El Partido Comunista de Venezuela podría ser ilegalizado

En Venezuela está teniendo lugar el proceso de renovación de partidos que se lleva realizando cada cinco años desde 1965. Este proceso se inició a principios del presente mes y tiene como objetivo que los partidos que no concurrieron a los últimos comicios electorales y aquellos que no llegaron a obtener 1% de votos en los mismos demuestren que tienen el reconocimiento público suficiente para mantenerse en la carrera política. Esto afecta tanto a partidos de izquierda como de derecha. Para que un partido sea valorado, debe recoger las firmas de 0,5% del censo electoral en al menos 12 estados del país. Con esto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizará el registro de los militantes de cada formación política, conociendo concretamente a las autoridades de cada una y si los partidos cumplen con el número de afiliados exigido. En total 59 organizaciones con fines políticos está llamadas a renovarse. La rectora principal del CNE, Socorro Hernández, declaró el pasado martes que el Poder Electoral está «concentrado» en la renovación de los partidos políticos del país. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de validación de las formaciones para el cual la ley fija un plazo máximo de seis meses. Ilegalización del PCV Con este marco de fondo, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) manifestó una serie de críticas a este proceso. El 17 de febrero presentó un recurso de nulidad para en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, ya que considera que contradice la Constitución de la República. Más adelante, ante la falta de respuesta de las autoridades se negaron a participar en el mencionado proceso, esto conlleva la relegación del partido a la ilegalidad por quinta vez en su historia, ya que no podrá participar en la vida política. Los comunistas consideran que esta ley fue aprobada en un contexto de represión y persecución política para garantizar el bipartidismo en el marco del conocido como Pacto de Punto Fijo, firmado en 1958 por los partidos derechistas Acción Democrática, Copei y Unión Republicana Democrática. Por ello se niegan a dar públicamente los nombres y la información requerida de sus militantes porque alegan que pueden sufrir persecuciones en varios terrenos de su vida privada, como el laboral. La ley dice que cada partido debe presentar la nómina de sus integrantes, en la que se “especificará sus nombres y apellidos, edad, domicilio y Cédula de Identidad”. También deben presentar la “manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él”. El origen de la ley tener un registro de los  miembros de los partidos de izquierda en aras de intimidarles y así dificultar su legalización. Años antes de su promulgación, el PCV había sido ilegalizado y cientos de sus integrantes habían sido detenidos. Esta normativa fue reformada en 2010, pero únicamente en aspectos tangenciales. Por ello desde el PCV consideran que cumplir con esto es equivalente a delatar a sus propios miembros. Por otro lado, alegan que su formación no se adapta al partido de masas habitual, sino que obedece a un formato de partido de cuadros, en el que no basta con presentar una firma para ingresar como miembro. El PCV, atendiendo a la fórmula marxista leninista, exige un periodo de formación teórica del premilitante tras el cual este debe recibir la aceptación de los militantes para ingresar. Actualmente, según explicó el periodista Luigino Bracci en base al testimonio de un militante comunista, «por razones de seguridad, no hay una sola persona en el PCV que tenga la lista de todos sus militantes. Éstas se mantienen fraccionadas entre sus distintos burós regionales, con diferentes medidas de seguridad, y esto es así por las persecuciones que han sufrido los partidos marxistas-leninistas en todo el mundo».