Parlamento blindó a Jimmy Morales contra acusaciones de corrupción

El pasado miércoles el Parlamento de Guatemala aprobó por sorpresa una reforma del Código Penal vinculada con el financiamiento ilícito de partidos políticos. Esta medida permitirá al presidente Jimmy Morales evadir las acusaciones de corrupción lanzadas contra él por la Comisión internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (Cicig). Esta reforma tuvo un precedente esta misma semana cuando el Congreso guatemalteco votó por mayoría el pasado lunes en contra de despojar a Morales de su inmunidad, impidiendo así que el mandatario sea juzgado por presunta financiación ilícita de su campaña política de 2015. Este miércoles se aprobó una nueva legislación con la que también se protege a los secretarios generales de los partidos políticos, muchos de los cuales ya tienen procesos abiertos por el mencionado delito. Así, a partir de este miércoles únicamente incurrirá en un delito aquel que “reciba o autorice recursos provenientes del crimen organizado o el narcotráfico”. Además, los responsables en estos casos ya no serán los secretario de generales de las formaciones políticas, sino los encargados de la contabilidad de las mismas, quienes podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y tres años conmutables mediante el pago de una multa. Medida urgente Este proyecto ha sido introducido en calidad de moción privilegiada aprovechando la víspera del aniversario de la independencia del país, por lo que ya tiene carácter de ley. Sectores críticos denuncian que mientras la sanidad, la educación y las infraestructuras del país permanecen olvidadas por los diputados, esta medida para fortalecer la impunidad se aprueba en tiempo record con carácter de urgencia. Los diputados abandonaron el Parlamento rápidamente antes de que diese tiempo a congregar una manifestación numerosa contra la corrupción, como se vienen dando en el país durante los últimos años. El Cicig es un órgano de carácter internacional, dependiente de Naciones Unidas (ONU), destinado a apoyar al Ministerio Público y a las instituciones de seguridad del Estado en la investigación de casos ligados a la actividad de las mafias en el país. El Cicig fue creado durante el gobierno derechista de Óscar Berger Perdomo, en acuerdo con la ONU, debido a que el elevado grado de enquistamiento de las mafias en el Estado guatemalteco vulneraba en exceso la gobernabilidad del territorio.