El fiscal de Derechos Humanos, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento con prisión de cuatro militares retirados por el homicidio por torturas de Oscar Fernández Mendieta, ocurrido el 24 de mayo de 1973.
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Según indica la página web de la Fiscalía General de la Nación a Daniel Blanco y Gustavo Mieres, les imputó la autoría de un delito “muy especialmente agravado”. Lo mismo le tipificó a Alberto Ballestrino, a quien le agregó abuso de autoridad. Para el restante, Líber Molinelli, solicitó procesamiento fue por coautoría de homicidio más dos delitos de privación de libertad y dos de abuso de autoridad.
Fernández Mendieta era un trabajador rural de 26 años que fue detenido por oficiales del Regimiento de Caballería Blindada Nº 2 de Durazno, poco más de un mes antes de la disolución de las Cámaras y el Golpe de Estado. Mieres y Ballestrino lo detuvieron, bajo órdenes de Molinelli.
La detención se realizó sin orden ni prueba de que hubiera participado en un ilícito ni atrapado in fraganti.
Mendieta era militante del Partido Comunista Revolucionarios (PCR), llevaba tres meses de casado y su esposa estaba embarazada de dos meses. Agrega el pedido del fiscal, que está probado que la tortura era una práctica frecuente en esa unidad. Esa misma suerte corrió el detenido el mismo día de su captura. Pese a que el parte médico oficial (militar) señalaba que la causa de defunción fue un infarto al miocardio, un análisis particular convocado por la familia indicaba que era una persona demasiado joven y sana para ese diagnóstico.
El cuerpo presentaba lesiones “provocados, no autoinferidas” y quemaduras de cigarrillos en la frente. Lo que más llamó la atención a un médico que tuvo contacto con el cadáver, fue que pese a que tenía un “gran hematoma” en el cráneo, lo que podría haber sido la causa de la muerte, este no había sido revisado.
Blanco, Ballestrino y Mieres fueron los autores de la golpiza que acabó con la vida de ese joven en un cuartel de Durazno.