiona la protesta cuando se registra la pérdida de vidas humanas. Esto ha generado, como es obvio, una tremenda inquietud en la sociedad nicaragüense y allende las fronteras, porque el número de personas afectadas fue creciendo en la medida en que no fueron tan pacíficas las expresiones de protesta. Empezaron a atacar a la policía, como lo que vemos en la televisión, personas encapuchadas con morteros y armas artesanales que tienen igual impacto que el que puede tener un fusil. La Policía Nacional fue inmediatamente acusada como una policía criminal y se culpó a las autoridades del país por esas muertes. Esas muertes conllevan la pérdida de la vida de algunos manifestantes pero también de policías y militantes sandinistas reconocidos. Incluso uno de ellos fue quemado, de una manera bárbara, cruel e inhumana. “La protesta se fue dimensionando de tal manera que surgió una iniciativa mediante la cual el sector protestante promocionó a la Conferencia Episcopal para gestionar el inicio de un diálogo con el presidente. Este respondió aceptando. En las primeras reuniones el gobierno planteó que aquí está la mano intervencionista de los Estados Unidos, empezar un diálogo en un clima propicio no podía darse estando los tranques -barricadas- por todas las calles de la ciudad capital y en las ciudades más importantes del país las protestas, expresándose sobre todo en la pérdida de vidas humanas. Porque los supuestamente pacíficos manifestantes estaban agrediendo a la población civil desde los tranques, asaltando y robando a la gente que quería pasar, impidiendo el libre tránsito de las personas y de productos provocando así una especie de escasez de algunos productos en los mercados y creando un caos generalizado. Cuando el gobierno analiza la forma cómo evolucionan los acontecimientos, del momento que el decreto del seguro social es anulado hasta los días subsiguientes, uno se da cuenta de que aquello no era simplemente una protesta social generada por una ley  sino que una planificación previamente elaborada. Por consiguiente se ve inmediatamente que surgieron grupos atrincherados en dos universidades, que se tomaron la Universidad Nacional y la Universidad Politécnica, en dos lugares distintos de la ciudad.  Allí los grupos tenían sus estados mayores y eran los que controlaban, en el caso de Managua, las barricadas o tranques como le dicen en el país. Y desde ahí operaban para afectar, no solo la seguridad del ciudadano, que no pudiera circular por las calles de Managua y podía verse afectado físicamente hasta perder la vida. Ni hablemos del transporte. La libre circulación estaba interrumpida. Eso se hacía desde las universidades y algunos jefes, ya identificados, han revelado a las autoridades todo el andamiaje que estaba creado esperando solo el momento propicio para poder empujar. “¿Qué conclusión tenemos? En Nicaragua lo que se organizó, desde un primer momento, era un proceso en espera de la oportunidad para intentar un golpe de Estado. Un golpe suave, como le llaman. Desde la perspectiva de un Gene Sharp, que es un ideólogo  de la desestabilización para países donde haya gobiernos que no son aceptados por Estados Unidos y que han sido puestos en práctica en Ucrania, en la misma Venezuela, ahora en Nicaragua. Está ahí, es la matriz para crear situaciones como las que hemos visto en Nicaragua con estos grupos de descontentos y de gente armada, proyectada a través de los medios como pacífica. No representan una protesta social, no tienen como objetivo que el gobierno cambie una política -digo el gobierno legítimamente electo- porque no les gusta o porque no corresponde a sus intereses, quieren la caída del gobierno. En este contexto se produjo de manera vertiginosa una alianza que se hace llamar Alianza Democrática por la Justicia y la Institucionalidad, encabezada por algunos dirigentes estudiantiles, por el empresariado privado, algunos representantes de una organización de los terratenientes nicaragüenses -se llaman productores pero son grandes terratenientes- y organizaciones no gubernamentales contrarias al gobierno. Consideran que no se les ha dejado a ellos trabajar como lo hacían en la época de gobiernos neoliberales con el fin de combatir la pobreza. Estas organizaciones reciben grandes cantidades de dinero para combatir la pobreza, pero en realidad nunca hay una conclusión de la guerra contra la pobreza. Cuando un gobierno empieza a ordenar el flujo de este dinero, cuando empieza a ejercer controles, no les gustó y se agruparon en una fuerza que integra organismos que están en el tema de los derechos humanos, en la lucha por la legalización del aborto, por la libertad de expresión y que manejan grandes cantidades que les son -y se han descubierto en estos meses- financiadas por instituciones del establecimiento (establishment) norteamericano. Organismos no gubernamentales como la National Endowment for