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Jugando con cartas vistas

Plenario Nacional del FA decide la suerte del vicepresidente

Mañana sábado, el Plenario Nacional del FA deberá adoptar posición sobre el informe del Tribunal de Conducta Política (TCP) acerca del uso de la tarjeta corporativa de Ancap por el vicepresidente Raúl Sendic, en la que tal vez sea una de las instancias más complejas por las que ha atravesado la coalición desde que llegó al gobierno

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“Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie” (Mateo 12.25)   La sentencia bíblica es perfectamente aplicable a la crisis por la que atraviesa hoy el Frente Amplio (FA). Mientras en la región la restauración avanza con pasos de gigante, Uruguay sigue manteniendo intocadas las conquistas laborales de la última década, el equilibrio institucional, el sostenido incremento del salario real, las mejoras en el sistema de salud y otras variables que están siendo afectadas en su entorno, crece una situación de incertidumbre y de insatisfacción que se remiten a un solo nombre: el vicepresidente Raúl Sendic.   El irresistible ascenso de Sendic La figura de Sendic no amerita esa sensación de alarma. Como vicepresidente es una personalidad poco más que decorativa. En el caso más que improbable de una sucesión presidencial, no tiene rasgos que permitan avizorar un cambio dramático en el rumbo económico o en el talante político del gobierno. No proyecta -a vía de ejemplo- la inquietud que podría generar Jorge Pacheco Areco, devenido en autócrata ante la inesperada muerte del general Óscar Gestido, o la de Luis Batlle Berres ante la desaparición de Tomás Berreta. Pero a falta de otros atributos, reviste la categoría de símbolo, por la mera razón de ser portador de un apellido glorioso. Controvertido o no, pero indudablemente respetado y admirado. Sendic hijo no tiene los atributos que caracterizaron a su padre. Tal vez el hecho de no ser precisamente un rapsoda lo iguale en algo a su progenitor, que pese a ser preciso, conciso y claro expositor, no era precisamente un orador destacado (a diferencia de otras figuras míticas, como por ejemplo, Zelmar Michelini). La fama de Raúl Fernando Sendic no emergió de un olvidado rincón del norte uruguayo, en el que el viejo Bebe se transformó en emblema de los más infelices y postergados entre nuestros compatriotas. Fue otro su derrotero. Sin mayores conocimientos técnicos ni trayectoria política, integró el Directorio de Ancap durante el primer gobierno del FA, para ser designado presidente del ente en 2008. En agosto de 2009 daría un nuevo paso en su meteórica carrera, al ser designado Ministro de Industria, Energía y Minería durante el gobierno de José Mujica. Sin que nadie se refiriera a él en tales términos, se transformó en el paradigma de la tan ansiada renovación que esperaba la militancia de la coalición de izquierdas. Tanta certidumbre existía al respecto, que ya en 2011, cuando aún no promediaba el gobierno de José Mujica, Tabaré Vázquez lo mencionó como probable compañero de fórmula si accedía a la candidatura por el FA, lo que se daba por descontado. Entre 2012 y 2013 emprendió la tarea de formar su propia organización política, la lista 711, que atrajo inmediatamente a parte de la militancia que orbitaba en torno a otras organizaciones de izquierda y a militantes independientes. En junio de 2014, Raúl Fernando Sendic y su nueva agrupación se transformaron en la lista más votada en 11 de los 19 departamentos de Uruguay en las internas del FA. El acceso a la vicepresidencia de Raúl Sendic, flanqueando a Tabaré Vázquez, ya no se podía comprender en términos de arquitectura política, sino del respaldo político que tenía su lista, que en las elecciones nacionales obtuvo dos escaños en el Senado: el propio Sendic y el exdirector de Alcoholes del Uruguay (ALUR), Leonardo de León. De esa manera, no tuvo nada de sorpresivo que Raúl Sendic fuera ungido, el 1º de marzo de 2015. como vicepresidente de la República Oriental del Uruguay. Nadie podía imaginar por entonces que comenzaría la cuenta regresiva.   