Pérez Manrique: «Vázquez es el dueño de las decisiones»

Pero esa mañana del miércoles 24, algo cambió. Tras algunas idas y vueltas, el novel presidente de la Corte estuvo reunido por más de una hora con el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Ese encuentro reservado, en la intimidad de la residencia de Suárez y Reyes, permitió descomprimir la tensión que desde hacía varios meses –por no decir años– existía entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

En ese ámbito, Pérez Manrique tuvo la posibilidad de presentar ante el presidente Vázquez, cara a cara, un informe “desagregado” sobre la delicada situación financiera del Poder Judicial tras la aprobación de un presupuesto que, en un contexto de contracción del gasto, no otorgó recursos extras para su funcionamiento.

Durante la reunión, el ministro expresó que el Poder Judicial necesitaba una refuerzo presupuestal de 4,7 millones de dólares para cumplir con sus servicios básicos hasta fin de año, y un crédito presupuestal “inmediato” de 20 millones de pesos para la implementación del Código Aduanero, que entrará en vigencia este 1º de marzo. También detalló varios de los proyectos de infraestructura y de cambios en el sistema de justicia que no podrán implementarse por falta de recursos, e insistió en que una reforma del Código del Proceso Penal no podría hacerse sin dinero extra, por más que se prorrogara la entrada en vigencia de los principios de oralidad y audiencia pública, como propone el gobierno.

Para su beneplácito, Pérez Manrique se llevó de esa reunión el compromiso del presidente Vázquez de que mantendría un diálogo con el ministro de Economía, Danilo Astori, en procura de lograr los fondos para atender algunos de los reclamos judiciales. En especial, Vázquez se comprometió a que antes de la entrada en vigencia del Código Aduanero, brindaría una respuesta sobre la posibilidad de otorgar los recursos para su implementación, y que en caso de concedérselos, demorará entre 90 y 120 días la remisión de expedientes de la Dirección Nacional de Aduanas a los Juzgados de Paz Departamentales para darle tiempo al Poder Judicial para ejecutar los cambios necesarios para su aplicación. También se gestionaría dinero para el desarrollo de un software que permita grabar las audiencias, cuya implementación será testeada en varios juzgados de Montevideo.

“Soy bastante prudente y no me gusta echar campanas al viento en cuanto a los diálogos, porque la utilidad que tienen se ve en función de los frutos, en función de la respuesta real que se tiene de la contraparte. Pero lo que debo decir es que, en este caso, quizás mucho más que en la reunión anterior, me sentí escuchado, entendido y comprendido por el presidente de la República”, dijo Pérez Manrique, en conferencia de prensa, tras la reunión con Vázquez. “Él es el dueño de las decisiones, y estaremos a la decisión que él y su gobierno tomen”, agregó.

Asimismo Pérez Manrique reconoció las palabras del mandatario. Durante la reunión, Vázquez expresó su “absoluto reconocimiento y respeto a la autonomía del Poder Judicial” y dijo que “en ningún momento pasó por su sentir que existiera una situación de aislamiento o disconformidad con el funcionamiento del Poder Judicial”. También valoró que “el servicio de Justicia, la existencia y el funcionamiento del Poder Judicial son esenciales al Estado de Derecho y vitales para el acceso a la Justicia y garantizar los derechos de todas las personas, en especial de las más vulnerables”. El ambiente entre ambos poderes pareció descomprimirse.

Alta tensión

“No sabemos cómo será el diálogo con el Poder Ejecutivo este año. Toda la Corte está abierta al diálogo, yo soy un hombre de diálogo; con este presidente, como con los anteriores, van a tener las puertas abiertas del despacho y la disposición de ir al lugar que sea necesario para poder conversar y acordar”, había dicho Pérez Manrique, en entrevista con Caras y Caretas.