Democracy, la Freedom House y otras que les proporcionan dinero y con los cuales, incluso con la AID, habían estado organizando -en Internet lo señalaban- liderazgos juveniles para la revolución en Nicaragua. Cuando surgió esta compleja situación, lo cambiaron y le pusieron, en lugar de la revolución, el cambio. “En conclusión llegamos a un momento en que se sentaron a la mesa de diálogo las partes enfrentadas y la parte coordinadora y, entre comillas, promotora del diálogo, que es la Conferencia Episcopal. Sin ánimo de acusar, pero para todos los nicaragüenses que hemos estado siguiendo la situación, ha sido notorio el rol que han estado jugando como promotores pero a la vez como juez y parte en el diálogo, principalmente tres obispos: el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, el de Managua, Silvio Báez y el de Jinotega, Abelardo Mata. Con posturas que van más allá que la de un clérigo. De repente lo que hay desde el púlpito son tres agitadores políticos que ofenden al gobierno, que le advierten y le dicen al presidente y a su esposa que se vayan antes de que mueran. Ahí están los videos donde instan a la gente a aprovechar el momento histórico que está viviendo Nicaragua para deshacerse del gobierno y que Dios les va a compensar, que pierdan el miedo y que actúen en este momento. Eso ha tenido su impacto en el avance del diálogo. Lo primero que plantearon era la salida ya del presidente constitucional. Después han estado manejando otros factores como la llegada de organismos de la OEA para que vigilaran o investigaran los abusos que supuestamente está cometiendo el gobierno criminal y dictatorial. Entonces se planteó por parte del gobierno que había una voluntad política del presidente de discutir los temas que quisieran pero que era esencialmente necesario que la discusión empezara, primero por la suspensión de los tranques, de los asesinatos y la violencia, viniera de donde viniera, y pasar a discutir los temas, recuperando la normalidad en todo el país. Se accedió a que llegase de nuevo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Ahora está en el país una comisión que se llama Grupo de Expertos e Investigadores Interdisciplinarios, que son los que, junto con la CIDH, la Unión Europea y la Comisión de la Verdad que configuró el gobierno, van a investigar todos y cada uno de los fallecidos y en qué circunstancias murieron. Entonces el diálogo ya tiene estas pautas. Ya tiene el gobierno la voluntad puesta de manifiesto con la presencia en territorio nicaragüense de estos organismos que han sido pedidos en este proceso. No obstante, todavía estamos enfrentando, y deseando que se concrete, la suspensión de los tranques. Todavía hay grupos que salen a operar, que matan, queman y desaparecen. Son grupos operativos pagados. Incluso se ha constatado que han traído algunos mareros desde El Salvador con US$ 300 semanales de salario para que se hicieran responsables de tranques que ellos consideran estratégicos, sobre todo para la circulación de camiones que transportan a lo largo y ancho de Centroamérica, pasando por Nicaragua, mercadería que viene del sur, de Panamá y Costa Rica, o del norte de Guatemala, El Salvador. Entonces, obstruir el tránsito de mercaderías es un propósito que se suma a la idea de crear el caos generalizado, entonces se paraliza el gobierno. La policía ha tenido que salir e ir retomando aquellos lugares donde estaba siendo imposibilitado el tránsito. “El planteo central nuestro, como gobierno, es que la solución de este conflicto solo puede ser mediante el diálogo, en el cauce de lo que establece la Constitución y las leyes y en ese marco encontrar un acuerdo que calme las aguas y permita la normalidad”.   Los que participan de estos movimientos, ¿son parte de los partidos de la oposición o ustedes identifican a otros elementos? Aquí se produjo una gran convergencia, digo ‘gran’ por la magnitud de los acontecimientos que han provocado. Y quisiera explicar que el gobierno de conciliación y unidad nacional venía trabajando sobre la premisa política de alianza, diálogo y negociación y bajo esta concepción tenía un intercambio con el Consejo Supremo de la Empresa Privada, un diálogo constante con las organizaciones sindicales y el Estado para armonizar estos intereses. Hay que recordar que esto empezó en abril, pero en enero hay decenas de fotografías de encuentros con el sector empresarial en donde el actual presidente del Consejo Supremo y otros empresarios salían junto al presidente Ortega, diciendo que Nicaragua tenía gracias a esta modalidad de alianza, diálogo y negociación, un clima inmejorable para la inversión y los negocios para la empresa privada. Entonces, uno no admite que de un día para el otro el presidente de la empresa privada aparece como parte de un grupo que está provocando la desestabilización. Rompen la alianza, dicen que ya no les interesa porque