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Hace unos días, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) declaró que «los parlamentarios uruguayos deben rechazar una disposición que establecería sanciones penales por insultar a los funcionarios policiales, y deben garantizar que las leyes no violen la libertad de expresión».
Además de esta declaración y en consonancia con lo que también afirmara el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública y Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, el Comité instó a eliminar el Artículo 11 del proyecto de ley de Urgente Consideración.
“La disposición que establece sanciones penales por ofender a los funcionarios policiales y que figura en el proyecto de Ley de Urgente Consideración, no es congruente con el derecho a la libertad de expresión, y pudiera tener un efecto inhibidor sobre los periodistas que cubren los actos de la Policía (…) la Legislatura uruguaya debe rechazar el Artículo 11 de la Ley de Urgente Consideración y reforzar la posición de Uruguay como una democracia sólida y madura que constantemente respeta las normas de libertad de prensa en la región declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) aún espera respuesta del gobierno a una misiva enviada por correo electrónico al Parlamento y al partido Nacional, hace varios días.
La misiva en cuestión, pretende que los destinatarios conozcan la posición del Comité y en consecuencia, aporten una respuesta a las preocupaciones expresadas respecto a los efectos negativos del artículo 11 de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
De acuerdo al texto del proyecto de Ley, el Artículo 11 propone establecer sanciones penales para todo aquel que “menosprecie”, “agravie”, “menoscabe” o “insulte” a un funcionario policial, y propone se disponga una pena de 3 a 12 meses de prisión para la persona que resulte condenada por este delito.
