El gobierno uruguayo emitió un comunicado en el que informó las medidas adoptadas por la Corte de Apelaciones de Italia que condenó a Jore Tróccoli a cadena perpetua por los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor.
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De acuerdo al documento, la Corte ordenó la confiscación del pasaporte de Tróccoli y le prohibió salir del país.
Además, la Justicia italiana informó al secretario de Presidencia de la República, Miguel Áńgel Toma, que «La actuación de los Carabineros en seguimiento de la orden procesal garantiza que el condenado permanezca en territorio italiano hasta que se consolide su prisión efectiva».
Por su parte Presidencia, indica en su página web que las pruebas aportadas por Uruguay al proceso consagran la investigación de la Fiscalía de la República en Roma, por otros crímenes de lesa humanidad cometidos por Tróccoli en 1976 y 1977 en Uruguay.
Se trata:
A) Del secuestro, homicidio y desaparición de la maestra Elena Quinteros, ciudadana uruguaya, secuestrada en la Embajada venezolana de Montevideo, el 28 de junio de 1976, donde buscaba amparo.
B) Del secuestro y homicidio de la ciudadana Rafaela Filipazzi Rossini, nacida en la ciudad de Brescia, secuestrada junto a su esposo, José Agustín Potenza, el 27 de mayo de 1977 en el hotel Hermitage de Montevideo, y cuyos restos óseos han sido hallados en Asunción (Paraguay).
Según la misiva recibida por el Secretario de la Presidencia, las dos nuevas investigaciones son fruto de la labor de búsqueda desarrollada en Uruguay en 2018, y de las nuevas y relevantes pruebas halladas.