conciben que lo que ellos están montando y desarrollando es un golpe que va a acabar en pocos días con el gobierno. Allí hay partidos políticos, entre ellos el más virulento es el Movimiento de Renovación Sandinista en donde hay personajes que tienen experiencia guerrillera, experiencia militar. Por lo que hemos visto se encargaron de ese factor. Lo hemos visto en la forma de operar de los grupos. Son ellos los que están detrás. Y además hay testigos que los han visto en el lugar de los hechos y que dan cuenta de quiénes son los que están manejando el factor militar. Está el factor de la empresa privada que ha facilitado la logística, porque uno veía camiones cargados de adoquines para las barricadas financiadas por alguna ONG. Abastecimiento en comida, agua y hasta combustible para hacer las bombas molotov llevadas en camionetas, a veces manejadas por curas. Uno se pregunta qué está pasando aquí: si la Iglesia es mediadora, cómo es que andan los curas llevando piquetes armados. Y poco a poco los vecinos lo han ido viendo y hay casos en que han expulsado a algunos sacerdotes de sus comunidades por la actitud de provocar y de amparar este tipo de actividades. Esto ha llevado a desestabilizar a un país que tenía un 4,5% de crecimiento anual, un país que estaba gozando de gran estabilidad, que era digno de análisis y estudio de otros cuerpos policiales, y una tasa de inversión directa muy positiva para el desarrollo de su economía, es decir, varios factores que son los que han venido a destruir con esta situación. Nicaragua se caracterizaba por una situación tranquila en materia de seguridad, sin maras, ¿cómo ha cambiado eso? Nicaragua tiene un sistema policial de mucha comunicación, lo que había hecho que se neutralizara la delincuencia y la existencia de maras. Nicaragua no es como El Salvador, Guatemala y Honduras. El país se había constituido en una especie de oasis regional. Yo estuve de embajador en Honduras antes de venir aquí y la gente me decía cómo es que ustedes han logrado mantener ese nivel de seguridad y de tranquilidad en las ciudades. Ahora estas organizaciones han creado muchas pérdidas. Se estima que hay US$ 300 millones en pérdidas. Han quemado centros de salud, han dañado escuelas. Han hecho gran daño. Han robado y están robando vehículos que son propiedad del Estado. Usted mencionó que hay evidencia de intervención de organismos estadounidenses, ¿ven esto como parte de una nueva estrategia de la administración Trump hacia América Latina? Es evidente, si uno se pone a pensar que un poco antes de que corrieran a (Rex) Tillerson (exsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump) hizo una gira por América Latina donde reiteró cuál era la visión política de la administración Trump, entonces es efectivamente eso lo que hemos estado viendo como acción de desestabilización. Lo que se aplicó en Venezuela lo vemos copiado en Nicaragua. Es la copia  en papel carbón de la misma modalidad de actuación. Protestas incontrolables y una actitud despiadada  hacia la población indefensa y no digamos hacia quién es identificado como contrario. Lo han visto muchos compañeros sandinistas que han sido asesinados con la mayor saña. Entendemos que se trata de una conspiración, un golpe de Estado. El financiamiento y la cantidad de recursos que se han usado tiene que ser provisto por estas instituciones no gubernamentales que son legalmente establecidas y que son parte del establishment estadounidense. La única conclusión a la que podemos llegar es que aquí está la mano intervencionista de los Estados Unidos. Diez años de gobierno del Frente Sandinista han transformado a Nicaragua en un país pacífico, en desarrollo, con crecimiento estable y sobre todo también un muro de contención a la actividad del narcotráfico internacional y de las organizaciones criminales internacionales, que son un factor que gravita en toda esta problemática. Porque está vinculado por dos factores, uno de financiamiento para acabar con el concepto de seguridad y proporcionar armas a los grupos opositores.   ¿Cómo ve Nicaragua la posición de Uruguay? Nosotros, que somos respetuosos de los asuntos internos de los países latinoamericanos y de otros de la comunidad internacional, hemos asumido que se trata de una situación que debemos resolver los propios nicaragüenses. Pero obvio, siendo parte de la comunidad internacional hemos visto una posición que entendemos es la correcta. Por ejemplo Uruguay apoya el diálogo y la negociación como la vía para encontrar la solución a los problemas. Totalmente de acuerdo con la postura de Nicaragua. Todos los países que apoyen el diálogo y la negociación aportan su grano de arena y esa es la salida. Apoyan la presencia de la CIDH, de la Unión Europea y otros organismos, y creemos que la presencia de esos organismos ayuda en la línea de negociación. Con todo lo que apoya eso nosotros estamos de acuerdo.