Paraísos fiscales: Uruguay otra vez en la lista gris

Por Víctor Carrato   Nuestro espía de la KGB en Montevideo había recibido ambas listas y las tenía sobre su mesa. El jefe Kirov urgía un informe. Con fecha del martes 5 de diciembre, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) acordaron su lista negra de paraísos fiscales, con 17 países y jurisdicciones. La lista gris incluye a aquellos países que actualmente no cumplen con los estándares de la UE, pero que se han comprometido a cambiar sus normas fiscales. Si no lo hacen, pueden pasar a la lista negra. Hasta el año que viene tienen plazo los países para adaptarse a las medidas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y dejar de ser paraíso fiscal. Los países en vías de desarrollo tienen un año adicional, hasta finales de 2019. Desde enero de este año se han evaluado un total de 92 países y territorios de acuerdo con tres criterios (transparencia fiscal, fiscalidad “justa” e implementación de las medidas acordadas por la OCDE) y “la mayoría” de ellos se ha comprometido con la UE “en un proceso de diálogo constructivo”. En la lista negra hay grandes ausencias. Allí no figuran ni Estados Unidos, ni Suiza, ni Andorra, ni Gibraltar, ni las islas del Canal de la Mancha ni las Islas Caimán. Es más, Islas Vírgenes Británicas no aparece ni en la lista negra ni en la gris. No obstante, los casos de ocho países afectados por huracanes serán analizados el próximo febrero, según explicó el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. En Bruselas, en lugar de decir paraíso fiscal, se utiliza el término “jurisdicción no cooperativa en material fiscal”, y de esas hay bastantes más de 60 en todo el mundo. Los criterios utilizados son más económicos y legales que políticos y estratégicos. Los Estados miembros de la UE no pueden estar en esa lista. Los países de la lista negra podrían perder el acceso a los fondos de la UE o se podría prohibir a instituciones de la comunidad abrir cuentas en esos territorios e impedir contratar a empresas que operen en paraísos fiscales. ¿Por qué la UE tiene tantas contemplaciones de escasas listas negras y listas grises con países que facilitan la elusión fiscal y la evasión de impuestos? ¿No se evalúan los delitos y sus penas por el bien jurídico que agreden? ¿Les parece poca agresión la de los países en desarrollo que, en el cálculo más conservador, pierden 85.000 millones de euros de recursos fiscales por elusión de impuestos de grandes empresas a través de paraísos y territorios offshore? Pues no olviden que el bien jurídico agredido en esos países, según informe de Oxfam, son seis millones de vidas que se pierden al año porque el Estado no dispone de la necesaria asistencia sanitaria pública. Y no dispone de esa asistencia porque no puede financiarla. Y no puede financiarla porque se han eludido y evadido impuestos, como dice Xavier Caño Tamayo, miembro de Plataforma por la Justicia Fiscal. Y agrega: “En tanto haya paraísos fiscales, jurisdicciones offshore o como demonios quieran llamarlo y no haya medidas duras contra los elusores y evasores de impuestos y sus cómplices necesarios, habrá fraude fiscal a gran escala. Una verdadera industria. Y crecerán sin cesar la desigualdad y la pobreza. Con lo que finalmente cabe concluir que no se solucionan fraude fiscal y elusión hasta que la ciudadanía tome el asunto en sus manos. No es nada fácil ni se resuelve mañana, pero se puede”. El 15 de diciembre de 2011, Uruguay logró salir de la lista gris de la OCDE, acordando la firma de nuevos acuerdos. El comunicado oficial expresó, entonces, que “los 18 acuerdos que tiene Uruguay con otros países le permiten ubicarse en la lista de países que sustancialmente han implementado los estándares para el intercambio de información sobre transparencia y el intercambio de información con fines fiscales”. La OCDE indicó en su comunicado que Uruguay firmó siete nuevos acuerdos bilaterales para facilitar el intercambio de información fiscal, “lo que muestra su buena disposición para implementar los estándares globales”. Uruguay figuraba desde abril de 2009 en la lista gris, constituida por los países que no habían adoptado todas las reglas internacionales de transparencia fiscal. Los paraísos fiscales son conocidos en inglés como offshore porque funcionan como caja de caudales de divisas extranjeras. La gente imagina que son ilegales. Es una simplificación que no es cierta en muchos casos. Recurrir a estos países no tiene por qué implicar el cometer un delito, aunque actúen en el filo de la legislación internacional. A pesar de la falta de transparencia de todos ellos, realizar algunas operaciones financieras es legal siempre que lo conozca el fisco del país “esquivado”. Este matiz marca la diferencia entre la “elusión fiscal” y el delito por evasión. Sin embargo, si los paraísos fiscales beneficiasen a todo el mundo, nadie pagaría impuestos, lo que no parece ser una práctica muy extendida. En los laberintos financieros de los offshore sólo hay grandes patrimonios. La política de estos países beneficia sólo a los ricos mientras ahuyenta a las pequeñas empresas y no favorece la entrada de inmigrantes, lo que explica por qué sus poblaciones suelen ser pequeñas a pesar de acumular tanta riqueza. Casi todos los ciudadanos que depositan allí su dinero no han pisado nunca el país. Internet es el instrumento más utilizado para lavar dinero, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Este organismo intergubernamental, creado por el G7, se encarga de promover medidas para combatir el fraude fiscal a través de offshores. La gran ventaja de la red para el estafador es la dificultad de asociar una gestión online con una actividad real de la empresa-pantalla creada. “Es muy difícil aplicar el sistema tributario a un negocio totalmente virtual”, afirma Héctor Iparraguire, especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías. “No hay un cara a cara con los empleados del banco y apenas se exigen datos de identificación”, añade. Para enviar dinero a un paraíso fiscal, de forma legal o ilegal, el primer paso es contratar un abogado. Si sólo es una elusión fiscal, es probable que el letrado pida referencias bancarias y documentos de identidad para evitar problemas. En cualquier caso, el jurista crea una sociedad en el país, de la que será cabeza visible ante las autoridades, para gestionar el capital enviado. En caso de ser un delincuente, esta empresa actuará normalmente como una “sociedad pantalla”, un falso espejo para despistar a los investigadores policiales. Lo más probable es que esta “compañía” reciba numerosos depósitos de dinero en pequeñas cantidades para evitar declarar ante el fisco. Además, la Policía tendrá difícil seguir estos movimientos porque gracias a internet el capital puede llegar desde cualquier punto del globo: los bancos sólo controlan sus propios movimientos, y aquel que evade capitales, si es listo, suele controlar multitud de empresas falsas dirigidas por testaferros, aquellos que dan la cara por el verdadero propietario de la compañía. En 2009, el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, descartó que el país pueda ser considerado un paraíso fiscal. “Estoy convencido de que los análisis que han hecho reconocidos expertos en estos días son correctos en cuanto a que Uruguay no constituye un paraíso fiscal”, dijo a periodistas. Días antes, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, había mostrado su rechazo ante la posibilidad de que el país fuera incluido dentro del grupo e hizo expresa su protesta: “Cualquier intento, por parte de quien fuere, de tratar de que se catalogue a Uruguay como país paraíso fiscal es un triste intento de quienes a veces pretenden ganar algunos terrenos utilizando argumentos que son absolutamente falaces”. Y, sin embargo, Uruguay sigue en la lista gris. Pero ya casi nadie se conmueve ni protesta.