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Sociedad coronavirus | pandemia |

Pandemia y sequía: dos crisis destructivas para la producción de alimentos

Ambas situaciones, aún en curso, potencian un panorama complicado para el sector de la producción familiar, comprador de insumos en divisa norteamericana y vendedor al mercado interno en moneda nacional. Evitar una fractura a nivel de la producción familiar aparece entre los desafíos cargados de futuro con que cuenta la gestión de la actual crisis.

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Caras y Caretas Diario

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Por Ignacio Cirio

En el área responsable del 70 por ciento de la producción fruti hortícola del país, asimilable a los departamentos de Canelones y Montevideo (rural), abastecedora del mercado interno, dos crisis de características destructivas se superpusieron en 2020, teniendo ambas su vértice en pleno período de transición gubernamental y desboque del dólar. De un lado, una profunda sequía que se extendió por más de cinco meses, desde la primera quincena de octubre hasta la actualidad. De otro, la declaración de crisis sanitaria por la llegada a Uruguay del coronavirus COVID 19 en el marco de la pandemia global.

Ambas situaciones -aún en curso- potencian un panorama complicado para el sector de la producción familiar, comprador de insumos en divisa norteamericana y vendedor al mercado interno en moneda nacional. En momentos de inseguridades, el debilitamiento del tejido social-empresarial de la producción de alimentos es una faceta de la crisis país, aparece como un factor no del todo presente en los discursos que se ubican en “el día después”. Pese a ello las muestras de solidaridad de las organizaciones rurales han sido generosas en la atención a la emergencia alimentaria, sea vía institucional –canastas de los gobiernos de Canelones y Montevideo, por ejemplo- o de organizaciones sociales, llámese ollas y comedores populares. Evitar una fractura a nivel de la producción familiar aparece entre los desafíos cargados de futuro con que cuenta la gestión de la actual crisis.

Emergencia Climática

Entre la primera quincena de octubre de 2019 y la segunda de marzo de este año, prácticamente no llovió en la franja granjera del sur del país. En cuanto a producción animal, el déficit hídrico sumado a las altas temperaturas estivales complicó severamente los verdeos de verano y adelantó el consumo de reservas previstas para la entrada del otoño invierno. Y derivó, el 9 de marzo, en la declaratoria de Emergencia Agropecuaria para el sector ganadero y lechero de varios departamentos sureños, abarcando a unas 800 mil hectáreas.  El 20 de marzo se concreta la inclusión de la producción hortícola, frutícola y apícola en los rubros declarados en emergencia

Un equipo de gestión del MGAP prácticamente recién asumido, contó sin embargo para la atención a un problema “quemante”, con el Fondo de Emergencia Agropecuaria (FEA). Creado a través de la ley 18362 promulgada durante la gestión de José Mujica al frente del MGAP en 2008, dicho FEA permitió contar con una reserva de recursos que diera respuesta a través de compra masiva de fardos y otros suplementos alimenticios a la seca 2008-2009, ésta de carácter nacional y de duro impacto en su momento sobre la ganadería.

Sin embargo, esta declaratoria de emergencia enfocado en la ganadería, distó mucho de aquellos operativos. La propuesta del MGAP multicolor fue emplear los 7 millones de dólares presentes en el Fondo para subsidiar los intereses de líneas de crédito de libre disponibilidad para que cada productor adquiera alimento animal por su cuenta.

La granja reclama

Bien antes de la hecatombe sanitaria, en las chacras de Canelones y quintas de Montevideo rural se respiraba un clima de ruina. A excepción del rubro vitícola, donde la pérdida de kilos se compensó como lo que el Presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura definió como la mejor vendimia en 40 años, varios renglones de la canasta fruti hortícola vieron menguadas sus cosechas. Cebollas que no alcanzaron los calibres comerciales superiores, zapallos en secano que no produjeron y los frutales de hoja caduca secándose y menguando su productividad, era un panorama ya previsible a inicios de marzo. En el caso de los frutales, algunos episodios de vientos fuertes agudizaron asimismo la pérdida del producto. Las altas temperaturas registradas sin tregua atrasaron ciclos como la avicultura tanto de carne como de huevos.

Hasta el agua para el consumo humano, en zonas donde no alcanza el tendido de Ose, faltó.