Números rojos La misma comenzó el año de la asunción de Sendic como vicepresidente, al hacerse públicos los números en rojo de Ancap. Hasta ese momento, las realizaciones del ente habían sido ampliamente promocionadas, celebrándose, por ejemplo, la inauguración de la planta desulfurizadora o la construcción de las plantas de biodiesel y bioetanol del complejo de ALUR, pero el viento en contra no tardó en llegar al conocerse los números en rojo arrojados por la gestión. De acuerdo a los balances realizados, el déficit de Ancap en el período superó los US$ 600 millones, mientras la proyección para 2016 acumulaba otros US$ 200 millones. Para la oposición, esto no sólo se debió a una mala gestión, sino a diversas irregularidades y a presuntas ilicitudes. Entre los argumentos que se esgrimieron, se cuentan los sobreprecios erogados en algunas grandes obras, las pérdidas que arrojó el negocio de la cal, los exagerados costos que insumió la puesta en funcionamiento de ALUR, inversiones que superaron las previsiones, importaciones de petróleo sin registro, los US$ 340.000 que el ente pagó por la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora, los millones de dólares pagados por el alquiler de remolcadores, al tiempo que permanecía inactivo el remolcador que el ente mandó a hacer a la Armada. El volumen y la diversidad de las denuncias apuntaba directamente a Raúl Fernando Sendic y llevó, en agosto de 2015, a la constitución de una comisión investigadora en la cámara alta, en cuya composición se contaban cuatro miembros del oficialismo y tres de la oposición. En diciembre de 2015, antes de que la misma expusiera sus resultados, el Partido Nacional anunció que pasaría a la Justicia algunas de las conclusiones de la investigadora, en la medida que existía presunción de delito. El principal descargo que realizó Sendic fue que las pérdidas se originaron por la evolución del tipo de cambio y el no traslado a los costos de los combustibles del incremento de los precios. El motivo sería la negativa a hacerlo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para no alterar la pauta inflacionaria. Este extremo fue negado en el Parlamento por Fernando Lorenzo y Mario Bergara, quienes afirmaron que toda la responsabilidad le correspondía a Ancap, en tanto se realizaron inversiones y se incrementaron costos sin el aval del Ministerio de Economía. Las afirmaciones de los jerarcas del MEF provocaron la respuesta del expresidente Mujica, quién preguntó por qué razón recién ahora se enteraba que no se le reconocieron a Ancap costos por US$ 800 millones y por qué, en el ámbito del Consejo de Ministros, no se plantearon las discrepancias del equipo de Economía con el manejo del ente petrolero. A partir de allí, el déficit de Ancap fue capitalizado, pero la crisis en torno a la gestión de Ancap se internalizó en el oficialismo.   El acoso La batería de argumentos contra la gestión de Sendic por parte de la oposición política, se amortiguó luego de promover la investigadora y remitirse a la Justicia en los casos en los que advertía ilicitudes. A partir de entonces y hasta el presente, la ofensiva fue de carácter mediático. Había comenzado con las dudas sobre la orientación sexual del presidente, expresadas en su presencia en un programa televisivo y continuó con las denuncias realizadas sobre su usurpación del título de licenciado y acerca del uso de la tarjeta corporativa de Ancap para adquirir bienes personales. Ambas denuncias no fueron desmentidas. Sería inútil discutir acerca de cómo se condujo el vicepresidente en sus manifestaciones públicas al respecto. En ninguno de los dos casos reseñados (el anterior fue una simple canallada) Sendic pudo acreditar la existencia del título, ni el no haber usado la tarjeta corporativa para fines para los que no estaba destinada. Es más, la defensa que ensayó en ambos casos tuvieron peores consecuencias de las que habría comportado un sinceramiento. A partir de entonces, y durante todo el año en curso, los principales medios de prensa desataron una campaña de descalificación contra la figura del vicepresidente con escasos antecedentes. Tanto fue así, que el pasado 4 de julio, el presidente Tabaré Vázquez, habitualmente parco en comentarios de esa índole, manifestó sobre el tema: “Es el bullying más fantástico que he visto en mi vida”. Si