Perú y el problema de una policía prisionera del caótico escenario político

Luego de una breve descripción del escenario previo a las masivas protestas en la ciudad de Lima que culminaron con acciones de represión, heridos y dos jóvenes muertos, la periodista señala:

“La demanda de un órgano policial que no esté tomado por los vaivenes de la caótica política peruana ni por la violencia se ha vuelto un clamor urgente (…) la gente exige que se garantice su seguridad y el respeto por los derechos humanos para poder ejercer la lucha libremente y refundar el país”.

Con respecto al gobierno de transición de Francisco Sagasti, quien asumiera el cargo “tras las protestas callejeras y una serie de negociaciones con el desacreditado Congreso”, nos dice que, “comenzó con señales preocupantes” y agrega, “la nueva primera ministra, Violeta Bermudez, dio un sorprendente respaldo al trabajo de la policía al asegurar que la violencia se trataba de casos aislados”.

Posición que recuerda fuera asumida, apenas pasadas unas horas por el nuevo mandatario.

“Solo ante la creciente presión social y la amenaza de nuevas protestas, Sagasti anunció el cese del comandante general de la policía peruana, así como la creación de una Comisión de Bases que recomiende acciones para “modernizar y fortalecer” la institución y el pase a retiro de más de una decena de generales” señala, desmontando así la supuesta legitimidad presidencial como expresión de una vocación de reforma democrática de la policía.

“El presidente parecería tender hacia una incipiente reforma, pero hay razones para estar inquietos. La nueva presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y la congresista Rocío Silva Santisteban, han propuesto un proyecto de ley de Protección Policial para evitar la imputabilidad de policías en casos de uso abusivo de la fuerza. Parece obvio decirlo, pero un ciudadano que se expresa no puede ser tratado como un criminal”.

Al repasar lo acontecido en Estados Unidos y Chile, respecto a las actuaciones policiales que derivaran en asesinatos y represiones masivas, en el caso chileno, la periodista enfatiza “En Perú, la brutal represión de las pasadas semanas ha dejado más que en claro que la reforma no solo es imprescindible sino urgente. Y no solo eso: también ha revelado que necesitamos un nuevo pacto social que encamine al país hacia una democracia real”.

La nota periodística recuerda y describe los datos que maneja la Defensoría del Pueblo, donde “se constata el uso excesivo de la fuerza (…) indican los reportes (que), la policía disparó perdigones directamente sobre el cuerpo y a distancias cortas, lo que provocó, además de las dos muertes, decenas de heridos”.

Y añade en su descripción del “modus operandi” policial “para los operativos más agresivos se usó a las ternas, grupos de tres policías infiltrados sin uniforme ni identificación que trabajan desde 2012 en las calles”.

Son justamente a estas ternas a quienes se “les imputa detenciones arbitrarias, incitación a la violencia y hasta sembrado de pruebas”.

De todos los datos y denuncias existentes, continúa señalando la periodista, “quizás lo más siniestro fueron las denuncias de jóvenes que no retornaban a su domicilio” (…) la Defensoría y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emprendieron la búsqueda conjunta de cerca de 40 personas, para lo que fue imprescindible la colaboración de grupos autónomos de estudiantes que llevaban sus propios registros. Los jóvenes desaparecidos regresaron a sus casas, pero se registraron casos que revelan un comportamiento sistemático en los agentes. Dos ejemplos: Luis Fernando Araujo asegura haber sido torturado y retenido en un lugar no oficial, lo que podría constituir delito de secuestro; y una mujer denunció haber sido abusada sexualmente por la policía durante su detención”.

Aunque existen investigaciones en marcha sobre estos sucesos, alerta: “Debemos permanecer atentos a que se investiguen y esclarezcan los asesinatos y estos casos de abuso. Pero hay más por hacer. La protección contra quienes disienten debe ser una prioridad en Perú”.

Para Wiener, las expresiones y las acciones represivas de la policía, “no puede explicase solo por el levantamiento de unos golpistas, es más bien la culminación de un plan de Estado que viene de muy atrás para acallar cualquier tipo de protesta que amenace el “proyecto de país”, es decir, el del relato del crecimiento económico a toda costa, y para el que la policía ha sido una herramienta primordial”.

Y concluye afirmando: “El Perú no acaba de despertar, como se piensa, en realidad una buena parte de este país lleva tiempo despierto, movilizándose, defendiéndose de la violencia de Estado durante gobiernos democráticamente elegidos y pidiendo ser escuchados. Sagasti debe saber que este no es momento de hacer política de “gestos” solo para aplacar el descontento popular”.