Así las cosas y tras diversas gestiones que llevaron a los noveles directores del MGAP al territorio convocados por las Mesas de Desarrollo Rural, el 20 de marzo los rubros fruti hortícolas del sur del país eran incluidos dentro de la Emergencia. Con una diferencia fundamental con la ganadería, la papa o pera no cosechada no puede adquirirse. El ciclo es más corto y si bien el mercado no sufrió desabastecimiento, dado el arribo de rubros del norte del país, Salto y Bella Unión, el faltante de hortalizas secas para los meses de invierno ya es un hecho de la realidad, que tendrá seguramente una traducción en los precios. Julio y agosto están cerca y han que costear las inversiones que permitan el “retorno” de la granja del sur para esas fechas.

La línea de “auxilio” definida por el MGAP para la granja tiene como denominador común el perfil financiero: créditos subsidiados por escala de producción para preparar los costos de producción 2020-21. Así lo explicó el Director General de la Granja Nicolás Chiesa, quien indicó que se recurrirá a recursos previstos en el Fondo de Fomento de la Granja y se reinvertirán dineros destinados a fomentar la exportación de frutas. Para ello se pide a los productores granjeros ingresar su inquietud a través del sitio web del MGAP (mgap.gub.uy) aplicando al FEA, en un plazo que va hasta el 15 de abril.

En una tele-conferencia de prensa brindada el lunes 6 de abril se informó por parte de autoridades del MGAP que son unos 490 los granjeros que han manifestado necesidad de ayuda a través del crédito. Sin embargo, algunas propuestas por ejemplo de la Asociación de Fruticultores de Producción Integrada (Afrupi) de contar con financiación no reembolsable que permita hacer frente a los costos de producción durante el invierno, fueron desestimadas.

El Mercado debe seguir

La cuarentena “exhortada” iniciada el 13 de marzo con la llegada del “paciente 0” de COVID 19 al Uruguay dio un drástico giro de campaña a este escenario. Rápidamente algunas de las principales incertidumbres fueron despejadas: las ferias alimenticias vecinales, con cambios y nuevos criterios de alejamiento, seguirían funcionando. Y, no menos importante, se definió como estratégica la continuidad del funcionamiento del Mercado Modelo (MM), espacio crucial de abastecimiento frutihortícola, pero también de otros rubros, como el huevo, cuyo consumo –y de paso precio- se disparó ante la crisis alimentaria.

Consciente de este rol central, el MM inició rutinas de desinfección de baños, zonas de mayor tránsito, así como reforzó la disponibilidad de elementos de higiene a sus funcionarios y operadores. Con un tránsito del entorno de las 2 mil 500 personas diarias, en el espacio físico crucial del abastecimiento de frutas y hortalizas frescas, las medidas debieron se extremadas, llegándose a controlar aleatoriamente la temperatura a quienes ingresaban al área de comercialización.

Ruralidad,  solidaridad y soberanía

El Director de la Agencia de Desarrollo Rural de la comuna canaria Matías Carámbula suma a las “emergencias” del territorio de Canelones, la alimentaria. De acuerdo con el relevamiento que lleva adelante la Intendencia, las ollas populares en el departamento superan las 80 y ante ellas las organizaciones de la producción familiar han cumplido un rol central de abastecimiento. En lo que hace a las acciones institucionales, la Intendencia ha decidido sustanciar un “fondo coronavirus” departamental a partir de una rebaja voluntaria de salarios del equipo de gestión en el orden del 10%, así como colocar a disposición de ASSE la flota ligera de vehículos municipales para transportar a médicos y demás personal de salud en consultas domiciliarias. A partir de esos fondos se confeccionarán unas 6000 canastas a ser distribuidas en los meses de abril y mayo. La Intendencia ha adquirido frutas y verduras a organizaciones locales como la Cooperativa de Producción Hortícola de San Antonio (COAPRUSA) por un valor del orden de los $600 por canasta. Desde el inicio del año, informó además Carámbula, la sequía obligó a brindar asistencia con envío de agua potable para consumo humano en unas 300 intervenciones. Las limitaciones presupuestales han impedido llevar agua para consumo animal a las chacras, pero Carámbula estima que esa debería ser una línea de acción del MGAP en el departamento.

