La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició este martes el proceso de adaptación de su estructura a las disposiciones del Código del Proceso Penal, que comenzará a regir el próximo 1º de noviembre. Por medio de la Acordada nº 7921, firmada el 14 de setiembre, la Corte dispuso la supresión de cuatro Juzgados Penales de Montevideo (1º Turno, 2º Turno, 7º Turno y 8º Turno) y la remisión de todos los expedientes en trámite en esas sedes a los nuevos Juzgados Penales de 22º Turno y de 23º Turno.
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La entrada en vigencia del futuro CPP, que consagra un sistema acusatorio, oral y público, en el cual los fiscales estarán a cargo de la investigación de los ilícitos penales, implicará un cambio sustancial en el actual sistema de justicia. Para cumplir con la demanda de trabajo, la Corte definió la creación de nueve Juzgados Penales en Montevideo y de 28 Juzgados en el interior. Sin embargo, también se requería una modificación de competencias.
Semanas atrás, el presidente de la Suprema Corte, Jorge Chediak, y otros integrantes del Poder Judicial (entre ellos, la ministra Graciela Gatti, encargada de la implementación del futuro CPP en el Poder Judicial) comparecieron ante el Parlamento para brindar detalles sobre algunos aspectos de la reforma. Allí plantearon que se aprueba una norma que habilite la separación de procesos por parte de la Corte. Esto es que algunos Juzgados continúen con la tramitación de los procesos del actual CPP -iniciados hasta el 31 de octubre de 2017- y otros asuman competencia en las causas que se inicien a partir del 1º de noviembre.
Para esto, el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación deben disponer una estructura que atienda los procesos iniciados bajo el actual sistema inquisitivo y los iniciados por el sistema acusatorio. En este contexto, ante los legisladores, Chediak dijo que en Montevideo, que tiene la mitad de los asuntos del país, “necesariamente tendrá 8 jueces que se quedarán exclusivamente con los procesos viejos, y el resto –creo que 16 más 4 o 5 jueces de Ejecución– comenzará desde cero” con el nuevo CPP.
“La idea de la Suprema Corte de Justicia –igual que pasó a partir de 1989– es que cuando los procesos por el Código Procesal Penal 1980 vayan terminando, ir pasando esos jueces de las viejas causas –seguramente, de a dos– a revistar en el nuevo proceso. Para eso la Suprema Corte de Justicia tiene las potestades y lo que hay que tener es la norma legal que permita establecer jueces del viejo código y jueces del nuevo código, lo que también hemos planteado”, señaló Chediak.
En el interior, sin embargo, la situación será otra. “En el interior de la república, lamentablemente, dado el número de casos y jueces, ambas modalidades procesales van a coexistir en los mismos juzgados”, afirmó Chediak ante los legisladores.
Inicio de la reestructura
La Acordada Nº 7921 dispone un cronograma de supresión gradual de los Juzgados Penales de 1º Turno a 20º Turno, y la creación de los Juzgados Penales de 22º Turno a 29º Turno. Estos ocho Juzgados creados serán los “Juzgados Penales CPP 1980”, es decir, los que intervendrán en los expedientes iniciados hasta el 31 de octubre de 2017, explicó Chediak en diálogo con Caras y Caretas Portal.
El presidente de la Corte señaló que la elaboración de la acordada demandó “una arquitectura compleja”, ya que para la supresión de los Juzgados se requería terminar con todos los procesos en trámite iniciados durante el último turno Penal, al tiempo que se debía “armonizar” el tiempo entre la necesidad del cronograma y la mudanza de estas sedes, al nuevo edificio de Avenida Uruguay en el cual funcionarán los Juzgados del CPP 1980.
Por este motivo, el cronograma se inició con la supresión de los Juzgados Penales de 1º Turno, 2º Turno, 7º Turno y 8º Turno (que estuvieron de turno la última semana) y la remisión de todos los expedientes en trámite a los Juzgados de 22º Turno y 23º Turno. Esta decisión implicó el movimiento de varios magistrados.
En efecto, las juezas Marcela Vargas (2º Turno) y Graciela Eustachio (8º Turno) fueron designadas -temporalmente- a la Oficina Penal Centralizada (OPEC), una unidad creada para brindar el soporte administrativo y técnico para el funcionamiento de los 16 Juzgados Penales que trabajarán con la nueva normativa procesal. El 1º de noviembre ambas asumirán uno de estos Juzgados.
Por su parte, las juezas Adriana De los Santos (7º Turno) y Patricia Alejandra Rodríguez (1º Turno) fueron designadas como juezas Penal de 10º Turno y de 14º Turno, en vía de traslado. Ambas juezas tendrán a su cargo los expedientes en trámite en estas sedes hasta que se proceda a la supresión de las mismas.
En tanto, los jueces Néstor Valetti (14º Turno) y Dolores Sánchez (10ª Turno) asumirán funciones en los Juzgados Penales de 22º Turno y 23º Turno, respectivamente. De esta forma, la Corte definió que Valetti y Sánchez sean dos de los magistrados que quedarán a cargo de los procesos tramitados con el CPP 1980, hasta que los mismos se cierren definitivamente. Los seis magistrados ya juraron en sus nuevos cargos.
Este proceso continuará en forma sucesiva, siguiendo un orden preestablecido. El 10 de octubre, se suprimirán los Juzgados Penales de 3º Turno, 9º Turno, 13º Turno y 14º Turno, cuyos actividad será asumida por los Juzgados Penales de 24º Turno y 25º Turno. El 18 de octubre, se suprimirán los Juzgados Penales de 4º Turno, 5º Turno, 10º Turno y 11º Turno y se dispondrá la creación de los Juzgados Penales de 26º Turno y 27ª Turno, que asumirán competencias en los expedientes en trámite en aquellas Sedes.
El 24 de octubre, se suprimirán los Juzgados Penales de 6º Turno, 12º Turno, 15º Turno y 16º Turno, cuyos expedientes serán remitidos a los Juzgados Penales de 28º Turno y 29º Turno, creados a partir de ese día. Por último, el 1º de noviembre, la Corte suprimirá los Juzgados Penales de 17º Turno, 18º Turno, 18º Turno y 20º Turno, cuyos expedientes se redistribuirán, en forma aleatoria, entre los ocho Juzgados que permanecerán con el CPP 1980. En cada caso, la Corte volverá a efectuar un movimiento similar de designación y jura de magistrados. La Acordada no establece el sistema en relación a los Juzgados Especializados en Crimen Organizado.
La definición de los jueces que tramitarán los procesos del CPP 1980 y aquellos que asumirán el trabajo del CPP 2017 se realizó tras una consulta sobre preferencias que la Corte realizó entre todos los magistrados con competencia en materia Penal. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, de los 24 jueces con competencia penal en Montevideo (Penal, Especializados en Crimen Organizado y de Ejecucicón) quince optaron por trabajar en el sistema acusatorio, oral y público. En tanto, de los 39 jueces con competencia Penal en el interior, 25 se pronunciaron por trabajar con el futuro CPP.