bien la apelación al término no sea exacta en términos literales, lo es como metáfora. A Sendic lo estaban matando. Pocos días antes, el propio vicepresidente se puso a disposición del Tribunal de Conducta Política (TCP) para que considerara su caso. El dictamen del organismo, fue entregado el 1º de agosto al presidente de la coalición, Javier Miranda. Sin embargo, pese al carácter reservado del informe, el 13 de julio el semanario Búsqueda ya había publicado algunos de los términos de la resolución. El principal de ellos, la consideración de que Sendic tuvo “conductas desviadas” al usar la tarjeta corporativa para fines que le eran ajenos. Si algún ingrediente de contaminación le faltaba al affaire Sendic, se agregó la publicidad dada a una resolución que debía haber sido mantenida en total hermetismo.   El Plenario Nacional en la encrucijada En una nueva vuelta de tuerca, el 9 de setiembre se reunirá el Plenario Nacional del FA. Tratará varios temas, pero el que acapara la atención es el referido al fallo del TCP acerca de la conducta de Raúl Sendic. En su composición, el Plenario Nacional consta de 175 integrantes. Ellos son los vicepresidentes, 85 representantes de los sectores políticos y 85 de las bases. Para adoptar una posición, ya sea de censura o de respaldo, el organismo debe contar con los 4/5 de sus integrantes. Si se considera la correlación de fuerzas existentes en lo previo, es poco imaginable una moción de censura, aunque sí una de respaldo condicionado, que debería surgir de negociaciones previas. La Mesa Política del FA, pese a la oposición de algunos sectores, determinó que el fallo del TCP se conociera el 4 de setiembre. Su contenido, en términos generales, ya es ampliamente conocido, por lo que se jugará con las cartas a la vista. En el caso de que se salga de esa instancia sin resolución, de acuerdo al artículo 11 del estatuto de la coalición, de contarse con 2/5 partes del Plenario, se podrá convocar un plebiscito interno, que debe realizarse en un plazo mínimo de 45 días y máximo de 120. Para que el mismo tenga validez, deberá participar el 35% de los adherentes que votaron en la elección interna de 2016, que en esa oportunidad fueron 94.318. Esta opción ya está siendo manejada públicamente por varios grupos, principalmente por la lista 52 (Grupo País), que apoyó a la lista 711 en las últimas elecciones nacionales. Así planteadas las cosas, el panorama que enfrenta la coalición de gobierno es –al menos- preocupante. Si Sendic es censurado por el TCP pero no por el Plenario, le asiste el derecho a no renunciar a su investidura, no sólo porque las resoluciones del organismo no son vinculantes, sino también porque han trascendido públicamente cuando debían haberse mantenido en reserva. Pero sobre todo porque se está a la espera de un dictamen de la Justicia sobre el caso Ancap, instancia sobre la que no correspondería apelación. Si Sendic renuncia sin que el Plenario se lo exija, estaría acatando el grito de la tribuna, pero, sobre todo, estaría alterando la correlación de fuerzas dentro del FA. Por añadidura, esto podría interpretarse como una peculiar suerte de “golpe de Estado técnico”, que sentaría jurisprudencia en un tema ya de por sí muy delicado. Yendo un paso más allá, si existiera ambiente propicio para convocar un plebiscito que resuelva la suerte del vicepresidente, se incursionaría en una confrontación interna a nivel público de consecuencias imprevisibles. Pero al margen de estas eventualidades, no es sólo contaminación lo que se percibe (títulos inexistentes, gastos exiguos que ocupan primeras planas, filtraciones de fallos supuestamente confidenciales), sino degradación, esto dicho en el sentido más literal del término. Lo que comenzó siendo una polémica sobre la gestión del Estado, sobre la autonomía de los entes respecto al área económica, a las inversiones en el sector petrolero, a los resultados de un proceso que nos incumbe a todos, y que, entre otras cosas, resultó muy oneroso para las finanzas públicas, terminó degradado a la consideración de un presunto título no validado o al uso de una tarjeta corporativa. Y eso es algo que no convoca precisamente al optimismo.

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