Durante esa entrevista, Pérez Manrique fue enfático en cuanto a que la ausencia de recursos en el Presupuesto había afectado la situación financiera del Poder Judicial y que se necesitaba un refuerzo presupuestal por casi 150 millones de pesos para atender las necesidades básicas del servicio. Pero prefirió no realizar comentarios sobre cuáles eran los motivos de esa falta de presupuesto: “No puedo, en la investidura que tengo, juzgar intencionalidades políticas. Creo que este conflicto salarial contaminó el diálogo, lo deterioró, y hubo un problema importante que se ve reforzado con la no respuesta presupuestal”, dijo, escuetamente, Pérez Manrique.

Es que los hechos ocurridos en 2015, con el largo conflicto salarial que llevaron adelante todos los gremios del Poder Judicial –por el desenganche de sus salarios respecto a las remuneraciones de los ministros de Estado que operó en 2011–, significaron un nuevo golpe al relacionamiento entre los poderes. Sobre todo por el tenor de las proclamas y de las respuestas.

Desde el oficialismo se decía que los reclamos eran injustos e improcedentes, ya que la norma aprobada era clara en cuanto a que el aumento era exclusivo para los secretarios de Estado, de forma de equiparar sus salarios con los de los senadores. Los trabajadores judiciales (jueces, funcionarios, actuarios y defensores de oficio), por su parte, interpusieron diversas acciones de inconstitucionalidad contra las leyes que intentaron solucionar el diferendo y presentaron decenas de demandas civiles por daños y perjuicios por la afectación de sus salarios desde abril de 2011 en adelante.

El conflicto salarial en el Poder Judicial implicó una histórica concentración de jueces y fiscales frente a la Torre Ejecutiva, y casi cien días de paro de actividades (total o parcial) de los funcionarios, actuarios y técnicos informáticos, lo que implicó una distorsión notoria en el servicio. A eso se sumó el conflicto impulsado por todos los gremios contra el “presupuesto 0%” para el Poder Judicial, algo que fue entendido como una “revancha” del gobierno por los reclamos de los trabajadores. Incluso, algunos actores gremiales y políticos hablaron de “golpe a la institucionalidad” y de un intento de socavar económicamente al Poder Judicial.

El diferendo pareció descomprimirse sobre fines de 2015, cuando una corte integrada por ministros del Tribunal de Apelaciones declaró la inconstitucionalidad de tres artículos de la ley 19.310 –aprobada un año antes como intento de dar solución al conflicto–, pero legitimó una partida de 246 millones de pesos para otorgar un aumento salarial de 8% a jueces, actuarios, defensores de oficio y funcionarios, así como a los cargos equiparados del Ministerio de Educación y Cultura (los fiscales).

Tras una negociación entre el Poder Ejecutivo y los gremios, se acordó que esa partida sería distribuida en dos mitades: la primera, un pago de 25.000 pesos para cada funcionario, y la segunda con un incremento salarial de 8% para cada funcionario. Ese pago se haría a cuenta de la futura negociación, para intentar destrabar el conflicto salarial o, en caso contrario, a cuenta del pago que debería hacer el Estado en caso de perder los juicios en curso. La firma de ese acuerdo incluyó una cláusula de paz que amortiguó las movilizaciones de los gremios.

Desde entonces los representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no habían vuelto a reunirse, a lo que se sumó el duro comunicado de Asamblea Uruguay –el sector liderado por el ministro de Economía, Danilo Astori–, en el que se planteó un “avasallamiento” del Poder Judicial en temas del Legislativo, en el entendido de que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 19.310 había socavado la potestad indelegable del Parlamento de definir el salario de los funcionarios públicos. Ese comunicado generó el rechazo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Por eso, la reunión entre Vázquez y Pérez Manrique fue una muestra de distensión de las relaciones y una señal de que, a partir de ahora, el vínculo entre los dos poderes del Estado será otro. Por lo menos, así lo expresó Pérez Manrique: “En el plano del relacionamiento institucional quedamos con línea abierta […]. Estamos en la normalidad”.