“La Dirección de Desarrollo Humano es la encargada de coordinar la respuesta de la Intendencia a la emergencia social y alimentaria”, explica Carámbula. Esta Dirección ya mantenía unos siete comedores y administraba un número limitado de asistencia alimentaria en formato canasta. Pero la paralización del departamento y el vaciamiento de otros espacios de asistencia como pueden ser considerados los comedores escolares, hizo explotar la demanda. “La situación social implicó que la Intendencia deba fortalecer tanto el número de comensales en los comedores como en el tema canastas, focalizándonos en sectores de la población que no tienen otros beneficios como son las tarjetas MIDES o asignaciones familiares. Familias que quedaron desempleados por ser feriantes, o vendedores callejeros por ejemplo. De acuerdo al procesamiento que llevamos se está atendiendo a 4000 personas en esa situación”, indicó Carámbula.

El agrónomo y sociólogo destacó asimismo las iniciativas de organizaciones de la producción canaria logrando importantes volúmenes de alimentos y otros productos que son vehiculizados a través de los municipios, que cuentan con el mapeo de las necesidades en cada territorio y cada barrio. Otros colectivos como la Agremiación de Tamberos, adquirió directamente un conjunto de canastas que fueron enviadas al municipio, a través de donaciones en efectivo de los asociados. A iniciativa de la Cooperativa de Faconeros Unidos y de la Asociación de Faconeros, con el apoyo logístico y de faena de la industria El Poyote, unas 60 mil gallinas de postura serán también un aporte a las ollas populares y comedores municipales.

“Este proceso hay que señalarlo y reconocerlo. En un contexto de crisis agropecuaria que afectó a muchos productores surgen estas redes de solidaridad desde las organizaciones de productores que no son espontáneas sino que existe un fortalecimiento de parte de las organizaciones que, sumado al trabajo de cercanía generan esa confianza, solidaridad y cooperación”, indica Carámbula.

“Creo que hay que destacar y rescatar esas redes y puentes entre mundos bien diferentes, que surgen pero que también son procesos previos, que han llevado su tiempo y ahora afloran y dan sus frutos”, apunta.

En una reflexión de fondo, Carámbula destaca la importancia que representa el principio de la soberanía alimentaria con presencia de familias productoras en territorio. Debe apreciarse, por sobre el miedo y los recaudos, “la centralidad e importancia de contar con políticas diferenciadas hacia la producción familiar, que es la que no funciona solo frente a la lógica del mercado, generando la base y resguardo de producción de alimento para los uruguayos, no pensando en el mercado global o exportador. Creo que hoy se ve la necesidad de mantener esas bases productivas y familiares que garantizan de la forma más democrática posible el acceso de la población uruguaya a los alimentos. Un tema básico para cualquier nación y cualquier pueblo”.

Compromisos y algo más

Si el lugar en que se coloca la producción familiar por parte de Carámbula es tal, la conclusión que se deriva de ello es el enorme riesgo que implica una depresión económica familiar en este sector social producto de la pandemia y las consiguientes respuestas estatales. La posibilidad de un subsidio directo a las familias agricultoras que permita retomar los ciclos productivos con cierta normalidad no parece demasiado pedir, a pesar de que la administración de la coalición multicolor desestimó una propuesta similar a un salario mínimo para las familias más desamparadas. Pero nadie ha hablado de ello hasta el momento. Al menos fronteras hacia adentro, ya que el el foro internacional todos somos generosos si de lo declarativo se trata. En una declaración conjunta, los 25 ministros de Agricultura o Desarrollo Social de América Latina y el Caribe suscribieron un compromiso para asegurar el “abastecimiento de alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para los 620 millones de habitantes de la región durante la pandemia de COVID-19”.

Matizan las autoridades agrícolas que “a diferencia de crisis anteriores, la oferta de alimentos se ha mantenido estable en el mundo y en nuestra región. Por lo tanto, no existen razones que justifiquen aumentos importantes en los precios internacionales de los alimentos, por lo que hacemos un llamado a todos los actores del sistema alimentario, a impedir la especulación en este momento de emergencia”.

Y manifiestan su compromiso a “proveer asistencia técnica y financiera a los pequeños y medianos productores agrícolas, pesqueros, acuícolas, ganaderos, y pequeños y medianos agroindustriales, que aportan una alta proporción de los alimentos básicos para el consumo nacional. Sostener y, en algunos casos, aumentar su producción es esencial”, ratifica el documento, propiciado por la regional de FAO.

Las decisiones del gobierno nacional y las intendencias, parecen claves en esta etapa para evitar el deterioro de un eslabón insustituible en la seguridad y soberanías del país: las porfiadas familias granjeras.

 

 

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